La Justicia impide a Román privatizar hasta 11 servicios municipales de Guadalajara
Varapalo judicial a una de las grandes iniciativas auspiciadas por el alcalde de Guadalajara, Antonio Román (PP), durante su anterior legislatura al frente del Ayuntamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TDJCM) ha impedido que salga adelante el proyecto por el que pretendía privatizar, mediante la adjudicación a una sola empresa, la gestión de hasta 11 servicios municipales. Tanto el PSOE como Ahora Guadalajara han hecho pública esta resolución y han calculado que con ello el primer edil quería entregar a manos privadas más del 20% del presupuesto del Ayuntamiento.
Concretamente, el tribunal castellano-manchego ha desestimado el recurso presentado por el equipo de Gobierno para sacar adelante este proyecto y desmonta cada uno de los argumentos esgrimidos. Los hechos se remontan a junio de 2013, cuando el Ayuntamiento aprobó los pliegos para adjudicar en un solo contrato servicios municipales como la limpieza viaria y recogida de basuras, el mantenimiento del alumbrado público y de los parques y jardines, el préstamo de bicicletas o la recogida de ropa usada.
El plazo de adjudicación previsto era de 20 años, con un importe total de 270 millones de euros que iban a ir a parar una sola empresa. Los grupos municipales del PSOE y de IU en aquel momento presentaron un recurso y ya obtuvieron una primera resolución favorable del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, Román recurrió ante el TSJCM en el mes de septiembre de ese mismo año, aunque no ha sido hasta ahora cuando el tribunal se ha pronunciado. Los portavoces del Grupo Socialista, Daniel Jiménez, y de Ahora Guadalajara, José Morales, han querido resaltar la “absoluta contundencia” de la resolución judicial, donde se ha confirmado “la total ausencia de relación funcional y material” entre los 11 servicios que Román pretendía adjudicar de una sola vez.
Se vulneró el principio de concurrencia y de libre competencia
El TSJCM también sostiene que se vulneró el principio de concurrencia y de libre competencia, limitando la posibilidad de que pudieran concursar empresas especializadas en cada uno de ellos. Igualmente, se incumplió el procedimiento legalmente establecido, al no publicarse los pliegos en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas; y señala además que nunca se podría haber llevado el contrato a una duración de 20 años, sino a cuatro como máximo.
El portavoz socialista ha asegurado que Román quiso utilizar la ciudad de Guadalajara “como banco de pruebas de toda España” para aglutinar en un solo contrato la prestación de servicios municipales muy distintos. Según ha indicado, esta decisión se tomó siguiendo los intereses de grandes empresas, la mayoría vinculadas anteriormente al sector de la construcción, que aspiraban a implantar este modelo de negocio por todo el país.
Por su parte, el portavoz de Ahora ha coincidido en que la sentencia da un “absoluto repaso al Ayuntamiento” negando punto por punto sus argumentaciones. Morales ha recalcado que las dudas manifestadas por el tribunal sobre aspectos como la libre concurrencia convierten en “una falacia” el discurso del PP sobre la libre competencia y el apoyo a las pymes. “Se trata de privatizar servicios públicos para dárselos a empresas, no para mejorarlos. Si no tienen interés en gestionar lo público, que no se presenten a las elecciones, pero que no vengan a privatizar los que es de todos”, ha subrayado.
