Aragonés: “No hay ningún motivo para que los instrumentos de aval del Govern sean rechazados”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido este sábado la legalidad y “solidez jurídica” del aval del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para hacer frente a las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a la treintena de exaltos cargos por la acción exterior del Govern entre el 2011 y el 2017.

Aragonès ha asegurado que el Govern catalán no contempla “ninguna opción” que no sea su aceptación por parte del organismo y también del Consejo de Garantías Estatutarias, que tiene que emitir su dictamen al respeto la próxima semana (a petición de PSC, Cs y PPC). Respecto a la dimisión de tres miembros de la dirección del ICF antes de la votación sobre la concesión del aval de 5,4 millones de euros, Aragonés les ha agradecido los años de “compromiso” con el organismo público.

De visita en Terrassa, Aragonès ha defendido sin ambages la iniciativa de su Ejecutivo a través del mencionado ICF la fianza requerida, a pesar de la división que ha generado en el ente. “[Los avales] son plenamente legales, de acuerdo con un decreto ley del cual todo el mundo reconoce su solidez jurídica”, ha asegurado. El presidente entiende así que no hay motivos por qué el organismo pueda rechazar este “mecanismo”, ni tampoco para un pronunciamiento contrario por parte del Consejo de Garantías Estatutarias, tiene hasta el 29 de julio para emitir su dictamen.

Preguntado por el hecho que tres miembros de la dirección del Instituto Catalán de Finanzas dimitieran esta semana justo antes de la reñida votación sobre la concesión del aval, el presidente se ha limitado a “agradecer a todo el mundo la tarea que se está llevando a cabo en cualquier de los organismos públicos”. Y en el agradecimiento, ha incluido también “las personas del consejo de administración de la ICF que han hecho una tarea muy importante los últimos años. Solo puedo tener palabras de agradecimiento por su compromiso”.

Aragonés ha insistido en la necesidad de que desde la Generalitat se dé “la protección que jurídicamente corresponde a personas que han actuado en el ejercicio de su cargo y de acuerdo con la ley”. “El Gobierno de Catalunya protege sus servidores públicos ahora y en el pasado”, ha insistido, antes de calificar de “persecución política” y “inquisición económica” la reclamación de un tribunal que considera “instrumentalizado por la derecha nacionalista española”. “Ni el mismo TC cuestionó, cuando lo examinó en el pasado, lo que estaba haciendo la Generalitat a nivel de acción exterior. La persecución es porque somos independentistas”, ha espetado.