Las Cortes de Castilla y León no pueden determinar si el pucherazo de Ciudadanos se hizo desde unos de sus ordenadores
Las Cortes de Castilla y León no puede investigar si el pucherazo de las primarias de Ciudadanos que dio la falsa victoria a su expresidenta, Silvia Clemente, sobre Francisco Igea, legítimo ganador, se produjo desde uno de sus ordenadores. A través de un comunicado al que ha tenido acceso eldiario.es, el Parlamento autonómico explica que ya ha concluido el informe que abrió el pasado 1 de abril y que no puede avanzar debido a que los sistemas de seguridad informática de que disponen no están diseñados para “auditar” comunicaciones sino para proteger sus datos y que los dispositivos que realizan esa protección tienen poca capacidad de almacenamiento y eliminan la información que recaban periódicamente.
Según el comunicado, la investigación comenzó por una noticia en un medio de comunicación digital que se publicó el pasado 29 de marzo, en la que se aseguraba que el pucherazo se gestó en un ordenador y una IP de las Cortes. Ese mismo día, la Presidencia solicitó a la Secretaría General de la Cámara que se dirigiese a los servicios informáticos de la institución para recabar “toda la información técnica” de la que dispusieran. La Sección de Sistemas y Comunicaciones de las Cortes de Castilla y León realizó entonces “actuaciones preventivas” para “guardar y poner a recaudo la información disponible en ese momento, para evitar su pérdida permanente”.
El pasado 1 de abril el presidente de las Cortes, Ángel Ibáñez, informó a la Mesa de la investigación y trasladó a sus miembros que, una vez que se hubiese completado la información técnica se les daría a conocer. El 5 de abril el Servicio de Informática trasladó a la Secretaría General el informe técnico sobre la disponibilidad de información acerca de conexiones desde las Cortes de Castilla y León relacionadas con el proceso electoral de primarias objeto de informaciones periodísticas. En ese informe se determina que los sistemas de comunicación y seguridad informática de las Cortes de Castilla y León “no están diseñados para auditar sus comunicaciones internas y externas”, sino con el objetivo de proteger sus datos y servicios informáticos. Además, los dispositivos que realizan esas funciones de protección “tienen una capacidad de almacenamiento limitada, y periódicamente eliminan la información más antigua para permitir el almacenamiento de la nueva”.
Así, para evitar perder la información, el Servicio de Informática, procedió a guardar la existente. Aún así “la información con la que cuentan las Cortes de Castilla y León en relación con las conexiones realizadas a través de sus direcciones IP se circunscribe a la seguridad informática y a la detección de problemas”. En cuanto a los ordenadores, “se dispone de información si estos estuvieran conectados a los sistemas de comunicación de la Institución”. La conclusión final es que esa información “no refleja todas las conexiones realizadas, ni permite a los servicios técnicos de la Cámara obtener conclusiones”. Además, en este caso “esas conclusiones sólo son alcanzables disponiendo de información ajena a las propias Cortes”. El comunicado también hace referencia al secreto de las comunicaciones, a la intimidad personal y familiar o el derecho al ejercicio del cargo representativo, si fuese más allá en su investigación.
La Presidencia de las Cortes también ha informado de que este viernes la Fiscalía Provincial de Valladolid ha remitido un escrito en el que solicita la información que conste sobre el pucherazo que supuestamente se fraguó en el Parlamento, incluyendo los informes técnicos realizados por el Servicios de Informática. Los Servicios de la Cámara se encuentran trabajando para remitir la información solicitada por la Fiscalía “a la mayor brevedad posible”.
La Fiscalía está investigando el pucherazo tras recibir una denuncia anónima. El Comité de Garantías y Valores de Ciudadanos ha tenido que facilitar toda la información requerida a pesar del intento del partido de Rivera de dar carpetazo al asunto. El informe que abrió tras la reclamación de Francisco Igea, al detectar 82 votos fraudulentos, no tiene aún conclusiones conocidas, ni siquiera por la ejecutiva nacional.
