El juez deja en libertad a Vendrell, Madí, Soler y al resto de detenidos por Tsunami Democràtic

El juez ha dejado en libertad sin medidas cautelares a los expolíticos de Convergència y ERC David Madí y Xavier Vendrell, al editor Oriol Soler, y al resto de detenidos el miércoles por su presunta relación con Tsunami Democràtic, en un caso que también investiga la financiación de Puigdemont en Waterloo, una presunta trama rusa a favor del procés y un supuesto tráfico de influencias de los dos expolíticos para conseguir contratos de la Generalitat y una recalificación urbanística.

Pese a la gravedad y las múltiples ramas del caso que dibujan el juez y la Guardia Civil, la Fiscalía no ha pedido ninguna medida cautelar contra los detenidos, ni siquiera la retirada del pasaporte o las comparecencias semanales ante el juzgado. La comparecencia ante el juez de los nueve detenidos –otros doce ya fueron puestos en libertad por la Guardia Civil– ha sido muy breve, ya que todos se han acogido a su derecho a no declarar habida cuenta de que sus defensas todavía no han podido estudiar a fondo la causa, que ha estado más de un año bajo secreto.

Además de Vendrell, Madí y Soler –que integraron junto a los políticos independentistas el 'estado mayor' del procés– han quedado en libertad el interventor del Consell Català de l'Esport, adscrito al departamento de Presidencia de la Generalitat, Jordi Serra, así como Antonio Fusté y Roc Aguilera, dos de los responsables de la empresa Events de Igualada (Barcelona), dedicada al montaje de escenarios y que el juez indaga si estuvo detrás del que Tsunami Democràtic instaló en la frontera de La Jonquera (Girona).

Los otros tres detenidos que han comparecido este viernes ante el juez y que han quedado asimismo en libertad son la profesora Marta Molina, el empresario Enric Mir y el excónsul honorario de Letonia en Barcelona y presidente de la Plataforma pro selecciones catalanas, Xavier Vinyals, que también ha quedado en libertad.

La macrocausa que el juez Aguirre mantiene abierta por malversación, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales en el artículo y desórdenes públicos tiene varias ramas: un supuesto caso de corrupción urbanística de Vendrell, contratos de emergencia por la COVID-19 que la Generalitat habría concedido de forma irregular a Vendrell y Madí, una trama rusa del procés, la financiación de Carles Puigdemont en Bélgica y la supuesta participación e impulso de Tsunami Democràtic por parte de Soler, Madí y, en especial, de Vendrell.

Según el juez, las escuchas telefónicas a los ahora empresarios Madí y Vendrell revelan que los antiguos dirigentes de CDC y ERC seguían manteniendo su influencia política y sus contactos en el Govern, que presuntamente utilizaban para beneficiar sus negocios y repartirse fondos públicos “arbitrariamente”.

Las detenciones de este miércoles han elevado a la cincuentena los investigados en la causa, que se abrió en 2016. Inicialmente el caso versaba sobre un fraude en subvenciones de la Diputación de Barcelona a entidades afines a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), pero el arresto el año pasado del exresponsable de relaciones internacionales del partido, Víctor Terradellas, fue la palanca empleada por juez a investigadores para adentrarse en la investigación del proceso soberanista.

El juez quiere corroborar hasta qué punto son verdad las palabras de Terradellas en una grabación que el exresponsable internacional de CDC realizó a escondidas de sendas conversaciones con Madí y Vendrell. En las grabaciones Tarradellas explicó que el 24 de octubre de 2017, tres días antes de la DUI, el jefe de un “grupo ruso creado en la época de Gorbachov” con el que había contactado en relación con la plataforma de criptomonedas ofreció a Puigdemont “contar con diez mil soldados y pagar toda la deuda catalana”.

Pero el expresident, siempre según lo expuesto por Terradellas, “es va cagar a les calces” (traducido al castellano, se cagó en los pantalones). “De haber aceptado, probablemente los acontecimientos habrían sido trágicos y habrían desencadenado un conflicto armado en el Estado con un incierto número de víctimas mortales”, apunta el juez para sostener que deben investigarse las palabras de Terradellas (que todavía no ha sido llamado a declarar en la causa pese a que las de los soldados rusos no son sus primeras extravagantes manifestaciones sobre el procés que constan en el sumario).

La otra pata de la trama rusa apuntada por el juez y la Guardia Civil descansa en la reunión que Soler mantuvo con el líder de Wikileaks, Julian Assange, en la embajada de Ecuador en Londres en noviembre de 2017, cuando la Generalitat ya estaba intervenida por el Gobierno. Sin aportar otro dato más que la reunión en sí, la Guardia Civil la enmarca en una “estrategia de desinformación y desestabilización en la que también habría participado el gobierno del Kremlin como parte de su narrativa general sobre una Unión Europea al borde del colapso”, una tesis que la defensa de Soler califica de “kafkiana”.