Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
Puigdemont estira la cuerda pero no rompe con Sánchez
El impacto del cambio de régimen en Siria respaldado por EEUU, Israel y Turquía
OPINIÓN | 'Pesimismo y capitalismo', por Enric González

La fiscalía pide más de 9 años de cárcel para la funcionaria implicada en el Caso Guateque

Los portavoces Antonio Martínez (PSOE) y Victoria Delicado (Izquierda Unida)

Lourdes Cifuentes

La Fiscalía de Madrid ha formulado ya su escrito de acusación contra 34 personas, dentro de los que se encuentran 19 funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, para su condena a prisión por el caso Guateque, que se remonta a noviembre de 2007. En la operación se encuentra implicada una funcionaria del Ayuntamiento de Albacete, Carmen Eulalia Fernández, quien ostentaba entonces un cargo de personal de confianza de Ana Botella dentro de la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid.

La funcionaria ha sido recientemente nombrada Jefa de Servicio de la Gerencia de Urbanismo de la ciudad de Albacete. Ante la acusación formal de la Fiscalía de Madrid, que le pide 9 años y medio de cárcel, el PSOE reitera la petición que ha hecho en varias ocasiones junto con Izquierda Unida y solicita al equipo de Gobierno de Carmen Bayod que destituya de su cargo de Jefa de Servicio de la Gerencia de Urbanismo de Albacete a la funcionaria imputada por el caso Guateque y la devuelva a las funciones que su plaza requiere.

Tal y como relata el escrito de la Fiscalía, se distinguen hasta 7 tramas de tráfico ilícito de soborno de funcionarios que utilizaban sus cargos públicos para lucrarse. Sería en la rama quinta, en evaluación ambiental, donde aparece esta funcionaria quien, presuntamente, firmaba proyectos en los que se requería un informe ambiental, obviando los requerimientos legales, en contra de la opinión técnica. Se reportan así casos de clínicas dentales, bares farmacias, ludotecas infantiles, guarderías y tiendas de alimentación, que, si bien no se ha probado que recibieran dinero público, se consideran dentro del espectro de la prevaricación.

El Fiscal concluye que entre los 34 acusados se reparten un total de 250 años de petición de cárcel por los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico influencias y falsificación de documentos.

La decisión de apuntar a la funcionaria fue duramente criticada por el Partido Socialista e Izquierda Unida, que lo calificaron como un error de “torpeza política”, sobre todo al considerar que el área de Urbanismo es precisamente el área en la que trabajaba la concejala en el momento de abrirse el caso Guateque. Por su parte el Partido Popular de Albacete señaló que durante su trabajo en el Ayuntamiento de la localidad no ha recibido ninguna crítica por su desarrollo laboral.

Etiquetas
stats