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Junta y sindicatos firman el preacuedo de convenio colectivo para cerca de 12.500 trabajadores laborales de la Administración autonómica

Firma del preacuerdo del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración.

EFE

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Los 12.508 trabajadores laborales que tiene la Junta de Castilla y León, que incluye a los fijos discontinuos en extinción de incendios, ya tienen un nuevo convenio colectivo que sustituye al de 2013 y que ha requerido tres años de negociación hasta llegar a la firma este viernes del preacuerdo del mismo entre la Junta y los sindicatos UGT, CCOO y CGT.

Del la firma de este preacuerdo este viernes entre los sindicatos y el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, se ha descolgado CSIF y las previsiones son que a final de abril o como muy tarde principios de mayo se apruebe en Consejo de Gobierno de la Junta.

Los sindicatos aplauden la “voluntad política”

Los tres sindicatos firmantes han agradecido la “voluntad política” de la Consejería, en palabras de la responsable de la FSP de CCOO, Ana Fernández, la “buena fe negociadora”, según el firmante de la CGT Tomás García, y la “lección de diálogo”, “temple y mano izquierda” en estos momentos de histrionismo político para llegar a “uno de los mejores convenios que se podía firmar”, según el responsable de la FeSP de la UGTCyL, Tomás Pérez Urueña.

Este convenio afecta a personal contra incendios, auxiliares de enfermería, ordenanzas, personal de limpieza, cocineros, enfermeros en servicios sociales e incluye algunas reivindicaciones históricas como la jubilación parcial o la ponderación nocturna del personal de servicios sociales.

El nuevo convenio sustituirá al que se suscribió en 2013 y que, por acuerdo con la representación sindical en 2016 fue prorrogado hasta el 1 de enero de 2018, con una negociación interrumpida por la pandemia que tras tres años y cien reuniones ha llevado a la firma de este viernes.

Mejoran las retribuciones y condiciones para 5.130 trabajadores

El consejero ha destacado que este convenio afectará a 12.508 trabajadores, de los que el 64,2 % son mujeres (8.033) y el 35,8 % son hombres (4.475).

Y como novedades incluye que los cinco grupos de clasificación profesional actuales se reducen a 4 en aplicación del nuevo sistema educativo, integrando el grupo 5 en el grupo 4, que afecta a 5.130 trabajadores, con una mejora en retribuciones y condiciones laborales, ha recordado el director de Función Pública, Francisco Raedo.

Además se ha realizado una actualización de las titulaciones requeridas para el acceso a las categorías profesionales en función de su grupo profesional.

Con ello se ha tendido a la profesionalización y especialización del personal laboral eminentemente perteneciente a los grupos III y IV, aplicando con rigor lo previsto en la normativa en materia de educación y equivalencias de titulaciones, así como en la Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional.

Raedo se ha referido a la protesta de los cuidadores de los servicios técnicos asistenciales para que no se rebaje la titulación para el acceso a su categoría profesional y ha explicado que se debe a un ajuste legal de las equivalencias educativas desde el anterior convenio, con la posibilidad de una adaptación a través de las certificaciones profesionales.

Los fijos discontinuos del operativo contra incendios trabajarán un año entero desde 2025

Entre los colectivos afectados por este convenio destaca el del operativo de lucha contra incendios forestales, para recoger lo firmado en materia de mejoras laborales del personal del Operativo de Incendios en el Diálogo Social.

Con ello se redefinen las categorías profesionales del operativo y se les amplía el contrato de trabajo a los conocidos como fijos discontinuos para que sea de un año entero en el 2025.

Además, este personal fijo discontinuo podrá participar en el Concurso Abierto y Permanente de febrero y noviembre, en iguales condiciones que el resto de personal laboral fijo.

Incluye además un reconocimiento económico al personal que presta sus servicios en la Gerencia de Servicios Sociales, en concreto el pago a las enfermeras de un complemento de continuidad asistencial, que retribuye el solape en el cambio de turnos, así como el reconocimiento de una jornada minorada como compensación por realizar su jornada laboral en turno rotatorio que incluya el turno de noche.

Y se equipara al personal laboral al funcionario en el régimen de vacaciones, permisos, licencias y permisos se refiere.

CSIF no firma y UCAL-CESM se manifiesta

El sindicato CSIF ha considerado que el documento firmado resulta “insuficiente, injusto, discriminatorio y tacaño”, al implicar un “retroceso” en los derechos de los trabajadores y una oportunidad perdida para la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos, que ven “precarizadas” sus condiciones laborales.

“Por rigor, por responsabilidad, por compromiso, CSIF no firma este convenio colectivo”, ha resumido el presidente del Sector Autonómico de la Junta de este sindicato, Mariano Prieto, en un comunicado de prensa, en el que calculan que la Administración se ha “ahorrado” unos 13 millones de euros en los cinco años que se arrastran de negociación.

Por su parte, el sindicato USCAL-CESM ha convocado una protesta ante la Consejería de la Presidencia para manifestar su desacuerdo con el preacuerdo, que ven como un “grave perjuicio” para determinados colectivos de empleados públicos, como los técnicos de atención a personas dependientes y los cuidadores técnicos de servicios asistenciales –CTSA-, que desaparecen.

Este sindicato también ve un “incumplimiento de los acuerdos del Plan de Empleo del personal informático, la composición de la Comisión Paritaria, el articulado de los procesos de selección y promoción interna, los complementos salariales, la inconcreción de los puestos de trabajo con atención directa al público y la falta de convocatorias de la Mesa de Negociación del Personal Laboral”

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