Tramitar reclamaciones ciudadanas costará a la Junta unos 4.700 euros anuales
El Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá que pagar una cantidad fija anual de 4.716,00 euros al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que tramite las reclamaciones que presenten los ciudadanos de la región contra resoluciones de ámbito autonómico relacionadas con el derecho a saber. Así consta en el convenio suscrito entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el pasado 30 de diciembre y que ahora publica lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Al margen de esos 4.726 euros, el Ejecutivo regional satisfará un importe adicional de 131,28 euros por reclamación resuelta, a partir de un número mínimo de reclamaciones de 36. Se explica en el convenio que esa cifra surge del resultado de multiplicar el número de reclamaciones estimadas para 2016 en base al número de reclamaciones presentadas ante el Consejo durante 2015 y al número de habitantes de la Comunidad.
El Consejo se obliga a conocer las reclamaciones en materia de acceso a la información que puedan interponerse al amparo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno respecto de los actos de la Administración de la Comunidad Autónoma y su sector público, y de las Entidades Locales comprendidas en su territorio y su sector público.
Esta obligación comprende la de tramitar, resolver, notificar y hacer el seguimiento de dichas reclamaciones, que podrán presentarse en cualquier registro público de las Administraciones incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio y, en general, en los previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
El presente convenio tendrá vigencia de un año, aunque podrá prorrogarse por períodos anuales mediante acuerdo expreso de ambas partes, siempre que la prórroga se adopte con anterioridad a la finalización de su plazo de duración. Será administrado por una Comisión de Seguimiento, formada por dos representantes del Consejo y dos representantes de la Comunidad Autónoma, designados por cada una de las partes y nombrados por el Consejo.
