El pago voluntario por servicios ambientales o cómo medir el valor de lo que la naturaleza aporta a la sociedad

Hay un “déficit de gestión” en las cuentas económicas públicas con las que trabajan las administraciones y un beneficio que no está contabilizado en las empresas y grandes corporaciones. Procede del hecho de que quienes producen, trabajando en el medio natural, servicios ambientales como la fijación de carbono, el control de inundaciones, la resina o la polinización de cultivos, no cobran por los beneficios que esas labores tienen sobre todo para zonas urbanas en contexto de crisis climática. Se trata de los denominados servicios ecosistémicos. Se producen, no se pagan, pero ¿se pueden cobrar?

No es una noción nueva, ya que las ONG conservacionistas llevan años trabajando en esta cuestión. Pero mientras que en varios países de Latinoamérica ya hace tiempo que existen pagos voluntarios negociados entre los proveedores de estos servicios y sus beneficiarios, sobre todo en cuanto a recursos hídricos, en Europa el proceso es más lento. Castilla-La Mancha quiere abanderar esta práctica y lleva todo este año trabajando en su Alianza por los Servicios de los Ecosistemas, una plataforma de diálogo y cooperación público-privado para agrupar ideas y proyectos. Ha tenido su puesta de largo esta semana en el primer foro internacional de la Alianza, celebrado en Guadalajara.

La jornada ha contado con expertos de todo el mundo en gestión forestal, ambiental y sostenible y ha servido también para poner en común un documento para identificar y evaluar esos servicios ambientales. Es decir, ¿cuáles son? ¿Qué valor o precio tienen? ¿Cuál es el déficit que impide que su gestión sea sostenible hoy en día?

Según el consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, todos los cálculos conocidos hasta la fecha demuestran que los beneficios aportados por los ecosistemas naturales a la sociedad, especialmente a las zonas urbanas e industriales, son muy superiores a lo que el territorio recoge para asegurar la continuidad de esas prestaciones ambientales. O dicho de otra manera, “las cuentas económicas no incorporan las cuentas del capital natural, su ganancia y su pérdida, su déficit de gestión, y esto pone en duda la gestión sostenible del territorio”.

De momento, el valor de los bosques es lo que se quiere reforzar a través de la firma de la Alianza de los Servicios Ecosistémicos de Castilla-La Mancha, que ya ha conseguido un acuerdo con las cinco capitales de provincia castellanomanchegas para aportar un total de 2,2 millones de euros, un euro por cada persona de la región, con el objetivo de poner en valor su importancia para el conjunto de la sociedad y también como herramienta de respuesta para el reto demográfico. A esta alianza ya se han sumado también otros ayuntamientos y algunas empresas, dispuestos a financiar ese capital ntaural.

El documento realizado por la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad que este foro internacional ha sacado a la luz, y al que ha tenido acceso elDiarioclm.es, arroja algo de luz sobre una cuestión muy compleja, ya que establece una aproximación al valor económico de los servicios que prestan los ecosistemas en Castilla-La Mancha. Y lo hace a través del proyecto europeo de Innovación del Conocimiento sobre un Sistema Integrado de Contabilidad de Capital Natural (KIP-INCA).

De la madera a los cultivos

Para ello, ha identificado seis tipos de servicios ambientales: almacenamiento de carbono, provisión de madera, retención del suelo, polinización de cultivos, control de las inundaciones y provisión de cultivos.

Así, el valor monetario del servicio del almacenamiento de carbono vendría determinado por la parte que es realmente utilizada, es decir, el coste económico de lo que es movilizado desde el ecosistema hasta el sistema socio-económico. Su cálculo se ha realizado utilizando el dato de tasas efectivas de carbono: precio total que se aplica a las emisiones de CO2 por el uso de energía. El resultado estimado en Castilla-La Mancha sería de más de 74 millones de euros.

En el caso de la provisión de madera, el cálculo se realiza sobre el incremento neto anual de producción, llegando hasta los 59,5 millones de euros. Mientras, el valor del servicio ecosistémico de retención del suelo sería mucho mayor: llegaría hasta los 153 millones de euros utilizando como indicador el costo de reposición. Casi 19 millones de euros sería el cálculo para la provisión de polinización de cultivo; y 24 millones de euros en el caso de los servicios que permiten el control de las inundaciones, utilizando la variable de los daños evitados.

Pero la mayor puesta en valor que realiza Castilla-La Mancha se refiere a los servicios generales que proveen sus montes de utilidad pública (MUP). Como ejemplo ha tomado el MUP “Los Palancares y Agregados” en la provincia de Cuenca. La finalidad del trabajo realizado por la Dirección de Medio Natural es determinar el coste objetivo que conlleva la gestión forestal sostenible y la conservación de los servicios ecosistémicos- De esta manera quiere hacer partícipes a los sectores público y privado de la posibilidad de contribuir voluntariamente a la financiación de la conservación de ese patrimonio natural.

¿Cuál ha sido el resultado de estas estimaciones? El coste de gestión de este monte es de 154.755 euros, equivalente a 29,61 euros por hectárea. Y sus beneficios directos (venta de productos madereros y otros aprovechamientos como resinas y hongos) ofrece un resultado de 133.678 euros anuales, lo que se traduce en 25,57 euros por hectárea. Contemplando el escenario de los beneficios directos, hay por tanto un déficit de 21.097 euros anuales, equivalentes a cuatro euros por hectárea.

Tras ello, el manual también establece el cálculo del pago voluntario por los servicios de los ecosistemas. Establece que con una inversión de 29,61 euros por hectárea en concepto de costes de gestión se generan unos beneficios totales valorados en 74,76 euros por hectárea. Finalmente, detalla las opciones de pago voluntario en dos modalidades. La primera de carácter exclusivo: un patrocinador aporta la totalidad del precio mínimo de partida para todo el monte. Y en el segundo caso, compartido entre varios patrocinadores.

Las ONG no quieren “mercantilización”

Durante el foro internacional celebrado en Guadalajara el cruce de propuestas arrojó conclusiones variopintas. Pero una de las más destacadas fueron las aportadas las ONG: el pago voluntario por servicios ambientales es solo “un intrumento más” de los muchos que pueden llevarse a cabo para devolverle a la naturaleza lo que nos aporta. Tanto SEO/Birdlife como WWF piden que no se “mercantilice” ni “pervierta” este mecanismo, sobre todo en un momento en que el cambio climático exige cambios, adaptaciones y mitigaciones “no siempre compensadas”.

De cualquier forma, el consejero de Desarrollo Sostenible destaca en el documento de evaluación económica que el Gobierno se ha embarcado en esta iniciativa con el objetivo de inspirar no solo a la sociedad y al tejido empresarial, sino también al conjunto de entidades y regiones para avanzar “en un escenario donde los ritmos de la ecología y de la economía se acompasen” dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.