La Fiscalía pide medidas para la protección personal del juez Llarena y su familia tras un tuit amenazante
La Fiscalía Superior de Catalunya investiga por amenazas un mensaje en Twitter de una usuaria en el que llamaba “hija de puta” a la esposa del juez Pablo Llarena, desvelaba su profesión y la localidad catalana donde el magistrado y su familia tienen una residencia. “Tienen que saber que a partir de ahora no podrán ir por la calle”, añadía la mujer.
El ministerio público cree que el mensaje puede ser constitutivo de un delito de amenazas o de coacciones porque de su contenido “no se desprende sino la intención de provocar intranquilidad de ánimo, inquietud y zozobra en las personas que en el mismo se designan, o la de impedirles o dificultarles su libertad de obrar”.
De ahí que el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, haya instado a los Mossos para identificar a la autora del tuit. Asimismo, ha ordenado a la policía catalana que active las medidas necesarias para la “protección personal” de la familia del juez Llarena. Antes de ser magistrado del Tribunal Supremo, Llarena desarrolló su carrera en la Audiencia de Barcelona, de la que llegó a ser presidente.
El magistrado ha recibido un alud de críticas desde círculos políticos y jurídicos por procesar por rebelión a los dirigentes independentistas, un delito que requiere violencia, y por ordenar el reingreso en la cárcel este viernes de Jordi Turull y otros cuatro diputados.
En el marco de las protestas de este domingo, Arran, una organización independentista vinculada a la CUP, ha señalado la casa que tiene en Das (Girona) el juez Llarena, con pintadas en el asfalto en las que le acusa de “fascista”. “Llarena fascista. Ni en Das ni en ningún sitio”, reza una de las pintadas firmadas por Arran, efectuadas en el asfalto frente a un chalé de esta población de la comarca gerundense de la Cerdanya en la que tiene una residencia el juez.
Tras esta actuación de Arran, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunió de forma extraordinaria y pidió al Ministerio del Interior medidas para proteger al juez Llarena y a su familia, así como a los jueces y magistrados en Catalunya.
