Directivos de TMB creen que los periodistas reclaman transparencia solo para obtener lectores
La Constitución española señala en su artículo 20 que la libertad de información solo puede tener límite en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Esto es precisamente lo que alega un numeroso colectivo de trabajadores de TMB, la mayoría de ellos directivos y jefes, para reclamar al juez que pare las resolución de la Comisión de Transparencia que obliga a la empresa pública de transporte a revelar sus nombres y sueldos.
El grupo de directivos y técnicos impugnó ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la resolución de la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP), favorable a la petición de información hecha por Catalunya Plural en febrero de 2016. En aquel recurso reclamaron además medidas cautelares, que el TSJC avaló en un primer momento pero levantó después.
Ahora los directivos vuelven a reclamar medidas cautelares, esta vez con una argumentación jurídica que pide abiertamente limitar el derecho a la información de este diario. El escrito presentado ante el TSJC se extiende en consideraciones sobre la labor informativa de este medio, a la que acusa de “agresiva” y de “crear titulares” para “captar jugosas cifras de lectores”.
El abogado de los jefes de TMB asegura que en la petición de información pública de este medio hay “un trasfondo político” más allá de lo meramente informativo, y que “los intereses de los particulares” [sus clientes] debe estar por encima del “interés periodístico”. “Una cosa es la transparencia y otra es, bajo el paraguas de la transparencia pretender la obtención de finalidades que van más allá del verdadero cometido de la ley de transparencia”, asegura el escrito del letrado Antoni Ferré Mestre.
En otra parte del escrito, el letrado se sorprende y afea a este medio que publicara los nombres de los directivos de TMB que recurrieron ante el TSJC la decisión de Transparencia de obligar a revelar sus nombres y sueldos. De hecho, casi un año después de la primera petición a TMB, Catalunya Plural no ha obtenido de la empresa la información que solicitó.
La batalla contra la transparencia de un parte de los directivos y cargos de la empresa pública, presidida por la concejala de Movilidad de Barcelona, Mercedes Vidal, viene de lejos. Pero su último escrito aumenta varios grados la intensidad obstruccionista contra la transparencia, pasando de una interpretación estrecha de la ley a argumentar que se dicten unas medidas con el objetivo de evitar una investigación periodística.
Tras el escrito, el juez ha vuelto a imponer cautelares contra la resolución de la Comisión de Transparencia, que defiende el abogado de la Generalitat. El tribunal deberá ahora resolver el recurso, pudiendo dejar las medidas cautelares hasta que haya una sentencia firme sobre la cuestión o volviéndolas a levantar, como ya hizo el mes pasado.
Independientemente de la decisión que tome el juez, la empresa publica ya ha incumplido una resolución firme del organismo durante meses, por lo que sería aplicable el régimen sancionador previsto en la ley. La CUP anunció el mes pasado que reclamaría a Ada Colau, como presidencia del Área Metropolitana de Barcelona del que depende la empresa, incoar sanciones contra los máximos responsables de la empresa, que dirige Barcelona en Comú.
