Radiografía de la Atención Primaria castellanomanchega antes de la pandemia y sus efectos postCOVID

“Los problemas detectados en la Atención Primaria son probablemente una de las causas de las dificultades para atender la pandemia y para realizar el seguimiento y detección de casos”. Así se desprende del informe publicado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) que “permite tener un amplio panorama” de la situación de la Primaria antes de crisis sanitaria.

El informe compara datos entre las comunidades autónomas y pone de manifiesto la asimetría en este tipo de prestación sanitaria, por ejemplo, en la evolución del gasto público en Atención Primaria sobre el gasto sanitario total de la región, entre los años 2010 y 2017.

En este aspecto, Castilla-La Mancha se situó entre dos y cuatro puntos de inversión por encima de la media nacional. De hecho, en el año 2017 fue la comunidad autónoma de España con mayor porcentaje de gasto en Atención Primaria (16,9% frente a la media nacional que se quedó en el 13,5%).

En el año 2010, con el Gobierno socialista de José María Barreda el gasto en Atención Primaria sobre el total del gasto en Sanidad era del 16,38%.

Esas cifras no cambiaron apenas durante el Gobierno de Cospedal en los años analizados (2012/ 16,49%), (2013/ 17,15%) ni durante la pasada legislatura ya con Emiliano García-Page (en 2016 el gasto en Primaria fue un 16,47% sobre el total del presupuesto de Sanidad y en 2017 ese porcentaje llegó al 16,90%).

Además, en el mismo periodo, entre 2010 y 2017, Castilla-La Mancha fue una de las cinco comunidades autónomas -junto a Canarias, La Rioja, Navarra y Murcia- que mantuvo su gasto en Primaria con un porcentaje superior al de 2010, uno de los años clave en la crisis financiera originada en 2008.

El gasto por habitante y año, en niveles de 2010

Pero, ¿cuál fue el gasto por habitante al año? Este es otro de los datos que aporta el informe para el mismo periodo. En este caso, solo analiza la inversión de los años en los que ha habido gobiernos socialistas y deja en blanco los años de Gobierno ‘popular’ de Dolores de Cospedal.

En el año 2010, con Barreda, Castilla-La Mancha gastó 220,56 euros por habitante. En 2016 esa cifra se incrementó hasta los 236,50 euros por habitante, aunque en 2017 el gastó disminuyó para volver a una cifra cercana a 2010 (223,27 euros por habitante).

No obstante, ese gasto está también por encima de la media nacional. En 2010 fue de 199,98 euros por habitante y en 2017 de 197,47 euros.

Menos población en Castilla-La Mancha, pero idéntica presión asistencial

También se fija este informe en el efecto que los recortes tuvieron sobre los recursos humanos de la Atención Primaria. Lo hace en cuatro categorías profesionales: Medicina de Familia, Pediatría, Enfermería y Personal Administrativo para analizar la presión asistencial en estos colectivos.

Para hacerlo se tiene en cuenta la evolución de la población entre 2010 y 2018. Castilla-La Mancha perdió un 2,77% de sus habitantes. Un dato a tener en cuenta advierte la FADSP cuando se habla de población asignada a cada profesional porque permite ver si se han incrementado o no las plantillas.

Y es que, pese a que hay menos población, la presión asistencial para los médicos de familia no fue menor. En Medicina de Familia, la cantidad media de población asignada a cada profesional -tarjetas sanitarias individuales (TSI)- apenas ha cambiado en ese periodo. Si en 2010 cada médico de familia tenía en su lista de pacientes una media de 1.259 personas, en 2018 tenía uno menos (1.258). El año 2013 esa cantidad creció ligeramente (1.271 pacientes por cada profesional).

El informe destaca también el “elevado” porcentaje de médicos de familia con más de 1.500 tarjetas sanitarias individuales asignadas. En 2010, en Castilla-La Mancha le ocurría al 44,92% de los médicos de familia. Un porcentaje que pasó en 2018 a ser menor, del 38,4%.

Sin embargo, el porcentaje de quienes tienen más de 2.000 pacientes que atender ha crecido ligeramente entre 2010 y 2018. (2,48% frente a un 2,66%).

La carga de trabajo de los pediatras, por encima de la media nacional

La región es además una de las cuatro comunidades autónomas en las que no disminuyó la ratio de población infantil por pediatra junto a Baleares, Madrid y la Rioja. En 2010 la media de pacientes asignados por pediatra era de 1033 niños. En 2018 esa cifra creció hasta los 1.053. En ambos casos, la carga de trabajo de los pediatras en la región está por encima de la media nacional.

En cuanto a los profesionales de la Enfermería, el informe tacha la situación de “especialmente preocupante” en el conjunto del país, aunque Castilla-La Mancha se sitúa por debajo de la media nacional en carga de trabajo. En la región, cada enfermero tenía asignados 1.377 pacientes en el año 2010. En 2018 esa cifra era algo inferior (1.338).

Además, se habla de “carencia notoria” en lo que se refiere al personal administrativo de la Atención Primaria en nuestro país. “En este caso como en el de la Enfermería, la ausencia de personal hace que se trasladen hacia otros profesionales de manera ineficiente tareas que podrían resolverse por estos trabajadores y que crean cuellos de botella y sobrecargas en la asistencia”.

En cuanto a este colectivo, Castilla-La Mancha está por encima de la media nacional en cuanto a su carga de trabajo. En 2010 cada profesional administrativo debía atender a una media de 3.322 personas. En 2018, esa cifra bajó hasta las 3.268 personas.

Las consultas anuales al médico de familia cayeron en tres millones entre 2010 y 2018

El estudio pone también el foco en el número de consultas al año en Medicina Familiar. En Castilla-La Mancha la caída es exponencial entre el año 2010 (con casi 13,5 millones de consultas), a las 10,4 millones de consultas de 2018.

También han bajado las consultas al pediatra, aunque de forma mucho menos notable. En 2010 hubo 1.290.702 consultas y en 2018 esa cifra llegó a las 1.138.586 consultas. Otro tanto ocurrió con las consultas de Enfermería. De los 8,8 millones de 2010 se pasó a 7,3 millones de consultas al año en 2018.

También cayeron las interconsultas, es decir, las solicitudes que se realizan desde Atención Primaria para que un paciente sea atendido por un especialista hospitalario. Lo hicieron en un 4,72% en la región entre 2010 y 2018. De 363,53 por cada mil pacientes asignados se pasó a 346,34.

Además, se detecta que el consumo de medicamentos por persona varía mucho entre comunidades autónomas sin que haya una “justificación por la morbilidad y características de la población”. En Castilla-La Mancha las dosis diarias definidas por cada 1.000 personas alcanzan las 1.683,22, muy lejos de las 964,94 de la Comunidad Valenciana o de las de Catalunya (1.903,09)

Lo “razonable” es incrementar el gasto hasta el 20% del presupuesto sanitario

El informe aporta también conclusiones y recomendaciones de cara a afrontar la “nueva normalidad” en Atención Primaria, con un virus que todavía no ha sido controlado.

Entre las conclusiones del informe se destaca en el caso de Castilla-La Mancha que, aunque el gasto sanitario en Atención Primaria no ha disminuido, sí que se ha ido reduciendo el presupuesto por habitante y año, alcanzando niveles de 2010.

Como recomendación general para todas las comunidades autónomas la Federación cree que “deben de incrementarse notablemente los presupuestos sanitarios para la Atención Primaria”.

Estiman “razonable” un 20% del presupuesto sanitario público. “Como esta cifra está muy lejos de la realidad actual, debe de realizarse un plan presupuestario para alcanzarla progresivamente”. En todo caso, añaden, sería importante una financiación sanitaria finalista para poder garantizar estos presupuestos “y acabar con la excesiva variabilidad actual”.

Precisamente, en pleno el estado de alarma, el pasado mes de abril el Gobierno castellanomanchego anunció su intención de “revisar al alza” el presupuesto que dedica a la Atención Primaria para llegar al 25% del total del gasto sanitario. Algo que, decía la consejera portavoz, Blanca Fernández, forma parte acuerdo con agentes sociales y económicos para la recuperación regional postCOVID. “Ya sabíamos que había que hacerlo la pasada legislatura”.

La FADSP también se recomienda disminuir la presión asistencial en Atención Primaria. No solo reclaman más presupuesto sino más plantillas y un tope de 1.300 tarjetas sanitarias individuales para médicos y enfermeros. Para los pediatras, un máximo de 1.000 y sugieren como “ideal” establecer unos límites de acuerdo con el perfil de la población: edad, morbilidad, dispersión…

Reclaman convocar “todas las plazas de formación MIR acreditadas” para Pediatría, Medicina de Familia y Enfermería Comunitaria, “para permitir la existencia de especialistas cualificados” e incrementar el personal administrativo.

De hecho, esta es una de las reivindicaciones que este mismo martes ponía sobre la mesa el Consejo Autonómico de Colegios Médicos de Castilla-La Mancha al denunciar contratos de médicos sin título de especialista para el servicio de Atención Primaria en la región. Algo que, afirman, “desprestigia” la profesión, por lo que piden al Gobierno regional “el máximo esfuerzo”.

El informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública también sugiere “ampliar y homogeneizar” el acceso a técnicas diagnósticas y terapéuticas y a los recursos tecnológicos o recuperar las actividades de promoción y prevención, así como la visita domiciliaria y la atención comunitaria, entre otras muchas cuestiones.