La Cámara de Comercio de Valladolid se salta la Ley de Cámaras con la connivencia de la Junta de Castilla y León

Edificio de la Cámara de Comercio de Valladolid.

La Cámara de Comercio de Valladolid está incumpliendo la Ley de Cámaras con la connivencia de la Junta de Castilla y León, que ha permitido que siguiese operando en números rojos sin presentar el plan de viabilidad obligatorio tras incurrir en resultados negativos en dos ejercicios seguidos y con un agujero contable que supera los ocho millones de euros.

El artículo 11 de la Ley de Cámaras de Castilla y León, en vigor desde enero de 2019, es muy claro: "Cuando una Cámara incurra en resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos, deberá ponerlo en conocimiento de la Administración tutelante en un plazo máximo de un mes desde que se conociera esta situación".

Tal y como informó elDiario.es, la Cámara presentó en junio de 2019 la auditoría de las cuentas de 2018, un año que como los anteriores, se cerró en números rojos. La Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León, tutelante de la institución, le requirió el plan de viabilidad. A partir de ese momento, comenzó un tira y afloja: la Cámara, que llegó a negar que se les hubiese requerido el plan, adujo después que la ley no tenía retroactividad y que por tanto ese era su primer ejercicio negativo. También se basó en un "ebitda positivo" para negar los evidentes problemas económicos que la acucian desde hace años.

En medio de esa polémica que ya dura más de un año, el Pleno de la Cámara acordó la destitución del director general, Roberto García, por "pérdida de confianza". No ha habido explicaciones públicas sobre lo ocurrido, pero García se reincorporó a su puesto anterior de técnico de la Cámara a pesar de las sospechas sobre su gestión.

La Cámara llegó a 2020 sin haber presentado un plan que influiría directamente en el presupuesto. De hecho, el artículo 11 de la Ley de Cámaras marca el plazo máximo de 4 ejercicios contables para superar la situación de números rojos y ni uno más. A falta de tres meses para que acabe el año, sigue sin plan. Desde la Cámara han asegurado a elDiario.es que lo harán "antes del 31 de diciembre de 2020", año y medio más tarde de lo debido.

El silencio "positivo" de la Junta

La Consejería de Empleo da a este medio una información confusa: por un lado, se admite que la Cámara de Comercio de Valladolid solicitó una "prórroga" para presentar el plan -sin explicar en qué se basaba la petición-, pero que la Consejería no contestó y en este caso "el silencio administrativo es positivo". Pero a la vez, asegura que la nueva consejera, Ana Carlota Amigo, ha vuelto a requerir ese plan. Mientras, la Cámara ha ganado un año de gracia sin que la Junta sea capaz de explicar por qué permite que la institución cameral incumpla la Ley autonómica. Pero, además, esa misma Ley establece que si concurren circunstancias objetivas que hagan manifiestamente imposible solucionar la situación de inviabilidad económica mediante la presentación de un plan o cuando dicho plan se incumpliese, la Administración tutelante podrá proceder a la suspensión y disolución de los órganos de gobierno de acuerdo con el artículo 10 o aplicar los procedimientos previstos en los artículos 12 y 13 de esta ley. Basándose en ese texto legal, la Junta habría tenido que proceder a la extinción de la Cámara pero no ha dado ni un sólo paso en ese sentido después de que durante año y medio la Cámara haya obviado el plan, y eso a pesar de que es su mayor deudora.

La deuda contabilizada en 2017 ascendía a 8,6 millones de euros. Las de largo plazo con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2017 eran de 6,2 millones, 5,4 en el ejercicio 2016. Las de corto plazo en 2017 ascendían a 2,4 mientras que en el ejercicio anterior eran de 2,7 millones de euros. Cada año, la Cámara tiene gastos fijos de más de cuatro millones de euros y no logra cubrirlos con los ingresos. El agujero financiero no ha dejado de crecer y lo provoca en gran parte el ambicioso y fallido proyecto de la Escuela Internacional de Cocina.

El edificio se construyó y financió gracias a un acuerdo en 2008 entre el Ayuntamiento de Valladolid, entonces en manos del PP y regido por Javier León de la Riva; la Consejería de Economía, en esa etapa en manos de Tomás Villanueva, imputado en dos casos de corrupción poco antes de fallecer inesperadamente; y la Cámara, que en ese momento presidía José Rolando Álvarez, al frente del Grupo Norte. El Consistorio cedía el terreno durante 50 años, la Junta financiaba la construcción y equipamiento con 5 millones, y la Cámara gestionaba. Las obras acabaron en 2012 y según el contrato, la Cámara pagaría esos 5 millones en 180 cuotas hasta el año 2026. En 2010 ya se había anunciado la eliminación del recurso cameral, (más de tres millones de euros) aunque fue en 2012 cuando se dejó de percibir. Qué cuentas hizo la Cámara para no echarse atrás con la Escuela de Cocina, se desconoce, lo cierto es que sólo llegó a satisfacer unos pocos recibos. Y nunca más ha pagado.

La Junta ha refinanciado la deuda en varias ocasiones y el terreno cedido por el Ayuntamiento se ha hipotecado, pero el dinero público no se ha devuelto y la deuda engulle a la Cámara ante la pasividad de la Junta de Castilla y León, que sigue inyectando dinero público a través de encomiendas de gestión y subvenciones.

Pero no todas las Cámaras son iguales: en 2019 la de Ávila se extinguió por una deuda de poco más de medio millón de euros, mientras que la Cámara de León ha presentado un plan de viabilidad hace meses para superar una deuda que, según fuentes cercanas, es fácilmente solventable, porque la situación no se acerca, "ni de lejos", a la de Valladolid.

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Publicado el
14 de septiembre de 2020 - 06:30 h

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