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Los seis proyectos de Castilla-La Mancha a tres años para los servicios sociales con fondos europeos COVID

Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha

Carmen Bachiller

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Seis proyectos y 125,7 millones de euros para invertir en tres años. Son las grandes cifras que ha ofrecido hoy el Gobierno de Castilla-La Mancha y que se gastarán con dinero procedente de los fondos europeos de recuperación.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha dado a conocer hoy, tras el primer Consejo de Gobierno celebrado después del parón estival, los detalles del convenio suscrito entre el Ejecutivo regional y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para la ejecución de fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR), el programa más importante dentro de los fondos Next Generation-EU, derivados de la pandemia.

El presupuesto ministerial total es del 910,3 millones de euros para el Eje 'Economía de Cuidados y Refuerzo de las Políticas de Igualdad e Inclusión', dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que presentó España ante la Comisión Europea.

Este año a Castilla-La Mancha le corresponden 34,1 millones de euros, en 2022 serán 43 millones y en 2023 otros 47,7 millones de euros. Se distribuirán en seis proyectos que, según la consejera, “se adaptan a los criterios y objetivos centrados en planes de apoyo de larga duración, a la modernización de infraestructuras y a crear una España más accesible”.

El primero de los seis proyectos pasa por la mejora de infraestructuras y equipamientos de centros así como por la transformación del modelo residencial para las personas mayores y con discapacidad con una inversión de 77 millones de euros. Incluye tres tipos de actuaciones a tres años para remodelar centros residenciales y construir nuevos, para crear nuevos centros de día destinados a personas con deterioro cognitivo y para dotarles de equipamiento tecnológico y técnico que facilite la autonomía y la conexión social.

Además, se va a desarrollar un Sistema de Telecuidado proactivo, con una inversión de 12 millones, y que, según García Torijano, supone “un avance esencial en el Servicio de Teleasistencia que será más proactiva y que se adelanta a necesidades de las personas en su hogar”.

El objetivo es desarrollar una solución integrada y transformadora con nuevo modelo de atención a los entornos, en particular en las zonas rurales, y aproximar la disponibilidad de recursos para que estas personas “tengan seguridad en su hogar y para combatir la soledad y el riesgo de aislamiento”.

El tercer proyecto pasa por la transformación digital del Servicio de Atención a la Dependencia con un presupuesto de ocho millones de euros. Se creará un Banco Tecnológico que integre herramientas para la gestión de servicios, subvenciones y automatización de procesos.

Después se pondrán en marcha acciones piloto en competencias digitales y refuerzo para el apoyo de jóvenes ex tutelados, con 12 millones de euros y con tres programas “innovadores” para mejorar la autonomía personal y aumentar la inclusión activa de estas personas. Incluye programas de capacitación de competencias digitales, de garantía de cuidados por personas de su entorno o la creación de un centro virtual de acompañamiento a estas personas en su proyecto de vida cuando son mayores de edad.

Se trabajará, en un quinto eje, en la modernización de infraestructuras destinadas a menores y en el cambio del modelo de acogimiento familiar. Se dispone de 12 millones de euros para avanzar “en un modelo que fomente el acogimiento familiar como medida prioritaria de protección”, con tres ejes principales: la rehabilitación de centros de menores, la capacitación digital, más recursos tecnologías y el cambio en el modelo de acogida familiar.

Por último, se pondrá en marcha un proyecto de mejora de la accesibilidad de las infraestructuras y equipamientos que gestionan la entidades locales, dotado con 1,8 millones de euros. “Se les dotará para mejorar la accesibilidad física y digital en los centros gestionados por entidades locales”.

Estos fondos europeos, decía la consejera, son “una oportunidad que va a permitir mejorar la atención y protección de las personas vulnerables en su entorno y también para crear empleo”.

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