El libro que viaja al corazón de las cloacas del Estado de la mano de sus víctimas

Ya desde la Grecia antigua se documenta la existencia de redes de cloacas, sistemas de conducción de aguas residuales que recorrían el subsuelo de las ciudades y que servían a sus pobladores para arrojar los desechos, ocultar la basura y mantener limpio el exterior. No mucho más tarde debieron aparecer las cloacas en la segunda acepción del término: personas y entramados que trabajan en la alegalidad dentro, al lado o bajo la protección de sombrías estructuras de los estados para hacer el trabajo sucio que las democracias no pueden permitirse sacar a la luz.

Sobre esas otras alcantarillas, que en España han acaparado titulares en los últimos años sobre todo gracias al excomisario Villarejo y sus andanzas, acaba de publicar un ilustrativo libro la periodista Sara González. 'Per raó d'Estat' (Por razón de Estado), editado por Ara Llibres, es un verdadero viaje guiado al corazón de la cloaca policial, política y judicial española. La obra aborda desde el caso de Egunkaria al de los informes falsos contra Podemos, del 'caso Dixan' al de la CDR absuelta Tamara Carrasco, y acaba formando un variado muestrario sobre las más destacadas fechorías cometidas contra todo tipo de grupos que en algún momento fueron identificados como disidentes por parte de quien decía actuar en nombre del Estado.

“El objetivo de partida de este libro es devolverles la voz que les quitaron o que nunca tuvo tanto eco como la acusación que les cayó encima”, asegura la autora del libro desde la introducción, una declaración de intenciones que, sin embargo, no quita que 'Per raó d'estat' recoja testimonios muy diversos y desde diferentes prismas, por ejemplo, el del exministro Jorge Fernández Díaz. Quien fuera ministro de Interior durante uno de los periodos más prolíficos para la alcantarilla policial se muestra satisfecho por su etapa al frente de las fuerzas de seguridad y evita asumir ninguna responsabilidad.

La policía patriótica, del independentismo a Podemos

Aunque el subsuelo que visitamos no es el del metro, aquí también hay paradas. La primera, y seguramente la principal para entender muchas de las otras, es la que tiene que ver con la llamada 'policía patriótica', un grupo de policías que actuó al dictado de los intereses del PP en la etapa de Fernández Díaz. Uno de sus trabajos más conocidos fue el que afectó al 'procés' catalán. Pese a ser un caso sobre el que han corrido ríos de tinta, Sara Gonzalez se detiene en una de las más tempranas manifestaciones de aquella operación: la que afectó al exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, en octubre del 2014.

El edil vio cómo El Mundo publicaba falsamente que poseía 12,9 millones de euros en una cuenta andorrana, a pocos días de la consulta del 9 de noviembre y a menos de un año de volverse a presentar a las elecciones. Trias desmiente categóricamente la información. “No hay ni un euro en Suiza y ni un euro en Andorra”, se desgañita por radios y televisiones, después de poner el caso en manos de abogados. El diario sin embargo no recula sino que da un paso más y, un día después, publica el supuesto número de cuenta donde Trias escondería el dinero, y ofrece datos sobre el informe policial surgido de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Un informe que, pese a la espectacularidad inicial, queda en nada solo dos meses después, cuando la Fiscalía lo archiva. El carpetazo mata el caso, pero la noticia ya ha surtido el efecto político previsto. Trias siempre situó a Fernández Díaz detrás del caso, como después demostrarían las grabaciones reveladas por Público en el que el ministro habla sobre la falsa cuenta del alcalde. Según opina él mismo en el libro, el objetivo era contrarrestar la reunión que había mantenido con el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que había generado un editorial en su agencia de noticias reclamando un referéndum para Catalunya.

La forma de proceder de la llamada policía patriótica, mediante un informe grueso y sin ningún rigor convenientemente filtrado a la prensa, fue la misma que después emplearían contra Podemos. En enero de 2016, poco después de las primeras elecciones generales a las que se presentó la formación de Pablo Iglesias, un supuesto informe policial vinculaba el partido con dinero del régimen iraní. Esas informaciones poco después fueron adobadas con nuevas noticias que sembraban sospechas sobre una posible vía de financiación del partido a través de Venezuela.

Como en el caso de Trias, el informe sobre Podemos existió y fue bautizado con el nombre de PISA (Pablo Iglesias SA). Aquel documento salió de los despachos de la policía patriótica, fue refundido en la UDEF y, finalmente, acabó llevando el caso al Tribunal de Cuentas. En paralelo, organizaciones y entidades de ultraderecha como Manos Limpias acuden a la Fiscalía. El Ministerio Público sin embargo opina que las informaciones difundidas no están autentificadas y siguiendo ese criterio la Audiencia Nacional acabó dando carpetazo a aquellas denuncias en julio de 2016. De todos modos, los rumores sobre dinero iraní o venezolano en manos de la formación siguen apareciendo en publicaciones de todo tipo, en opiniones críticas y en declaraciones de rivales políticos.

“La clave de la cloaca es su dimensión mediática”, explica Iglesias en el libro. “Ellos son perfectamente conscientes de que era imposible atacarnos jurídicamente, pero llegan a la conclusión concurrente de 'difama que algo queda'”, afirma el hoy vicepresidente segundo del Gobierno.

Un 'todo es ETA' que acaba en los CDR

Los excesos en la lucha antiterrorista ocupan varios capítulos de 'Per raó d'Estat', bien por acusaciones de terrorismo en el marco del independentismo vasco o bien en su vertiente islamista, como es el llamado 'caso Dixan'. Sobre lo primero, la autora traza un hilo conductor a través de dos historias separadas por casi dos décadas pero que tienen como trasfondo la misma idea extensiva sobre hasta donde llega el terrorismo, conocida por sus críticos como la doctrina del “todo es ETA”.

El primer pasaje traslada al lector a la época de José María Aznar, cuando el juez Juan del Olmo dictó una instrucción para cerrar el diario Egunkaria por considerar que los terroristas estaban detrás de la empresa editora y manejando la publicación a través de sus directivos. El libro recoge el relato del director del diario, Martxelo Otamendi, sobre cómo fue torturado por la Guardia Civil a lo largo de cinco días de incomunicación hasta que firmó la declaración autoinculpatoria que deseaban obtener. Según el juez, Egunkaria es parte del “frente cultural y mediático de la estrategia de ETA”. Y bajo esa concepción, Otamendi y otros ocho directivos de un medio de comunicación son detenidos, procesados, enjuiciados y tratados como a terroristas.

Los acusados tendrán que esperar siete años para ver desmontado su caso, con una contundente sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve a Otamendi y los suyos y entona el mea culpa por el cierre del diario vasco. “La estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tenga que estar fomentado o controlado por ETA conduce, en el proceso penal, a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación”, aseguraba el fallo, que recogía por primera vez una crítica judicial del 'todo es ETA'.

“Claro que las operaciones de Estado existen”, afirma contundente Otamendi, quien consiguió además que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenase a España en 2012 por no investigar suficientemente las torturas que sufrió. El periodista señala ahora al GAL y al 1-O como “dos grandes paradigmas” de operaciones de las cloacas y, precisamente de esta última, también recoge el libro de Sara González un caso reciente: el de Tamara Carrasco.

Carrasco es una activista de Viladecans implicada en el movimiento independentista a través de los CDR, grupos locales nacidos para defender el referéndum del 1-O y que acabaron convirtiéndose en un movimiento de protesta a lo largo de los años siguientes. En abril de 2018 la Guardia Civil entró en casa de la activista en una operación dirigida por la Audiencia Nacional, que ordena la detención de Carrasco acusada de los delitos de rebelión, sedición y terrorismo. La investigación la situaba en la cúspide de una organización preparada para cometer atentados y actos de sabotaje, pero poco a poco esta teoría fue perdiendo fuerza, hasta el punto de que la Fiscalía acabó rebajando los cargos a desórdenes públicos en enero de este año.

Entre medio, a la acusada le fue impuesta como medida cautelar la prohibición de salir de su municipio durante un año y su nombre estuvo en la picota de medios de comunicación y partidos políticos. Pero ella huye de ser “aquella pobre chica que estuvo confinada”. “Tiene que servir para algo”, apostilla, porque “ahora hemos sido nosotros, pero mañana serán otros”. Carrasco fue declarada inocente hace dos meses. La jueza que dictó su fallo no se ahorro la puya a los investigadores de la Guardia Civil, a quienes acusó de haber abierto el caso de forma “poco seria”.

Fernández Díaz: la razón del Estado

La entrevista al exministro es uno de los pasajes más interesantes del libro que publica González porque, tras un largo recorrido por los estrechos caminos de la alcantarilla, el relato emerge para conocer a los que pisan la moqueta de los despachos, a veces con zapatos llenos de barro. Fernández Díaz huye de toda culpa cuando se le cuestiona por determinados excesos policiales o casos iniciados con mucha contundencia pero que han quedado en nada en las salas de justicia.

Ante la insistencia de la periodista, el exministro acaba diciendo que, si bien acepta el principio de que “vale más tener a un culpable en la calle que a un inocente en prisión”, creer en esta frase “no significa ser tonto”. “En la práctica”, continúa Fernández Díaz, “es evidente que todo el mundo aceptaría que si para evitar una catástrofe hace falta que muera una persona… dile razón de Estado o dile como quieras, no sé si me explico”, indica quien estuvo al mando de más de 150.000 hombres armados.