Varias organizaciones exigen el fin del arbitraje inversor-Estado para evitar demandas multimillonarias como la de Berkeley contra España

Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) se han unido a varias plataformas europeas para demandar el fin del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, un sistema “que socava la acción democrática de los gobiernos y obstaculiza la urgente transición ecológica”. Es una estrategia que han analizado en diez casos las redes Amigos de la Tierra Europa y la European Trade Justice Coalition, en línea con el evento 'Protegiendo las políticas públicas de los litigios presentados por inversores', que se celebrará el 23 de septiembre en el Parlamento Europeo.

Uno de los casos analizados es la demanda que la multinacional australiana Berkeley presentó en 2024 contra España después de que el gobierno y los tribunales españoles tumbaran el proyecto de una mina de uranio en Salamanca. Berkeley ha acudido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) amparada por el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y, aunque España y la Unión Europea abandonaron este tratado en 2024, los inversores siguen protegidos por este instrumento durante veinte años después de su terminación, según han informado las organizaciones a través de un comunicado. La UE tomó esa decisión porque consideró que este tratado “no era compatible con los objetivos climáticos de la UE en el marco del Pacto Verde Europeo y del Acuerdo de París”, principalmente debido a la preocupación por la continuidad de las inversiones en combustibles fósiles.

El proyecto de Retortillo de constituir la mayor mina de uranio a cielo abierto de España se vino abajo en 2021 después del rechazo el Consejo de Seguridad Nuclear por “la escasa fiabilidad” de la seguridad de almacenamiento de los residuos radiactivos. Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado a Berkeley por difundir tarde información privilegiada (150.000 euros) y a su primer ejecutivo por una infracción “muy grave” de la Ley del Mercado de Valores al embolsarse un beneficio de 40.000 euros comprando y vendiendo títulos de la compañía a finales de 2020, mientras disponía de información privilegiada que la empresa

Berkeley argumenta ante el CIADI que el Consejo de Seguridad Nuclear “actuó de forma discriminatoria y arbitraria” en la revisión de los planes de la empresa y defiende que se les pidió una información que no le solicitó a otras empresas que planteaban proyectos similares. Si la empresa ganase, España podría verse obligada a reanudar el proyecto de minería o a pagar los mil millones de dólares (unos 900 millones de euros) que Berkeley exige en concepto de indemnización por supuestas pérdidas de beneficio. Esta cantidad es diez veces más de lo que se estima que la empresa gastó en el desarrollo del proyecto. elDiario.es se ha puesto en contacto con Berkeley, pero no ha recibido respuesta en el momento de publicar esta información.

Estas organizaciones lamentan que gobiernos como el de España se enfrenten a demandas multimillonarias de grandes empresas e inversores cuando pretenden proteger el medio ambiente y otros intereses públicos. “El sistema de arbitraje de inversiones está dando a grandes empresas y especuladores el poder de anular la acción democrática de un gobierno, incluyendo el cumplimiento de la legislación ambiental, con el único fin de garantizar sus beneficios. Se trata de una herramienta muy peligrosa en el escenario actual, donde las políticas europeas sobre minerales críticos están multiplicando los proyectos extractivos en todo el Estado”, defiende la responsable de recursos naturales de Amigas de la Tierra, Adriana Espinosa.

Concentración en Retortillo este miércoles

La Plataforma Stop Uranio ha convocado este miércoles 17 de septiembre a las 19 horas una concentración frente a las puertas de la empresa Berkeley, en Retortillo (Salamanca), para exigir el fin de lo que consideran un chantaje de la multinacional al Gobierno de España. La plataforma exige que no se indemnice a una empresa que ha hecho “tanto daño” en Campo Charro, arrancando dos mil encinas, destrozando más de 50 hectáreas de terreno y “provocando una fractura social” de la que todavía se están recuperando.

“No se puede entender que una empresa consiga una indemnización por un lucro cesante del que nadie está seguro que hubiese conseguido si finalmente hubiera abierto las instalaciones de Retortillo. Siempre se ha remarcado la baja proporción de mineral de uranio existente en la zona y las dificultades para su extracción. Berkeley lo único que ha perseguido es la especulación bursátil, realizando acciones en la zona con el único interés de provocar movimientos en el mercado”, protestan desde la asociación salmantina.

Además de las políticas ambientales, las otras demandas de arbitraje analizadas afectan a acciones adoptadas por los gobiernos para proteger intereses de seguridad nacional (Huawei contra Suecia), adoptar medidas fiscales (demanda contra la UE y varios países por el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas de 2022), garantizar un acuerdo equitativo y luchar contra la corrupción (demandas de Shell y ENI contra Nigeria), proteger la toma de decisiones democrática (la multinacional Rio Tinto contra Serbia por la mina de litio de Jadar) o cumplir la legislación europea sobre sanciones (caso del oligarca ruso Fridman contra Luxemburgo).

Las organizaciones recuerdan que a pesar de que la Unión Europea abandonó el Tratado de la Carta de la Energía en 2024, actualmente hay más de mil tratados bilaterales de inversión (TBI) en vigor, la mayoría de los cuales contiene un mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado. “Se trata de un sistema paralelo a la justicia ordinaria, opaco y favorable al inversor que debilita las políticas ambientales, climáticas y sociales de la Unión Europea. La UE y los gobiernos deben abolir este sistema obsoleto”, ha afirmado Pedro Ramiro, coordinador de OMAL.

Estas plataformas exigen a la Unión Europea y al Gobierno de España que pongan fin a los mecanismos de solución de controversias inversor-Estado en los acuerdos de inversión para “proteger la soberanía de los gobiernos” y la “urgente transición ecológica” frente a la “avaricia” de los grandes capitales.