Examen a la legislatura de Torra

Quim Torra no aspiraba a ser presidente de la Generalitat. Formaba parte del grupo de diputados que se autodenominaba legitimista que consideraba y considera aún que Carles Puigdemont debía ser investido vía telemática pese a que la legislación no lo permitía. Nunca fue la primera opción pero nadie en su entorno dudaba de su fidelidad a Puigdemont y eso le convirtió en el elegido. Este domingo se cumplen dos años desde que tomase posesión del cargo y salvo que se lo repiense y decida cumplir su promesa de adelantar las elecciones, se convertirá en el primer president de la Generalitat en activo en cesar del cargo por condena judicial firme.

ERC le apremia para que convoque ya los comicios pero él argumenta que no puede irse en plena gestión de la pandemia. Una gestión que no ha estado exenta de polémica por sus críticas a algunas de las decisiones del Gobierno central pero que también le ha suscitado apoyos por la prudencia de algunas de las medidas que ha adoptado la Generalitat para intentar frenar la expansión del coronavirus en Catalunya.

En todo caso, quiera o no, el president deberá renunciar una vez el Tribunal Supremo confirme la sentencia del TSJ catalán que condenó a Torra a un año y medio de inhabilitación por desobediencia al retirar los lazos amarillos del Palau la Generalitat una semana más tarde de lo ordenado por la Junta Electoral. Todavía hoy los juristas no se ponen de acuerdo en si cometió o no el delito que le acabará apartando de la presidencia.

La catedrática de Derecho Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona Mercedes García Arán, enmarca la estrategia de Torra en la desobediencia pregonada por otros líderes del procés. “Desde un punto de vista jurídico, el caso tiene todos los elementos del delito de desobediencia tal como se definen en el Código Penal y los interpreta la jurisprudencia”, asevera.

Por contra, el también catedrático de Derecho Penal de la UB Joan Queralt cree que la libertad de expresión amparaba la colocación de la pancarta. “La pancarta no daba ningún motivo para hacer nada: la Junta Electoral Central es la única en el mundo occidental que esgrime un concepto de la neutralidad que no está en la ley electoral ni en la Constitución”, afirma.

En el juicio, Torra no se ahorró críticas a los magistrados que lo juzgaban en particular y al Poder Judicial en general. “El respeto institucional de la Generalitat hacia la Administración de Justicia se ha ido deteriorando progresivamente y el president Torra al desoír las decisiones judiciales, lo deteriora aún más”, reflexiona García Arán. Queralt alerta además de la “desconexión total” y la pérdida de confianza en el sistema judicial de una buena parte de la población catalana. “Lo que tiene que ser un debate político se convierte en un debate judicial”, agrega.

Un activista en el Palau

El periodista Francesc Marc Àlvaro, dedicado desde hace años a analizar la política catalana, considera que Torra no ha asumido que el cargo de presidente de la Generalitat es “algo más que la tarea de jefe de un gobierno”. “El error ha sido no entender que tiene una dimensión simbólica muy fuerte, que obliga a ponerse, de vez en cuando, por encima de la batalla partidista. Tarradellas, Pujol, Maragall, Montilla, Mas y Puigdemont, cada uno a su manera, sí lo tuvieron en cuenta”.

Este analista es de los que cree que a Torra le ha sobrado activismo y le ha faltado institucionalidad. “Ha sido más activista que presidente desde el primer día, porque asumió una posición vicaria, como él mismo explicó. Esto ha erosionado el prestigio de la institución presidencial. Con todo, a raíz de la crisis de la COVID-19, Torra ha cambiado un poco: ha intentado ejercer de manera más ejecutiva, con voluntad de marcar perfil propio, paradójicamente cuando su sintonía con Puigdemont ha perdido intensidad”, resume.

Otro periodista y exsecretario de Comunicación en la etapa de Artur Mas, Josep Martí Blanch, lamenta que el president no tiene ningún interés en conocer la complejidad del país: “Negándose a aceptar explícitamente las lecciones de 2017 se ha obligado a hacer un viaje errático y solitario, enclaustrado en Twitter y en su equipo de colaboradores más pequeño y reducido. Sin poder real, ha intentado sobrevivir a través de extremar la simbología y convirtiendo la presidencia en una especie de presidencia de una entidad civil. Por no poder, para hablar claro, no ha podido cesar ni a un consejero porque su poder real ha sido y es minúsculo”.

Antes de que el coronavirus hiciese saltar por los aires la mayoría de planes de todos los gobiernos, el compromiso de Torra era que, una vez se dispusiese ya de los Presupuestos y sin esperar a la sentencia del Supremo anunciaría la fecha de las elecciones. La aprobación de las cuentas, gracias al apoyo de los ‘comuns’, es el mayor logro que puede apuntarse aunque la negociación recayó en el vicepresidente económico y hombre fuerte de ERC, Pere Aragonès. Son unas cuentas que la Generalitat ya ha reconocido que deberán rehacer para aumentar la inversión en partidas como la de Salud.

Josep Maria Puig, del sindicato mayoritario Metges per Catalunya, señala que es pronto para evaluar la respuesta del Govern a la crisis, pero critica que los Presupuestos aprobados no lo hayan tenido en cuenta pese a que ya contemplan 900 millones para contratar a 1.400 profesionales sanitarios. La huelga de facultativos logró el compromiso de la Generalitat de incorporar 300 médicos de cabecera más para Atención Primaria, pero según Metges de Catalunya no se ha llegado a cumplir y la sobrecarga ha persistido.

El balance económico

Más allá de los Presupuestos, los agentes sociales consideran que la falta de cohesión interna ha lastrado el Govern de Torra y ven carencias en la gestión. El secretario general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, la califica de “insuficiente total”, mientras que su homólogo en UGT, Camil Ros, cree que el Ejecutivo “necesita mejorar, pero seguramente lo que necesita son elecciones”.

El balance que los empresarios hacen de estos dos años es desigual y tiene como telón de fondo, entre otros motivos, la simpatía o el rechazo al proceso independentista. Desde la patronal Foment critican un exceso de política “ideológica” y creen que la primera mitad de la legislatura ha estado marcada por la falta de presupuestos, aunque destacan el buen comportamiento de la economía catalana durante este periodo. En cambio en la Cambra de Comerç, donde el pasado verano se impuso una candidatura impulsada por la ANC, apoyan sin ambages al ejecutivo catalán y valoran “muy positivamente” este bienio.

“La media legislatura del president Torra ha sido muy complicada”, señala Joan Canadell, presidente de la Cambra de Comerç, que considera que la “salida del 155” y la sentencia del procés han generado “inestabilidad política y social” y han marcado estos dos años. “Se ha acusado la falta de una agenda económica y social clara y ordenada”, apunta Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment, que considera que el incremento fiscal de los presupuestos aprobados a inicios de 2019 era “desproporcionado”.

Pacheco lamenta la “falta de desarrollo” de los compromisos en materia industrial y de empleo que forjó el Ejecutivo al constituirse el Pacte Nacional per la Indústria, un instrumento que Ros ve “de buenas voluntades y pocas concreciones”. “La acción de gobierno ha sido poco productiva y no se han buscado soluciones compartidas con los agentes sociales y la sociedad civil”, zanja Pacheco. En ello coincide Ros: “Ha faltado una participación mucho más real de la patronal y los sindicatos”.

Según los datos de la EPA, la tasa de paro en Catalunya cuando Torra accedió a la presidencia era del 11,4% y en el primer trimestre de este año bajo solo unas décimas, hasta el 10,7%. Pero la crisis del coronavirus ha hecho trizas todas las previsiones económicas que preveían un crecimiento económico moderado para este año. El nuevo escenario del Govern contempla una caída del PIB catalán de entre el 7,6% y el 8,8% y una tasa de paro disparada hasta el 17,1%, esto es, una pérdida de 225.000 puestos de trabajo cuando finalice 2020.

De cara a la nueva etapa, los sindicatos coinciden en reclamar al Govern que traslade y consensúe sus propuestas con el Consejo de Diálogo Social de Catalunya, que agrupa a Ejecutivo, patronales y sindicatos. “Manteníamos reuniones semanales pero desde 15 días el Govern no nos convoca”, lamenta Ros. Los dirigentes sindicales reclaman que en los próximos presupuestos se aumente el gasto en sanidad y educación y empleo público, sin olvidar la política industrial. “La actitud del Govern respecto a Nissan no da buenos pronósticos para la nueva etapa”, afirma Pacheco.

Hasta el inicio de la pandemia, el Producto Interior Bruto (PIB) de Catalunya siguió creciendo durante el mandato de Torra, si bien acusando una ralentización similar al del resto de la economía española. El PIB de 2019 fue de 250.597 millones de euros en 2019, según los datos del Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat). La cifra supuso un crecimiento del 1,9% respecto a 2018, seis décimas menos que el año anterior.

Políticas sociales, más discurso que concreción

En materia educativa, según la Fundació Jaume Bofill la Generalitat ha planteado una agenda progresista sin precedentes en Catalunya, pero a la vez esta ha quedado a menudo aguada por falta de concreción en su despliegue. Así lo resume su director, Ismael Palacín, que reconoce la “valentía” del Departamento de Educación a la hora de impulsar los decretos contra la segregación, de apostar por los nuevos institutos-escuela y de abrir por primera vez una dirección de Investigación y Cultura Digital. Sin embargo, lamenta que no se haya acometido la “gran asignatura pendiente” de la innovación pedagógica en Secundaria.

Otra de los frentes sociales a los que se ha enfrentado el Govern ha sido el de la vivienda, con subidas récord del precio de los alquileres. Un primer intento de decreto para abordarlo chocó con las entidades de inquilinos, que les reprochaban haberlo sacado adelante de forma unilateral. Jaime Palomera, del Sindicato de Inquilinos, valora “positivamente” que asumiesen finalmente sus propuestas de obligar a los grandes propietarios a ofrecer alquiler social incluso en situaciones de ocupación y hacer vivienda social “a perpetuidad”. Por otro lado, considera pendiente la ausencia de políticas para limitar –o “suspender”, según su propuesta– las licencias de pisos turísticos en las zonas con más presión.

El resumen de la acción social del Govern durante estos dos años es, de acuerdo con la Mesa del Tercer Sector, el de una “iniciativa legislativa escasa”. Su presidenta, Francina Alsina, lamenta que no haya sido hasta este mes de abril cuando se ha desplegado el reglamento de la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación que todavía no llega al 25% de la población con privación material severa. También lamenta que con la epidemia haya saltado por los aires un modelo de dependencia y de residencias de mayores que tenía ratios congeladas desde hace diez años, pero aun así le da una oportunidad al Ejecutivo: “Ahora es cuando pueden demostrar una agenda social real de cara a toda la ciudadanía”.

El epílogo de la legislatura

La iniciativa legislativa escasa que denuncian las entidades sociales es ampliable a otros sectores. En total se han aprobado 18 leyes (siete de ellas eran modificaciones de otras ya en vigor). La falta de sintonía entre los dos socios del Govern, cuyo máximo exponente en la mala relación que mantienen el presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC) y el vicepresidente, Josep Costa (JxCat), y las dificultades de llegar a acuerdos con los grupos de la oposición han sido una constante.

A estas alturas nadie en el Govern se aventura a dar una fecha para las elecciones, pero, a falta del fallo del Supremo sobre la condena de Torra, en JxCat no descartan intentar aguantar hasta el año que viene. Argumentan que sería “frívolo” plantear ahora unos comicios pese a que tanto Euskadi como Galicia quieren celebrarlos lo antes posible. En el entorno del president consideran que su figura se ha reforzado por la gestión que ha hecho de la pandemia mientras la oposición le ha reprochado que haya querido utilizar esta crisis para reforzar el mensaje independentista.

La ANC ha anunciado esta semana que la próxima Diada, que será “medio presencial y medio virtual”, reivindicará la independencia como instrumento necesario para hacer frente a crisis como la que ha provocado el coronavirus. El vicepresidente de esta entidad, Pep Cruanyes, destaca que ellos han coincidido muchas veces con lo que Torra ha dicho, pero ha discrepado con frecuencia con lo que ha acabado haciendo el Govern. “Respecto al programa independentista, no se ha avanzado casi y no se ha reaccionado suficiente a los ataques a nuestras instituciones, como ha sido el intento de apartar al president o el 155 encubierto con el estado de alarma”, asegura Cruanyas. “Es verdad que el discurso ha sido de compromiso y defensa de la autodeterminación, pero después la práctica ha ido por otro lado”, explica.

Respecto a la relación entre la presidencia y la Assemblea, su vicepresidente se muestra satisfecho con los canales de diálogo establecidos, como la mesa formada con el conjunto de las entidades independentistas para decidir las líneas de negociación en la mesa entre el Gobierno central y la Generalitat. “Nosotros apoyamos esa iniciativa porque nunca negamos el diálogo con nadie, pero lo hicimos con todas las reservas del mundo, y creo que el tiempo nos ha dado la razón”, apunta. A la hora de poner una nota a Torra, la ANC separa entre el president y su gobierno, y considera que el primero ha sido mejor que el segundo

El periodista Josep Martí Blanch concluye que más allá del balance de estos dos años lo que es imprescindible es aclarar ya el horizonte electoral. Necesitamos cerrar el paréntesis de una presidencia que,en palabras del propio president, era sólo un ‘mientras tanto Puigdemont no vuelva’, para poder encarar los próximos años con una presidencia que lidere, exija, coordine y tenga la capacidad de cesar, nombrar y todo lo que le corresponde a la presidencia de Catalunya. El país lo necesitará y la institución también“.

Con informaciones de Pol Pareja, Arturo Puente, Pau Rodríguez y Oriol Solé.