La aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Estado español se ha concretado, entre otras muchas medidas, en unas futuras elecciones al Parlamento de Cataluña convocadas por el Presidente del Gobierno. Esta posibilidad ha generado incertidumbre en el independentismo por el posible conflicto de legitimidades entre un Gobierno independentista paralelo a un Parlamento unionista.
Porque lo que parece que no sabe si hacer el independentismo es si presentarse a estas elecciones. Evidentemente, después de una DUI, el independentismo no podría reconocer esta convocatoria. Pero el miedo de que un 30-40% de la población catalana la reconociera es real y podría comportar regalar el Parlamento a una mayoría unionista. Y el Gobierno no se puede permitir este regalo mientras se construye un relato de legitimidad propia, con unas instituciones independientes que se tendrán que proteger, incluso quizás con cargos al exilio y con un poder legislativo que quizás se tiene que entregar a la Asamblea de cargos electos.
Y de este miedo salen propuestas que podrían llevar a la derrota. Entre ellas, la convocatoria de unas elecciones constituyentes contrarias a la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, votada por el Parlamento, y que prevé un proceso constituyente participativo previo a esas elecciones. Esta opción, planteada por determinados círculos, y que pretendería que la convocatoria “inevitable” fuera controlada por las propias instituciones catalanas, llevaría a la derrota porque renunciaría a hacer efectiva la DUI (y a ver qué éxito tiene). Además, esta propuesta divide y provocaría la confrontación entre partidos y organizaciones independentistas.
Pero si el independentismo no tiene que reconocer la convocatoria electoral efectuada por el Gobierno y a la vez se puede encontrar, hipotéticamente, con un peligro real por la coherencia del relato constitutivo del Estado, ¿qué opción le queda? Una opción arriesgada, pero que es posible, más allá de siglas y que busque únicamente el boicot. Un boicot que en ningún caso se puede permitir la abstención.
En primer lugar, habría que presentarse y disputar la mayoría absoluta del Parlamento. Y la forma sería una lista unitaria civil, aquella propuesta que se aparcó por el 27S y que tenía cierto consenso en el independentismo. Así se conseguiría rehuir intereses partidistas, siglas y cuotas de poder, y tendría sentido teniendo en cuenta el objetivo.
De este modo, en segundo lugar, habría que conseguir la mayoría de escaños para no dejar que se constituya el Parlamento. Es decir, esta lista, se tendría que presentar, y ganar, porque estas elecciones fueran completamente falladas. Y es que a pesar de que el Reglamento del Parlamento no se plantea que sea posible que no comparezcan más de la mitad de los miembros, el artículo 89 prevé que “Para poder adoptar acuerdos válidamente, el Parlamento se tiene que encontrar reunido según el que establece el Reglamento, y con la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros”. Esto quiere decir que no se podría acordar ni siquiera la constitución de la Mesa que iniciaría la legislatura. El Parlamento no llegaría a existir si mantuviera 68 o más sillas vacías.
En definitiva, el independentismo haría bien de centrarse al hacer una DUI que sea efectiva y, sólo en caso de que sea necesario, se tendría que presentar sin siglas en las elecciones del 155 para asegurar la victoria para boicotearlas.
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