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Adiós al lavadero de carbón de Encasur en Puertollano

El Ayuntamiento da luz verde a la licencia de obras para su desmantelamiento que costará más de 320.000 euros

La empresa vasca Afesa se encargará de los trabajos que se prolongarán hasta 2017

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Encasur

Encasur puertollano.es

La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) ha aprobado  la licencia de obras para las tareas de desmantelamiento de la planta del lavadero de carbón de la Empresa Carbonífera del Sur (Encasur), la última mina de Puertollano.

Según ha explicado en rueda de prensa el concejal portavoz del equipo de Gobierno, Miguel Peña, la encargada de la ejecución será la empresa vasca Afesa Medio Ambiente SA, y el importe de las obras asciende a 321.667 euros. El edil ha explicado que el proyecto presentado por la empresa ya cuenta con todas las autorizaciones administrativas medioambientales y de impacto sobre el patrimonio histórico.

Fuentes de Encasur han explicado que esta actuación, que se enmarca en el programa de cese de actividad pactado con los sindicatos, responde al acuerdo entre la empresa vasca y la explotación minera por el cual Afesa adquiere la instalación del lavadero para proceder a su desmontaje, creando su propio centro de trabajo en el lugar. Una vez desmontada la planta y restaurados los terrenos, estos serán devueltos a Encasur. El plazo máximo de ejecución se prolongará hasta mediados de 2017.

La autorización municipal da así luz verde al inicio del proceso de desmantelamiento de la última explotación minera a cielo abierto de Puertollano, después de que el pasado mes de marzo el comité de empresa y la dirección firmaran el acuerdo definitivo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado para Encasur.

El acuerdo suscrito permitía la prejubilación de hasta 69 trabajadores de un total de 87 que conformaban la plantilla en Puertollano, y que pudieron acogerse con una garantía del 70% del salario real para los empleados de entre 50 y 55 años, y con el 80% para los mayores de 55 años.

Esta mina, propiedad del grupo Endesa, es una de las instalaciones que prevén su cierre en el horizonte de 2018, en cumplimiento de la normativa europea que contempla la desaparición de las explotaciones carboníferas no competitivas.

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