“Numerosas deficiencias” en el proyecto de la macrogranja proyectada a menos de 500 metros de una pedanía de Hellín

Prosigue la batalla de los vecinos y vecinas de la pedanía de Torre Uchea, perteneciente a Hellín (Albacete), para frenar el proyecto de una macrogranja de terneros a menos de medio kilómetro de sus casas. Apuntan ahora que un informe de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de la ciudad recoge “numerosas deficiencias técnicas”, entre ellas que la propia pedanía no aparece mencionada y solo incluye a Nava de Campana como la zona habitada más cercana.

Agrupados bajo la Asociación en Defensa de la Torre Uchea (ADTU), que forma parte de la coordinadora Stop Ganadería Industrial y cuenta con el apoyo de Ecologistas en Acción, este colectivo ha exigido al equipo de Gobierno municipal, en el pleno municipal celebrado el 31 de agosto, que fije públicamente su postura sobre la macrogranja de vacuno de cebo que la empresa Nutripelet, S.L. proyecta junto a esta pedanía.

Según apuntan, el alcalde de Hellín, Manuel Serena (PP), no asistió a la sesión al encontrarse fuera de España, por lo que la asociación formuló la pregunta al conjunto del equipo de Gobierno en el turno de ruegos y preguntas, amparándose en una modificación legal que desde julio obliga al Ayuntamiento a certificar en pleno si apoya o rechaza el proyecto para poder reactivar la evaluación ambiental.

El cambio normativo al que se refiere este colectivo es la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha recientemente aprobada, que otorga a los plenos de los ayuntamientos la posibilidad de vetar proyectos que consideren nocivos para su término municipal.

El Ayuntamiento quiere “recabar más informes”

Según ADTU, durante el pleno se leyó la respuesta que el alcalde había dejado preparada en la que se reconocía la necesidad de que el pleno se pronunciase, pero recordando que cuenta con un plazo de un año y que es necesario “recabar más informes”, sin que fuera posible pronunciarse en ese momento.

La asociación recuerda que el pasado mes de abril ya preguntó al alcalde sobre la distancia que debía guardar la macrogranja respecto a las viviendas de Torre Uchea. En ese momento respondió que se trataba de “una pregunta de carácter técnico y no de política municipal” y que había que determinarlo según los informes técnicos pendientes de elaborar, entre ellos la evaluación ambiental, cuya competencia corresponde al Gobierno regional.

Los vecinos y vecinas de la pedanía recuerdan que el proyecto contempla una explotación de 1.416 terneros de ganado vacuno de cebo en la pedanía. Apuntan que la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Hellín, a petición del propio Ayuntamiento, emitió un informe sobre el proyecto el 25 de marzo de 2026. Y añaden que la asociación no tuvo constancia de su existencia hasta que accedió al mismo a través del registro electrónico municipal el 30 de junio de 2026, casi un mes después de haber presentado sus alegaciones al proyecto, el 2 de junio.

El informe de la OCA, señala ADTU, recoge “numerosas deficiencias técnicas” del proyecto. Entre ellas, que el expediente “no contempla la existencia” de Torre Uchea: el documento sitúa la zona habitada más cercana a la explotación en la pedanía de Nava de Campana, sin mencionar que las viviendas de la otra pedanía se encuentran a menos de 500 metros de las instalaciones proyectadas.

Nutripelet y la familia de la concejala de Medio Ambiente

A fecha de hoy, y según ha podido comprobar también este periódico, el expediente no figura con información activa en la plataforma de expedientes de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha (Nevia). Es decir, su tramitación no se ha iniciado oficialmente.

La asociación de Torre Uchea afirma además que el proyecto arrastra, además, un “elemento de conflicto de interés” que lleva meses señalando: la empresa promotora, Nutripelet, S.L., pertenece a la familia de la concejala de Medio Ambiente, Agua y Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Hellín y senadora en la actual legislatura, Miriam García Navarro. Así lo ha comprobado también este periódico en el Registro Mercantil. “Esta circunstancia refuerza la necesidad de que sea el pleno en su conjunto quien fije una posición explícita sobre el proyecto”, añaden.

ADTU recuerda que, a pesar de la respuesta recibida por parte del alcalde, el certificado del pleno deberá trasladarse al órgano medioambiental de la Junta de Castilla-La Mancha para que la evaluación ambiental del proyecto pueda reanudarse.

La asociación advierte de que seguirá reclamando una respuesta “clara y por escrito” mientras el Ayuntamiento no fije postura, y no descarta recurrir a la vía judicial si finalmente se concede la licencia a Nutripelet.