La Mesa de Empleados Públicos pide a Rajoy que desista en su veto a la jornada de 35 horas
La Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos ha acordado por unanimidad una declaración que se enviará al presidente del Ejecutivo central en funciones, Mariano Rajoy, instándole a que no interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley por la que se recupera la jornada de 35 horas semanales para todos los trabajadores de la Junta de Comunidades y a que, en el caso de que lo presente, no solicite la suspensión de la jornada.
Esta declaración, firmada por representantes de la Administración regional y de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, FSES (SATSE y ANPE) e Intersindical (STAS y STES), ha sido acordada por unanimidad en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, que ha presidido el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, para informar directamente a los representantes de los empleados públicos sobre la posibilidad de que el Gobierno central interponga un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley aprobada por las Cortes regionales.
La reunión de la Mesa General se produce después de que el último Consejo de Ministros, celebrado el pasado 15 de abril, acordase solicitar al presidente del Gobierno en funciones interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7/2015, de 2 de diciembre, por la que se recuperaba la jornada de 35 horas semanales para los 68.000 empleados públicos de Castilla-La Mancha desde el pasado 1 de enero. La Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos solicita al presidente del Gobierno en funciones que “no interponga el recurso de inconstitucionalidad” contra esta Ley que es “plenamente ajustada a derecho”.
“Perjuicios” para la conciliación laboral
“Perjuicios” para la conciliación laboralAsimismo, insta a Rajoy a que, en caso de que interponga el recurso de inconstitucionalidad, “no solicite la suspensión de la jornada de 35 horas semanales por los graves e irreparables perjuicios que dicha suspensión provocaría en la organización del trabajo, que significaría importantes desajustes en los calendarios y cuadrantes de trabajo pactados con la parte social y repercutiría negativamente en el servicio público”. La declaración también resalta que la suspensión supondría “irreparables perjuicios en la conciliación de la vida familiar y laboral de las empleadas y empleados públicos y en la creación de empleo público”.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado al finalizar la reunión de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos el “rechazo unánime” de “todos los representantes de los trabajadores” ante este posible recurso de inconstitucionalidad, al tener todos el “convencimiento” de que “el Gobierno y las Cortes han actuado con sujeción completa a la Ley”.
Este acuerdo unánime ha tenido su reflejo en la declaración conjunta, que también insta a que, en el caso de que se interpusiese el recurso, este “no tuviera efectos suspensivos hasta que se manifieste el Tribunal Constitucional”.
Ruiz Molina ha lamentado que esa suspensión de la jornada de 35 horas semanales supondría “un perjuicio no solo para los trabajadores, sino también para todos los ciudadanos de la región, que verían que la calidad con la que se prestan los servicios públicos volvería a la misma situación que con el Gobierno anterior”.
Por lo tanto, ha añadido, se pondría fin a los tres objetivos por los que el Gobierno de Emiliano García-Page acordó esta medida: mejorar la calidad de los servicios públicos, crear empleo público y fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores públicos.
Una actuación, ha destacado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, que es “consecuencia del compromiso que adquirió el presidente regional, Emiliano García-Page, con los empleados públicos y que es una de las medidas con las que se inició la recuperación de los derechos de los empleados públicos”.
Por último, Ruiz Molina ha manifestado que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha no tiene “ninguna información oficial” por parte del Gobierno central en funciones, por lo que su conocimiento de la situación se limita a lo que se transmite a través de los medios de comunicación y a la información que aparece colgada en la página web de La Moncloa.
