Echániz sostiene que 1.000 empleos dependen de la licencia del nuevo Hospital
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, continúa con su estrategia de cargar las tintas contra el Ayuntamiento de Toledo a cuenta del nuevo Hospital de la ciudad. Hoy ha hablado de la “preocupación” que hay entre las empresas que se ocupan de la obra puesto que, según ha dicho, ya tenían que haber contratado alrededor de 1.000 personas y eso supone una “pérdida de oportunidades laborales”. Un dato curioso hablar de tal número de contrataciones si se tiene en cuenta que aún está pendiente el contrato con la empresa que debe hacer el seguimiento técnico, y que está recurrido en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC). El propio gerente del SESCAM, Luis Carretero, reconoció en su momento que eran varias las empresas que habían presentado recurso de contratación, por lo que había que esperar a la resolución.
Además, tampoco hay proyecto de ejecución de la obra porque la actual Unión Temporal de Empresas (UTE) lo está redactando. Mientras no exista ese proyecto, el grueso de la obra no puede empezar, sino tan solo los derribos y el acondicionamiento de la caseta de obra. Con todo ello, según fuentes cercanas a la obra pública, los 1.000 empleos a los que hace referencia no están confirmados y no serían ni en este momento ni en el total de plazo de la obra.
Echániz resta importancia a estas consideraciones y sigue insistiendo en la licencia municipal de inicio de obras como la principal traba para este proyecto y lo personaliza en el alcalde, Emiliano García-Page. Es más, ha afirmado que si no concede esa licencia, la Consejería se planteará “cuestiones de carácter judicial”, y añade que “no hay derecho a que se utilice electoralmente la paralización de una obra que se tenía que haber puesto en marcha hace dos meses”.
Como viene siendo habitual, lo que Echániz no ha mencionado es que fue el Gobierno de María Dolores de Cospedal el que decidió en enero de 2012 rescindir el contrato de la antigua Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Acciona, Ferrovial y Contratas la Mancha, que llevaba trabajando desde 2006 en la construcción del centro. Y aunque el nuevo contrato se escenificó el pasado 10 de marzo, harían falta unos 18 meses para finalizar las obras, desde el momento en que la licencia municipal se concrete.
Sin embargo, junto con varios alcaldes de la provincia, en un acto cuya foto ha tenido que ser desplazada de sitio por orden de la Junta Electoral de Zona, Echániz ha reiterado tal petición y sigue argumentando que “no hay justificación para que la licencia no esté”, al tiempo que quita credibilidad a que el Ayuntamiento de Toledo achaque su rechazo a “anomalías” cuando detrás hay “una clara intencionalidad política”.
El caso es que tales irregularidades existen, y que los servicios técnicos del Ayuntamiento están trabajando en la tramitación de la licencia solicitada, un proceso en el que se han detectado “varias anomalías” y que se lleva a cabo en el marco jurídico que ofrece el Plan de Ordenación Municipal (POM). El portavoz del Gobierno municipal, Rafael Perezagua, y el concejal de Urbanismo, Javier Nicolás, han explicado que la mera solicitud de la licencia y la tramitación de la misma confirma que el Plan de Ordenación Municipal (POM) está vigente y sigue siendo, mientras se resuelva el recurso planteado en el Tribunal Constitucional, el marco jurídico y urbanístico que rige todo el proceso administrativo.
Marco del POM y anomalías en la petición de licencia
Según Perezagua, el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, “debe reconocer que el camino que pretendía el PP (la anulación del POM) es un error” ya que no se podría tramitar la licencia en las condiciones actuales y, además, tendrían que recoger en el proyecto la construcción de un túnel de acceso a las urgencias, infraestructura que no está en la documentación presentada.
Por su parte, el concejal de Urbanismo ha señalado las anomalías detectadas por los técnicos en el expediente presentado por los responsables del proyecto, precisando como aspecto genérico la utilización de manera indistinta como marco legal del POM o el Plan Especial del Hospital (en vigor en el año 2007, previo a la aprobación del POM) en función del desarrollo del proyecto, en lugar de emplear un solo criterio.
Tampoco se ha remitido un estudio de movilidad ni se ofrecen propuestas sobre la ordenación tráfico, a pesar de que en reuniones previas, antes de la paralización de las obras, se trató este asunto y de la necesidad de ofrecer una solución para evitar problemas en la circulación. Otras anomalías detectadas son la falta de solución a espacios aparentemente sin uso pero donde desembocan salidas de emergencia, la ausencia de señalización sobre la circulación en el interior de un recinto que tendrá 7.000 plazas de aparcamiento y las dudas sobre la validez del helipuerto que se consigna.
El Ayuntamiento ha agrupado en un solo expediente las tres licencias solicitadas (para una caseta de obra, de derribo y la del proyecto básico) para facilitar la tramitación, y ha informado de que, en cualquier caso, la concesión de la licencia no supondrá el inicio de las obras ya que los trabajos comenzarán cuando esté aprobado el proyecto de ejecución, que todavía no se ha presentado.
