La negociación como medio para frenar los recortes y la privatización
Castilla-La Mancha es la región del país que más ha sufrido los “destrozos” del empleo público, con recortes drásticos de las plazas en el sector e importantes rebajas de derechos laborales. Así lo ha denunciado Ramón González, responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, quien señaló además que los recortes no son específicos del sector de empleo público, sino también de otros servicios, como el de las residencias universitarias.
“Poco a poco se ha ido ganando terreno sobre lo público, para ir ganando cuote de negocio para el sector privado”, ha afirmado también González, quien ha señalado que las directrices de grandes instituciones, como las del Fondo Monetario Internacional deben seguirse “para lo bueno o para lo malo”. Así, los sindicatos han pedido coherencia al Gobierno nacional, indicando que es el momento de que el tan anunciado crecimiento económico revierta en el sector público, para poder revertir la situación deplorable en la que se encuentra actualmente, sobre todo en el caso de sus trabajadores. “Con esto se garantizará una salida social a la crisis, que no sólo beneficiará a las entidades bancarias, sino también a las personas”, afirma.
Los sindicatos han exigido la convocatoria de la Mesa General de Negociación del Estado que, según ha indicado Beatriz Tormo de UGT, no se ha planteado en la legislatura actual, y a la presidenta de la Comunidad, María Dolores de Cospedal que inicie un proceso de recuperación real de empleo público en Castilla-La Mancha, ya que se han perdido más de 10.000 puestos de empleo público en la región, según las cifras expuestas por Ramón González. Los sindicatos han expuesto la situación del nuevo Hospital de Toledo como un ejemplo de cómo el Gobierno se inclina por lo privado, antes que por lo público.
Izquierda Unida ha hecho hoy también un llamado a la negociación pública a la Junta de Comunidades, tras conocerse la decisión de GEACAM de llevar a cabo el ERE que acabará con 600 puestos de empleo fijos.
Daniel Martínez, coordinador regional en Castilla-La Mancha, ha afirmado así que es necesario llevar a cabo un proceso de negociación real entre los sindicatos y la empresa, para que “mire a su ciudadanía y no a la Troika”.
El mensaje de la formación política se ha dirigido también para pedir a la Junta que “deje de destruir trabajos y empeorar la calidad del empleo en los servicios públicos, y que reaccione en cuestiones como la de ELCOGÁS, para evitar los despidos.
