La Junta asegura que los planes de cuenca vulneran los derechos de Castilla-La Mancha
El Gobierno regional se ha sumado a las críticas en contra de los Planes de Cuenca que el Gobierno nacional en funciones ha aprobado este pasado viernes. La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha recordado que el Gobierno regional siempre ha demostrado “coherencia” en su planificación hidrológica, y que ha presentado alegaciones nada más asumir su posición en Castilla-La Mancha, a cuatro de las cuencas afectadas en Castilla-La Mancha, que no fueron aceptadas ya que el plazo se terminó el 30 de junio. Sin embargo, el Ejecutivo espera ya a que se publiquen los planes de cuenca para recurrirlos, al considerar que “vulneran los derechos” de la región y sus ciudadanos.
En resumen, la valoración del Gobierno regional es que los planes de cuenca han sido aprobados “con falta de consenso”, y para ello señalan que han sido numerosqas las organizaciones agrarias y ecologistas las que se han manifestado en contra de estos planes. El Ejecutivo no sólo no está de acuerdo con el contenido, sino que recuerda también que se pidió que se votaran los planes por separado, no en conjunto, algo que finalmente “no se permitió” en el Consejo Nacional del Agua. Ante esto, el Gobierno regional sólo espera a que los planes se publiquen en decretos separados o uno unitario para presentar su recurso.
“No estamos de acuerdo porque no garantizan los caudales ecológicos, sobre todo en el río Tajo. No estamos de acuerdo con la consideración como un agente externo del trasvase Tajo-Segura. No se tiene en cuenta cómo afecta que se lleven agua de la cabecera”, aseguró la cabeza de Fomento, quien finalmente señaló que los planes de cuenca perjudican los intereses de los castellano-manchegos.
Por su parte, el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha recordado que hay una “deuda histórica permanente” del Gobierno central con el desarrollo económico de Castilla-La Mancha, en concreto en lo que se refiere al desarrollo en agricultura y en gestión ambiental. “Hablamos de que debemos defender los intereses de los agricultores en Castilla-La Mancha. Para que la agricultura sea viable, se debe tener acceso al agua, y esto depende de los planes de cuenca”, asegueró el consejero.
Martínez Arroyo señaló que, en el caso del río Tajo, los problemas son más bien de carácter ambiental ya que no se recogen los problemas que presenta la cuenca, pero que en los otros ríos el problema recae en que “no se han tenido en cuenta los intereses de los agricultores”. En este sentido, el cabeza de Agricultura, señala que en el caso específico del Guadiana se ha quedado fuera el problema de los pozos que afecta a los agricultores profesionales desde 2011, tras un convenio firmado en 2008 por el Gobierno nacional que creaba un plan especial para el río. “Se trata de dos mil explotaciones ante las cuales la Administración del eEtado tiene un compromiso desde 2011 y pedimos que se solucione esta problemática de los agricultores”, aseguró Martínez Arroyo. Para esto, el Gobierno regional propone un centro de intercambio de agua con dotación. La misma situación, “no tener en cuenta a los agricultores, se repite en el caso del Júcar y del Segura.
En el caso del Júcar, el consejero ha remarcado que se incluyen las cuenca de la Comunidad Valenciana dentro del Júcar, por lo que consideran que no se consideran trasvases los movimientos de agua a otras cuencas, “algo que no compartimos”. “Esto hace que la región tenga menos representación de lo que debe tener, recordemos que Castilla-La Mancha tiene 65% del río”, señaló Martínez Arroyo. En este sentido, el responsable de Agricultura recordó también que se ha puesto en marcha un Real Decreto de lucha contra la sequía en el Segura, en el cual no se ha incluído todavía a Castilla-La Mancha, a pesar de haberse comprometido ya el 85% del presupuesto de dicho plan.
Elena de la Cruz señaló que, si se aprueban los planes de forma conjunta, el Gobierno de Castilla-La Mancha lo entenderá como otra vulneración de derechos, ya que si los votos hubieran sido separados, el “resultado hubiera sido diferente”. De la Cruz ha recalcado que en el caso del río Tajo se “está produciendo un esquilme”, ya que, a su juicio, no se tiene en cuenta que no hay caudal suficiente y que no se han tomado en cuenta los indicios que alertan de la situación. “En los planes no se contempla presupuesto para agua desalada y se perpetúa el trasvase para paliar el déficit del Segura. No nos parece”, sentenció.
