La Fiscalía de Guadalajara dicta apertura de juicio contra el alcalde de Fontanar por presunta malversación

El Ministerio Fiscal solicita solicita cuatro años de prisión y nueve de inhabilitación para el alcalde de Fontanar (Guadalajara), Víctor San Vidal Martínez, en un auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara donde se decreta la apertura de juicio oral, ante la Audiencia Provincial.

En el auto de la Fiscalía, con fecha 9 de noviembre, al que ha tenido acceso elDiarioclm.es se acusa al alcalde y también a Amelia Jiménez, “en calidad de cooperadora necesaria”, así como a la entidad WTL Soluciones Integrales S.L., “en calidad de responsable civil subsidiaria”, de un presunto delito de prevaricación administrativa con malversación de caudales públicos.

Subsidiariamente, en el mismo escrito, y en caso de no acreditarse la malversación, la Fiscalía sostiene que los hechos serían constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa con fraude a la Administración pública.

En el auto se acuerda, además, el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto al investigado Mikel Cid Jiménez, hijo de la acusada.

En concepto de responsabilidad civil, los acusados, habrán de indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Fontanar con 24.533,59 euros. De esa cantidad será responsable civil subsidiaria la entidad WTL Soluciones Integrales S.L.

La Fiscalía ha requerido también a los acusados y responsables directos y/o subsidiarios que presten una fianza “conjunta y solidariamente” que asciende a 32.629,59 euros “para asegurar las responsabilidades pecuniarias” y con apercibimiento de embargo, en caso de no hacerlo.

El auto no abre la vía al recurso, a excepción de “lo relativo a la situación personal del acusado, en que cabe recurso de reforma”.

El inicio de esta investigación se remonta a noviembre de 2018, cuando dos concejales de Unidas por Fontanar (formación antes denominada ‘Ahora Fontanar’), interpusieron una denuncia contra el alcalde por la adjudicación y ejecución de las obras del Sector 4. Este contrato, aseguraba la formación, “se adjudicó a una empresa que no existía, sin experiencia en obras de urbanización y cuya administradora única es la madre del jefe de Protección Civil y amigo íntimo del alcalde”.

La petición de penas se fundamenta, según la formación política, en todas las diligencias de investigación llevadas a cabo por el juzgado, declaraciones de las personas imputadas, de testigos, numerosos documentos, facturas etc.., y un informe pericial que recoge las actuaciones que figuraban en el proyecto municipal, y que no han sido ejecutadas y sin embargo sí han sido abonadas por el Ayuntamiento y cobradas por la empresa adjudicataria.

Unidas por Fontanar recuerda en un comunicado que “este procedimiento no es el único al que se enfrenta Víctor San Vidal” y que fue detenido en una intervención de la Guardia Civil en el ayuntamiento en julio de 2019, acusado de presuntos delitos de malversación, falsificación de documento público y otros “relacionados con la corrupción”. Un procedimiento que, recuerdan, “continúa en fase de investigación”.