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Sale a información pública la nueva ley para la tutela judicial de personas con discapacidad

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  • Esta normativa, que García-Page ha denominado ‘Ley del Alma’, garantiza el apoyo a más de 37.000 personas en Castilla-La Mancha

Es una de las normativas que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido con más ahínco, denominándola ‘Ley del Alma’, y ya ha entrado en uno de los trámites esenciales para su futura puesta en marcha. El anteproyecto de Ley de Protección y Apoyo Garantizado a Personas con Discapacidad va a salir a información pública para que se realicen las aportaciones pertinentes a una legislación que tiene entre sus objetivos garantizar la tutela judicial efectiva a personas con algún tipo de discapacidad intelectual cuando fallezcan sus padres y tutores.

El Ejecutivo regional ha destacado en varias ocasiones que la comunidad autónoma será pionera en esta protección y apoyo, que puede llegar a beneficiar a unas 37.000 personas en toda la región. A principios de verano, García-Page presentó el borrador del anteproyecto a representantes del movimiento asociativo de discapacidad CERMI, a las fundaciones tutelares, al fiscal jefe y al juez decano de Toledo.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha explicado por su parte que esta nueva norma establecerá cómo las personas con discapacidad intelectual decidirán sobre su plan de futuro de vida, con el apoyo de profesionales y familiares, un “plan de futuro que va a quedar registrado en la Administración para que, cuando los familiares no estén, todo el mundo sepa cuál ha sido la voluntad de la persona con discapacidad; y que garantizará una plaza residencial”.

En Castilla-La Mancha hay 140.000 personas con discapacidad reconocida, de las que 37.000 tienen discapacidad intelectual, a las que se dirige prioritariamente la ley, que será “flexible y abierta”. El Gobierno regional confía en que se apruebe por unanimidad cuando llegue a las Cortes de Castilla-La Mancha al tratarse de la “ley más social”.

La futura Ley cambia el modelo de sustitución en la toma de decisiones de la persona con discapacidad, por un modelo de apoyo o complemento para que pueda adoptar sus propias decisiones, como establece el artículo 12 de la Convención de derechos de las personas con discapacidad de la ONU.

Esta futura Ley desarrolla lo previsto en la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, que prevé un sistema transversal de atención a las personas con discapacidad y, entre otras cuestiones, establece diversas medidas de acción positiva, entre las que se encuentran las dirigidas a que los servicios y prestaciones sociales respondan a sus necesidades de apoyo singularizadas para poder desarrollar sus proyectos de vida en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

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