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La futura Ley regional de Vivienda buscará frenar los desahucios con “soluciones estables”

Su “complejidad” ha hecho que se retrase la aprobación, pero sigue siendo un “objetivo claro” para la presente legislatura

El borrador, que comprende más de cien artículos, también regula la compra-venta de vivienda, las relaciones de consumo y la calidad de la edificación

Las PAH de Castilla-La Mancha siguen denunciando que “no se está haciendo nada para ayudar a la gente que se queda en la calle”, sobre todo si no tienen ingresos

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EFE

Ya hay un borrador completo de la futura Ley regional de Vivienda de Castilla-La Mancha. Desde hace semanas, un equipo de expertos y técnicos están repasando los más de cien artículos que componen el texto legislativo para que pueda remitirse al Consejo de Gobierno y se convierta en anteproyecto. De momento, sigue sin haber plazos fijos, pero el objetivo sigue siendo la presente legislatura, tal y como se comprometió el presidente regional, Emiliano García-Page. Así lo ha explicado a eldiarioclm.es el director general de Vivienda, José Antonio Carrillo, quien ha adelantado que la “complejidad” de la futura ley se debe a que tendrá carácter integral y servirá para dar “soluciones estables” en el tiempo.

El objetivo que se ha marcado el Ejecutivo autonómico es diferente al de otras comunidades autónomas, donde se han aprobado leyes de “emergencia” para el freno de los desahucios y la situación de las viviendas vacías, es decir, en base a una situación coyuntural. En el caso castellano-manchego, la intención es sacar adelante una norma con “perdurabilidad en el tiempo” donde se abordarán medidas contra los desahucios pero también otras cuestiones como la regulación de la compra-venta, las relaciones de consumo y garantías, los seguros, el régimen de vivienda protegida y la calidad en la edificación, dentro de las competencias de la comunidad autónoma.

“Vamos a dar solución a los desahucios, pero también queremos un marco de estabilidad que sirva de cara al futuro; de ahí que hayamos elaborado un cuerpo legislativo denso y de ahí la complejidad y el alargamiento del plazo”, explica el director general. Las situaciones de emergencia, explica, se siguen dando hoy, pero también se pueden dar mañana “y hay que afrontarlas con estabilidad, no tanto dando una respuesta a una coyuntura como ofreciendo soluciones estables”.

Destaca por ello que haya sido una norma “muy participativa” en la que han aportado sus ideas más de 90 colectivos a los que se recibió cuando todavía no había un texto articulado, para que realizaran sus propuestas “sin condicionantes”. Desde el Colegio de Aparejadores, hasta las entidades financieras, los trabajadores sociales, diferentes ayuntamientos y asociaciones de vecinos, ha habido “multitud de aportaciones” que dieron lugar un documento síntesis que ha servido como base para el borrador.

Alegaciones y Plan Estatal de Vivienda

El proceso continuará cuando se termine de pulir el texto, reciba luz verde del Consejo de Gobierno y se abra del proceso de información pública y alegaciones, donde el Gobierno regional prevé seguir “enriqueciendo” la futura Ley de Vivienda. 

La elaboración del borrador de esta ley castellano-manchega se ha producido además mientras se elabora a su vez un nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2018-2021. De momento, tan solo existe un borrador donde el Ministerio plantea, entre otras cuestiones, una serie de ayudas para personas que han sido objeto de desahucio y que perdieron su vivienda. Desde la Junta explican que se trata de una situación de rescate habitacional que en esta región ya se ha abordado con las denominadas Oficinas Antidesahucios, por lo que en sus alegaciones también piden la regulación de ayudas para evitar que se produzca el embargo de la vivienda. Se trata de peticiones que diferentes colectivos han elevado a la Comisión Regional de Vivienda y que el Ejecutivo regional ha hecho suyas para que el Gobierno central las incorpore al nuevo Plan Estatal.

La futura Ley regional de Vivienda es una de las promesas que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, realizó durante su debate investidura, hace ya dos años, y también una petición muy reiterada desde las diferentes Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la comunidad autónoma. El propio jefe del Ejecutivo avanzó que se obligaría a los bancos y a las inmobiliarias a notificar a la Administración regional, antes de que se produzca cualquier desahucio por razones sociales, dicho lanzamiento, y se dotaría al Gobierno de un mecanismo claro de intermediación.

En general, la norma vendrá a completar la política antidesahucios del Ejecutivo castellano-manchego, hasta ahora materializada a través del Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria, donde se incluyen las Oficinas Antidesahucios, en marcha desde casi hace dos años, y consideradas “insuficientes” desde los colectivos antidesahucios. Es, de hecho, la normativa regional de vivienda una de las demandas que estas plataformas han venido solicitando desde hace años.

Concentración de Stop Desahucios en los Juzgados de Córdoba antes de presentar los escritos solicitando que los jueces paralicen las ejecuciones hipotecarias.

Precisamente, la portavoz de la PAH de Toledo y de Castilla-La Mancha, Olga Ávalos, ha confirmado que esas reuniones para hacer aportaciones a la ley se produjeron hace ya un año y que desde este colectivo insistieron en incluir la dación en pago y los rescates habitaciones de urgencia, al igual que en las normas aprobadas en País Vasco y Cataluña. El problema, remarca, es que debe realizarse con la garantía de que no será recurrida por el Tribunal Constitucional, como ha sucedido en el caso catalán, porque si no, “no servirá para nada”.

Desde la Plataforma Antidesahucios denuncia que, mientras, “no se está haciendo nada para ayudar a la gente que se queda en la calle”, sobre todo si no tienen ingresos. Afirman asimismo que algunas Oficinas Antidesahucios han sido “desmanteladas” y que no sirven para los casos “más extremos”.

“Seguimos muy decepcionados e indefensos ante la ley. Llevamos 11 años luchando y no vemos decisiones claras. Somos los primeros que han pedido la ley, pero todavía no hay nada; los bancos no están nerviosos, van a sus anchas, y eso significa que tienen que estarlos los afectados”, concluye.

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