El SESCAM, condenado a indemnizar a una mujer que perdió útero y ovarios
Doble perforación de útero, una perforación intestinal, “defectuosa” constancia documental sobre la atención sanitaria e inexistencia de consentimiento informado. Son los argumentos con los que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo ha decidido condenar al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) a indemnizar con un total de 116.888 euros a una paciente del Hospital Santa Bárbara de Puertollano (Ciudad Real) tras practicarle una histeroscopia.
El caso, tramitado por los servicios jurídicos de El Defensor del Paciente, ha culminado con la condena al Servicio de Ginecología de este centro sanitario por la “grave lesión” a la paciente, de acuerdo con los argumentos y hechos presentados por el letrado defensor de la demandante.
La condena se basa en primer lugar en el defecto de la técnica quirúrgica al producirse no solo una doble perforación de útero, sino también una perforación intestinal “que pasó desapercibida para la ginecóloga”, una complicación que no es habitual en la citada prueba.
También alega la “deficiente y defectuosa” constancia documental sobre la asistencia sanitaria, que “dificulta el análisis valorativo de la asistencia”. Así, señala la confusión de la hoja operatoria al indicar que se realizó una histeroscopia exploratoria pero se quitó un pólipo “sin indicar la técnica con la que se realizó”. Por último, la situación se agrava por la inexistencia de un consentimiento informado, puesto que el documento firmado por la paciente era un legado diagnóstico y no para la prueba mencionada.
Como consecuencia de todo ello, las graves lesiones que se ocasionaron a la paciente culminaron en la pérdida de útero y ovarios, así como en una colectomía parcial (resección de una parte del intestino grueso) por la que la demandante tuvo que sufrir una larga temporada portando una bolsa de colostomía de descarga para defecar.
El total, la sentencia fija la indemnización que debe abonar la Administración en la cantidad de 116.888 euros, más los intereses legales desde el 25 de febrero de 2011, fecha en que se interpuso la demanda, lo que supondrá una condena de más de 140.000 euros.
