La Generalitat pagó 1,5 millones de más a Ferrovial por la externalización del rastreo de COVID en Catalunya

El servicio telefónico para rastrear a casos positivos de COVID durante la pandemia, que en Catalunya fue externalizado a Ferroser (filial de Ferrovial) con polémica, tuvo un sobrecoste de unos 1,5 millones de euros. Esta es una de las principales manchas que ha encontrado la Sindicatura de Cuentas, el organismo catalán dedicado a fiscalizar las finanzas públicas, que ha auditado los últimos ejercicios contables de la empresa Sistema d'Emergències Mèdiques. De esta forma ha detectado que, entre junio de 2020 y enero de 2021, el departamento de Salut de la Generalitat pagó por el servicio telefónico de rastreo de COVID una factura que no se correspondía con las necesidades de la carga de trabajo que desarrollaba.

La Sindicatura considera que este sobrecoste abonado a Ferrovial no está justificado ya que excede “los costes directos e indirectos y al beneficio industrial del contratista”. Por su parte, Salut reconoce esta situación y asegura que ya ha reclamado a Ferrovial una revisión de aquellos costes sobredimensionados, aunque a juicio de la Generalitat el exceso se quedaría en unos 920.000 euros.

El contrato firmado entre el Govern y Ferrovial preveía unos costes fijos de 9 millones en total, además otra parte variable de, como máximo, 8,6 millones de euros, por un servicio de centralita telefónica que rastreaba a los positivos por coronavirus y a sus contactos y les daba indicaciones sanitarias de cómo debían actuar. El complemento variable se justificó por parte de Salut como una forma de asegurar que el servicio pudiera ampliarse si los contagios aumentaban de forma inesperada.

El contrato era anual, pero se acabó rescindiendo en enero debido a lo polémico de la externalización. Sin embargo, la Sindicatura señala que Ferrovial acabó cobrando la parte proporcional a los meses que estuvo ofreciendo el servicio, incluyendo el mismo porcentaje de la parte variable pero sin justificar que ésta hubiera sido necesaria por un aumento de la carga de trabajo.

Para llegar a esta conclusión la Sindicatura ha analizado las llamadas realizadas desde el servicio de rastreo a lo largo de los meses para concluir que los picos se produjeron entre agosto y octubre de 2020, coincidiendo con la segunda ola, que fue especialmente virulenta en algunas zonas de Catalunya. En octubre, por ejemplo, una plantilla de 357 personas hicieron un total de 478.461 llamadas. En los siguientes meses el número de contactos telefónicos se redujo paulatinamente, pese a lo que la plantilla aumentó hasta llegar a 697 personas.

“Durante los meses de mayo, junio y julio, el dimensionamiento del servicio se fue ajustando a las necesidades. A partir de agosto, el número de gestores se fue incrementando mientras que el servicio realizado por los gestores, en número de llamadas y horas efectivas de las llamadas, fue a la baja, a partir de noviembre”, afirma el informe. Una constatación que la lleva a concluir a la Sindicatura que Ferrovial no debía haber cobrado buena parte del plus por los últimos cuatro meses en los que el contrato se mantuvo vigente. En total, la empresa recibió 11,8 millones en total por un servicio que prestó durante ocho meses.

En las alegaciones efectuadas, Salut rechaza la cifra que propone la sindicatura y rebaja el sobrecoste a 920.000 euros, haciendo su propio análisis de costes del servicio a lo largo de los meses que lo prestó Ferrovial. El Govern subraya que la desviación es por tanto mucho menor a la que denuncia la Sindicatura y asegura que ya ha iniciado el proceso para reclamar ese exceso de pagos a Ferrovial.

Otra de las presuntas irregularidades que señala el informe es que varios trabajadores que la empresa contó como parte de la plantilla para cargar su coste al erario público habrían estado en situación de incapacidad temporal en algún período de tiempo. “Sin embargo, estos casos fueron facturados en el SEM con una dedicación equivalente a jornada completa, sin deducir el importe pagado por la Tesorería de la Seguridad Social”, indica la Sindicatura. “Dado que los profesionales contratados para sustituir a los trabajadores en situación de incapacidad temporal están incluidos también en la facturación del proveedor en el SEM, esta entidad va abonar un importe superior al que correspondía por los servicios realmente prestados”, concluye.

El contrato con Ferrovial para hacerse cargo del servicio de rastreadores COVID fue muy polémico durante el primer verano de la pandemia, por haber sido adjudicado de forma directa y sin concurso público a la empresa. La Generalitat lo justificó debido a la emergencia y dado que Ferroser ya estaba gestionando el teléfono sanitario del 012, otra externalización que también ha generado polémica posterior. Pese a que Pere Aragonès pactó con la CUP, inicialmente, y después con los comuns que este servicio se integraría a la gestión de la Generalitat, en junio pasado volvió a salir a concurso público para empresas.