La memoria de la represión del Tribunal de Orden Público de Franco, un “trabajo pendiente en Castilla-La Mancha”

Acaban de cumplirse 59 años del fusilamiento de Julián Grimau, policía y dirigente del PCE. Le asesinaron un 20 de abril de 1963 después de ser juzgado en un Consejo de Guerra por supuestos crímenes cometidos en una guerra civil que había terminado más de 20 años atrás.

La efeméride coincide con la presentación en Toledo de un libro del magistrado, abogado laboralista e investigador Juan José del Águila (Torremolinos. Málaga. 1943) que aborda el papel de los tribunales de justicia durante la dictadura franquista.

‘El TOP. La represión de la libertad (1963-1977)’, publicado en 2001 fruto de su tesis doctoral, ha visto la luz ahora en una edición ampliada con nuevas sentencias de 1972 que el autor ha podido recuperar en el Archivo de la Memoria Histórica de Salamanca, en el que se encuentran todos los sumarios del Tribunal de Orden Público (TOP).

Una reedición que ha servido, además, para aflorar tres juzgados especiales de instrucción: el Juzgado Especial de Orden Público, el Juzgado Especial Nacional de Propaganda Ilegal y el Juzgado Especial para Delitos en Centros de Enseñanza. Se crearon en 1956, 1957 y 1968, respectivamente, para perseguir y castigar delitos políticos ante el descontento y las protestas universitarias.

Tras la guerra civil y hasta 1963, lo más habitual era que la oposición al régimen franquista se enjuiciase en tribunales militares, vía consejos de guerra. “Era una anomalía en 1962 para un país que estaba pidiendo incorporarse al Mercado Común Europeo y en el que se seguía tratando a los opositores políticos como delincuentes sometidos a duras penas en los consejos de guerra. Era algo que chirriaba”, dice Juan José del Águila.

Eran los años en los que España se apuntaría al desarrollismo económico. Muchas películas de la época ya reflejan la idea, por ejemplo, del turismo como “un gran invento”, de ahí que el franquismo plantease para mejorar su imagen exterior “una solución alternativa que pasaba por crear una jurisdicción especial, pero eso significaba estar fuera de la jurisdicción ordinaria, con un mayor control del poder político en el nombramiento y funcionamiento de los tribunales”.

La creación del Tribunal de Orden Público, y en particular su aplazamiento durante unos meses, “estuvo muy relacionada con el caso de Julián Grimau según sabemos por los testimonios de los propios ministros, entre ellos Fraga Iribarne y López Rodó”.

Grimau había sido detenido en noviembre de 1962 y su consejo de guerra estaba señalado para el 18 de abril de 1963. “El Gobierno se percató de que si ponía en marcha el proyecto de Ley de Orden Público no iba a poder ejecutar la sentencia del Consejo de Guerra. Por eso se metió en un cajón”, de forma temporal.

El jurista, ahora jubilado, sostiene que el franquismo “tenía claro que quería dar un aviso a navegantes tras la huelga general en Asturias y le interesaba dar ejemplo con la represión del que había sido policía durante la II República”. Juanjo del Águila insiste en que “lo de Grimau fue un montaje. Yo lo defino como crimen de Estado. Hay pocos que se puedan probar y estoy orgulloso de haber acreditado que lo fue”.

“El agujero negro” en la memoria del sistema judicial que impuso el franquismo

Del Águila, que ha ejercido como magistrado de lo Social tanto en Sevilla como en Madrid, afirma que el libro viene a ser el “mapa represivo legal de la dictadura”. Un aspecto todavía muy desconocido en España. “A estas alturas de la vida no me extraña que todavía haya gente, incluso los mayores, que pregunten lo que es el TOP. La razón es sencilla. Tal y como se llevó a cabo la Transición en este país, no se han estudiado los mecanismos represivos de la dictadura franquista”.

Habla de “una especie de agujero negro porque, aunque ha sido y es objeto de estudio de muchos historiadores o investigadores, no ha calado en la opinión pública. Los medios de comunicación juegan un papel importantísimo”.

En trece años de existencia el TOP dictó 3.884 sentencias que implicaron a 9.146 procesados, impuso condenas por 11.958 años de cárcel, aparte de sanciones económicas, afectó a 50.714 personas, hubo 1.423 abogados defensores, una pequeña minoría en el conjunto de la abogacía española, según recuerda en el prólogo del libro María Emilia Casas, la que fuera presidenta del Tribunal Constitucional.

“Puedo afirmar que el 90% o 95% de enjuiciamientos están hoy definidos en la Constitución como derechos y libertades”, apunta Juanjo Del Águila. Entre los miles de casos destaca el llamado ‘Proceso 1001’ contra diez miembros de CCOO detenidos en 1972 por la policía franquista cuando celebraban una reunión clandestina. El sindicato era entonces una organización “ilegal”.

Por el TOP también pasaron muchos castellanomanchegos de los que apenas hay datos. “En otras regiones se han hecho estudios muy detallados de los procesados: Cataluña, País Valenciano, Andalucía, en Galicia o Asturias y hasta una aproximación en el País Vasco”. Del Águila cree que es “un trabajo pendiente y necesario en Castilla-La Mancha”.

El TOP “fue creado por un sector de la dictadura, el de los tecnócratas y opusdeístas, en el último tercio del franquismo”, cuenta Del Águila, y sus jueces y magistrados fueron elegidos con lupa. “Aparentaban normalidad, con las togas y toda la parafernalia de la jurisdicción ordinaria”, pero la realidad es que su objetivo era “blanquear la represión” de cara a la opinión pública internacional.

Para María Emilia Casas el libro es “el retrato fidedigno de la organización de la justicia en la dictadura, convertida aquella en un cuerpo burocrático que obligadamente giraba alrededor del omnímodo poder ejecutivo” y resalta que el autor se adentra con “celo y minuciosidad en los incumplimientos constatados del propio ordenamiento represor (irregularidades, farsas judiciales)”.

Los tribunales franquistas, primero los militares y luego el TOP “actuaban anulando derechos fundamentales, entre ellos el derecho a huelga, de reunión, de libertad de expresión… Los que hoy tenemos reconocidos en la Constitución eran entonces delitos”, recuerda el magistrado ahora jubilado.

El propio Del Águila lo vivió en propias carnes: en 1962 fue sometido a Consejo de Guerra en Algeciras junto a su padre, por unas supuestas alteraciones de orden público, ocurridas en verano de 1961 en un boicot ciudadano por el aumento de los precios de los cines de verano, del que fue absuelto, aunque se condenó a su padre a dos meses y un día de arresto.

Después, y como miembro activo del movimiento universitario antifranquista, fue expedientado y sancionado por la Universidad Complutense de Madrid. Ocurrió a finales de 1965, junto a otros 47 estudiantes, entre los que estaban su esposa María Teresa García Rodríguez, Manuela Carmena o José María Elizalde. Tuvo que terminar la carrera en Valencia. En abril de 1968 fue procesado por “propaganda ilegal” (en realidad repartía octavillas en Algeciras por el 1º de mayo que hoy se celebra con normalidad, en una fiesta de reivindicación de los derechos laborales ) y fue condenado por el TOP a un año de prisión.

La actitud ha sido deliberadamente omisiva sobre ese pasado tenebroso de la dictadura franquista. Creo que deben tener mala conciencia porque muchos jueces, magistrados y fiscales de la jurisdicción ordinaria participaron en la represión

Cuando se puso fin al TOP en 1977, con la llegada de la democracia, todavía quedaban pendientes 500 causas que ‘duermen’ en el Archivo de la Memoria Histórica de Salamanca y que no han salido a la luz. “Todavía queda mucho por investigar”.

En el libro el exmagistrado cuenta también cómo muchos de los miembros del TOP se integraron, ya en democracia, en los tribunales ordinarios, ocupando puestos en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional, creada justo con la extinción del órgano especial franquista.

“Soy muy escéptico con el proyecto de Ley de Memoria Democrática”

¿Hay reminiscencias del TOP en las instancias judiciales?, preguntamos. “Más que reminiscencias diría que lo que hay es olvido y omisión. Por mi experiencia personal como magistrado de lo Social sé que muchos compañeros no saben que existió. Ni en su familia ni en las facultades se habló de él. El tema no aparecía en las oposiciones…”, aunque reconoce que todavía hay “compenetración ideológica” con aquella época.

“El gremio de la judicatura en este país ha sido históricamente de derechas. Habría que remontarse al siglo XVIII. Su papel siempre ha sido el de la justificación ideológica de la derecha: el patrimonio, el honor, la familia… No se ha formado en una conciencia democrática y en la historia a las nuevas generaciones en la escuela judicial”. La propia María Emilia Casas escribe que, en el fondo, y es lo que busca el libro, “no se trata sino de reconocer el derecho fundamental al conocimiento de la historia, a obtenerlo y transmitirlo libremente en democracia”.

Del Águila cree que “la actitud ha sido deliberadamente omisiva sobre ese pasado tenebroso de la dictadura franquista y lo que supuso. Creo que deben tener mala conciencia porque muchos jueces, magistrados y fiscales de la jurisdicción ordinaria participaron en la represión”. Es, dice, “lo mismo que ha pasado con la Brigada Político-Social [la policía política secreta] y con otros cuerpos represivos como los funcionarios de prisiones. Es un agujero negro en el cambio que hubo en este país que se va rellenando muy lentamente”, insiste.

Existe un déficit democrático y degradación sistémica: lo de los comisionistas de ahora es algo frecuente y trastoca los valores y la confianza de la gente en el sistema

Juan José Del Águila dice mostrarse “muy escéptico” con la futura Ley de Memoria Democrática “sobre todo por los sustos que nos llevamos cada día, los cambios políticos… Depende del quorum en el Parlamento y creo que no lo hay. Ojalá me equivoque”.

Sobre si esa ley vendría o no a reparar las injusticias cometidas en el ámbito judicial durante ese periodo dice que “lo hará teóricamente, aunque tiene sus limitaciones. Al menos hay un deseo de declarar la nulidad radical de las sentencias de los consejos de guerra y los tribunales especiales”.

Del Águila cree que en España todavía “existe un déficit democrático. No se puede negar que hubo un cambio entre la dictadura y la etapa democrática, pero hay muchas limitaciones, por no hablar de la degradación sistémica: lo de los comisionistas de ahora es algo frecuente y trastoca los valores y la confianza de la gente en el sistema”.

PP y Vox han planteado una Ley de Concordia en Castilla y León. ¿Qué van a concordar si todavía hay que sacar a la gente de las fosas? Hay que rehacer derechos

Pero no solo eso. Ejemplos como el de la llamada ‘Ley Mordaza’, dice, “han supuesto un retroceso en los derechos y libertades… Todavía recuerdo las primeras reformas con la patada en la puerta y sobre todo las condenas que ha habido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del Constitucional en cuanto a abusos policiales. Cambiar este tipo de cosas es casi tan difícil como aprobar la Ley de Memoria”.

Habla también el avance de Vox. “Son la tercera fuerza parlamentaria y hay que tenerlo en cuenta para todo, para bien y para mal. Hay que prepararse ideológicamente para lo que viene” y se refiere, en concreto, a las propuestas de Vox en Castilla y León, donde ahora gobiernan con el PP. “Han planteado una Ley de Concordia. ¿Qué van a concordar si todavía hay que sacar a la gente de las fosas? ¿Concordia con quién y con quienes? No se trata de eso sino de rehacer derechos porque hay desigualdad entre las víctimas”.