El Gobierno central endosa el problema de los desalojados de 'El Cavero' a la Junta
El asentamiento ilegal ‘El Cavero’ de la localidad toledana de Olías del Rey en los que actualmente viven más de cuarenta familias de etnia gitana, entre ellos numerosos niños, será desalojado el próximo 29 de julio. La situación de estas familias se ha ido agravando desde que el Juzgado número 6 de Toledo ordenase el desalojo de los terrenos, debido al peligro que implica vivir en estas fincas.
A pesar de que las fincas pertenecen a la Tesorería de la Seguridad Social, que se ha limitado a actuar como propietaria de los terrenos y no ha ofrecido más soluciones que el desalojo de las familias, el Gobierno nacional ha pedido esta semana a la Junta de Comunidades que procedan a un realojo “de una manera digna” de todas las familias. Además, ha señalado que se debe llevar a cabo lo “antes posible”, debido a la cercanía del desalojo y ha afirmado que el Gobierno regional tiene viviendas sociales disponibles.
Desde el anuncio de desalojo, instado por la Tesorería de la Seguridad Social, el asentamiento ha sufrido cinco incendios, todos en menos de un mes, a todas luces con origen intencionado. De hecho, los habitantes de ‘El Cavero’ exigían en sus declaraciones a los medios o dinero, o por lo menos una vivienda. El alcalde de la localidad de Olías del Rey envió cartas al organismo del Gobierno central para exigir una solución a la situación de las familias y por ser interés de todos los habitantes de la localidad.
Por su parte, la Junta de Comunidades ha emplazado a tener un encuentro “urgente” con la Tesorería General de la Seguridad Social como propietaria de la finca, para buscar una solución al desalojo de las más de cuarenta familias de forma “consensuada, coordinada, integral y sostenible”. Junto al Gobierno regional han participado también representantes de partidos políticos del PSOE, PP, IU y Podemos, que junto a otros agentes sociales han acordado buscar soluciones conjuntas.
Jose García Molina, secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, ha lamentado la falta de “voluntad política necesaria” por parte de la Tesorería de la Seguridad Social para solucionar el problema de las cerca de 150 personas del asentamiento. “Tengo la sensación de que algo que podría ser relativamente fácil, y así lo habíamos entendido, se puede complicar si alguna de esas partes no tiene voluntad política para hacerlo”, ha explicado Molina, quien ha criticado que el problema se aborde desde un punto de vista meramente técnico, si bien ha puntualizado que valora la actitud de todas las administraciones implicadas. Molina se ha mostrado también esperanzado en poder encontrar una solución a lo largo de esta semana, ya que, según él, si ésta no aparece “tendremos un problema de dimensiones singulares”.
