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El PSOE aprueba en solitario la ley que permitirá a Castilla-La Mancha agilizar la gestión de los fondos europeos de recuperación

Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha

Alicia Avilés Pozo

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El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado definitivamente el proyecto de Ley de Medidas Urgentes de agilización y simplificación de procedimientos para la gestión y ejecución de los fondos de recuperación por la COVID-19, con la que el Gobierno regional quiere eliminar burocracia en la gestión de los denominados 'Next Generation' . Tras rechazarse hace dos semanas la enmienda a la totalidad que Ciudadanos registró contra la normativa, el debate ha repicado el enfrentamiento que ya se produjo durante su trámite en comisión. Mientras que el Grupo Socialista, cuya mayoría absoluta ha permitido su aprobación, ha defendido eliminar burocracia para facilitar su gestión, desde el PP y Ciudadanos, que han votado en contra de la norma, han acusado al Gobierno de fomentar con ello la “opacidad”.

El diputado de Ciudadanos David Muñoz Zapata ha sido especialmente crítico con la ley. Este grupo parlamentario ha mantenido medio centenar de enmiendas que suponían una “alternativa liberal”, al tiempo que ha defendido de nuevo un “nuevo modelo de tecnocracia”: que sean técnicos independientes sin carné político los que gestionen esos fondos a través de una agencia creada para tal objetivo.

Según el parlamentario, se trataría de que fueran expertos del tejido empresarial, de la Universidad o de los ayuntamientos, entre otros, quienes “vigilaran” el destino de cada euro de los fondos de recuperación y que el dinero “vaya donde tiene que ir y sirva para lo que tiene que servir”. Y al igual que en el trámite de comisión, Ciudadanos también ha defendido la creación de un Portal de Transparencia ‘Next Generation’ que aglutine toda la información y que identifique todos los proyectos que se van a extraer de ese dinero.

Por su parte, el diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez ha destacado la gran importancia de los fondos europeos para todos aquellos afectados por las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y ha criticado las “carencias” de la ley para este objetivo y también que promueva la opacidad.

“Insuficiencia de control parlamentario”

“Reduce drásticamente las garantías procedimentales administrativas clásicas bajo el pretexto de la agilización de los fondos; y una cosa es agilizar y otra cosa es intentar saltarse todos los controles como si esto fuera una Olimpiada”, ha subrayado. Y en este sentido, ha denunciado la “tremenda insuficiencia en el control parlamentario de la ejecución de estos fondos”, recalcando que a día de hoy no se sabe cuántos proyectos habrá, quién los selecciona, cómo se materializará la colaboración público-privada y los criterios de eficiencia asignados.

Asimismo, ha reprochado al PSOE la contradicción de defender esta ley pero al mismo tiempo haberse negado a la creación de una comisión de seguimiento para “conocer la esencia” de estos fondos y “eso ya muestra que algo tendrán que ocultar”. “Genera muchas dudas y pocas certezas, es una ley para hacer las cosas con más opacidad y menos transparencia”.

Desde las filas socialistas, el diputado Fernando Mora ha vuelto a defender la necesidad de eliminar burocracia ante la premura con la que la ciudadanía necesita los fondos COVID y ha dicho no entender las propuestas de crear agencias independientes cuando ya existen controles para la gestión y la transparencia. “Los controles van a seguir vigentes, pero lo que queremos es que se agilice, porque vamos a contar con no demasiado tiempo y sí con muchísimo dinero”, ha destacado.

Simplificar la “maquinaria administrativa”

Finalmente, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que la ley servirá para simplificar la “maquinaria administrativa relacionada”, fundamentalmente, con la contratación pública; dotar a los funcionarios de posibilidades de movilidad, al objeto de sacar el mayor partido posible a los recursos humanos; e intensificar la coordinación a través de una Comisión Delegada para los Fondos Europeos y el refuerzo de las funciones de la Comisión Regional de Fondos Europeos. 

“Una herramienta para que, con medios propios, podamos hacer frente al reto de gestionar unos recursos que deben ser una oportunidad, no solo para dar respuesta a los efectos negativos de la pandemia, sino también para impulsar con firmeza un cambio del modelo productivo, en definitiva, una modernización de la región”.

 

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