El basurero nuclear, de nuevo en el limbo por la repetición electoral
El nuevo curso político nacional del otoño de 2019 vuelve a dejar en el limbo uno de los proyectos más polémicos en Castilla-La Mancha en el último lustro. La decisión de construir o aparcar un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para albergar los residuos de alta actividad de España se verá de nuevo ralentizada ante la nueva convocatoria electoral.
La parálisis política afecta a un asunto de calado nacional que colea desde que en 2011 la localidad conquense de Villar de Cañas fuese designada para albergar el basurero nuclear de todo el país. Desde entonces ha llovido en lo político y en lo judicial pero el silo nuclear sigue sin construirse.
El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene el rechazo a la instalación. El presidente regional, Emiliano García-Page, aseguró durante su discurso de investidura que es un problema que “nos estamos ventilando” para anunciar un “plan alternativo” vinculado a energías renovables en la zona. Un mes después repitió su rechazo ante la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera.
No es la primera vez que el Gobierno socialista habla de alternativas al desarrollo económico de Cuenca sin el ATC, pero lo cierto es que poco se sabe de los detalles. Desde la nueva Consejería de Desarrollo Sostenible explican que es una idea “todavía por madurar” cuyo objetivo es “crear empleo y fijar población”.
En todo caso, la postura castellanomanchega de rechazo a la infraestructura no es lo que concentra las atenciones del sector nuclear español que tiene su vista puesta en el nuevo Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR). La propia ministra Ribera vinculó hace un año su decisión sobre el ATC a la actualización del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos de 2006, pendiente desde 2011. Hasta ENRESA ha tenido que aplazar hasta “mediados de 2023” el regreso de los residuos nucleares españoles que se custodian (previo pago) en la vecina Francia.
Desde el Foro Nuclear se ha llegado a calificar de “innecesario” el ATC porque las nucleares ya disponen de almacenes temporales individuales (ATI’s). Otros organismos como la AMAC, la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Nucleares que preside el alcalde de Yebra (Guadalajara), Juan Pedro Sánchez, se muestran partidarios de la instalación.
Castilla-La Mancha también prepara ayudas para los agricultores que cultivan cerca de la Laguna de El Hito -su gran baza para bloquear el ATC- “para hacer compatible su actividad en herbáceos de secano con el entorno y la presencia de las grullas”, según detalla la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
La medida se enmarcará en el Plan de Desarrollo Rural (PDR) en el que ya se trabaja de cara a 2021. Sería lo que se denomina “cogollo”, en los núcleos ubicados en Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) para agricultores que voluntariamente quieren acogerse a esta línea que tendrá una inversión de tres millones de euros.
Este nuevo 'cogollo' se unirá a los ya existentes, en el resto de zonas ZEPA. El agricultor recibe anualmente una ayuda de 208,20 euros por hectárea. “Supone mantener la rentabilidad de sus explotaciones, ya que esta cantidad implica doblar la renta por hectárea cultivada en estas áreas”, señala Agricultura.
Compra de terrenos paralizada
Castilla-La Mancha intentó ya en la pasada legislatura frenar el ATC ampliando la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) en torno a la Laguna de El Hito, junto al basurero nuclear. El PP logró frenarlo vía judicial y la opción de la Junta castellanomanchega entonces fue anunciar su intención de comprar los terrenos para bloquear la construcción del ATC.
A estas alturas, la compra de los terrenos que amplíen la protección ambiental no es posible. “Se ha intentado”, señalan fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible, pero ha habido dos problemas que lo han impedido. Varios de los propietarios no han podido acreditar la titularidad de los terrenos y, en otros casos, la propuesta económica que los dueños de los terrenos han puesto sobre la mesa es considerada como “inasumible” por la Administración regional.
