La Fiscalía rebaja a 18 meses de cárcel la pena contra los mossos que iban con Puigdemont cuando fue detenido
La Fiscalía ha mantenido la acusación por un presunto delito de encubrimiento contra los dos mossos que acompañaban al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en 2018, si bien ha rebajado su petición de pena, que pasa de la inicial de tres años de cárcel a un año y seis meses de prisión para cada uno de ellos, según ha indicado este jueves en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional.
Los acusados son los mossos Carlos P. y Xavier G. Según contaron en la sesión inaugural del pasado martes, llegaron a Waterloo el 19 de marzo para ayudar a Puigdemont con “el día a día” de la casa de Waterloo y el 23 de marzo les dijeron (personas que no identificaron) que debían hacer un viaje en coche para recoger al ex president en Estocolmo y llevarlo de vuelta a Bruselas, donde se entregaría a la Fiscalía belga. Lo hicieron aprovechando unos días de libranza, no como escoltas, recalcaron.
La Fiscalía española, sin embargo, cree que su verdadero objetivo era evitar que Puigdemont fuera detenido, por virtud de dicha euroorden, en algún lugar donde ésta pudiera ejecutarse, informa Europa Press. En su informe final, el fiscal Emilio Miró ha insistido en que hay delito de encubrimiento por la condición de agentes de los dos acusados, ya que, según el fiscal, “sabían que había una euroorden y sabían que debían proceder a la detención” de Puigdemont.
El fiscal no ha dado credibilidad a que, como declararon los acusados, su intención fuera llevar a Puigdemont hasta Bélgica para su entrega a la Fiscalía de ese país ya que hicieron el viaje “largo, anómalo y dificultoso” de Estocolmo a Bélgica por carretera, evitando los aeropuertos y los controles de fronteras.
Por su lado, el abogado defensor de los dos acusados, Cristóbal Limón, ha pedido la absolución de los agentes y ha cargado contra la Policía por “tener controlados los movimientos de Puigdemont” después de que este miércoles una agente de la Policía Nacional afirmara que tenían ubicado a Puigdemont cuando se reactivó la orden europea de detención y entrega en su contra porque seguía sus movimientos mediante “fuentes abiertas”, como redes sociales y prensa, e informaba “puntualmente” de ello al Tribunal Supremo.
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