El Supremo rechaza la querella de Torra contra Rajoy por impedir el nombramiento de los consellers presos y huidos
Fin de la querella de Quim Torra contra Mariano Rajoy. El Tribunal Supremo ha rechazado admitir la querella por prevaricación presentada por el president de la Generalitat contra el expresidente del Gobierno y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, por haber impedido la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) del nombramiento de los consellers presos y huidos. La causa queda así definitivamente archivada a la primera de cambio.
La actuación del Ejecutivo central, a criterio de la sala de admisiones del Supremo, no implica delito alguno. Los magistrados, en línea con la Fiscalía, avalan el examen de legalidad que realizó el Gobierno para rechazar publicar el nombramiento de Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín y Lluís Puig. De esta forma, la Justicia ve dentro de las facultades conferidas al Goberino en virtud del artículo 155 la realización de “un juicio de valor” sobre el primer Govern propuesto por Torra.
El Gobierno pudo oponerse a publicar el nombramiento de los consellers porque tenía derecho a analizar, gracias al 155, si la propuesta de Torra era “contraria al ordenamiento”. Los cinco magistrados de la sala de admisiones del Supremo, entre ellos el instructor de la causa contra los exconsellers, Pablo Llarena, descartan además que la negativa del Ejecutivo a publicar el decreto de nombramiento de los exconsellers pueda considerarse “injusta” o “arbitraria”, tal y como sostenía la Generalitat.
Torra consideró que Rajoy y Santamaría prevaricaron al impedir la publicación en el DOGC de los consellers, habida cuenta de que los juristas de la Generalitat dictaminaron que se trataba de un “acto debido”, es decir, que era de obligado cumplimiento por parte del Gobierno. El Ejecutivo respondió que gracias al 155 podía realizar un “auténtico” control de legalidad de los actos de la Generalitat antes de publicarlos en el DOGC. Y una vez hecho este examen, el Gobierno concluyó que nombrar consellers a Comín y Puig, que permanecen en Bélgica, y Rull y Turull, encerrados en Estremera, no era “válido ni eficaz”.
Tras diez días de tira y afloja, Torra terminó retirando su primera propuesta y nombró a consellers sin cargas judiciales. Ahora el Supremo zanja la polémica al valorar que la actuación de Rajoy y Sáenz de Santamaría no puede considerarse delictiva “siquiera indiciariamente”.