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La policía carga contra los vecinos concentrados en defensa del agua en Alcázar de San Juan

Desde ayer una treintena de vecinos lleva encerrada en la Casa Consistorial de este municipio para evitar que la empresa pública de aguas se privatice. El Consistorio niega que vaya a haber desalojo, mientras los manifestantes han acordado en asamblea permanecer un día más.

La Policía en la Plaza de España de Alcázar de San Juan

La Policía en la Plaza de España de Alcázar de San Juan

Un detenido, según indican integrantes de la Plataforma de Aguas de Alcázar, es el balance de una carga que se ha producido este mediodía en la protesta y el encierro que desde ayer mantienen una treintena de vecinos en el Ayuntamiento de esta localidad ciudadrealeña. Los antidisturbios han actuado en la plaza de España de Alcázar de San Juan para proteger al alcalde y buena parte del equipo de Gobierno que salía del Consistorio al finalizar la jornada matinal y a los que los manifestantes no dejaba salir de las cocheras.

Empujones y cargas que han finalizado con golpes entre el centenar de personas que en ese momento había en la plaza y que ha culminado con un único arresto, aunque en un principio se hablaba de tres detenciones, y cinco identificaciones.

Unos hechos que no han podido ver las treinta personas que desde ayer llevan encerradas en el Consistorio para solicitar un referéndum. “Un gobierno municipal elegido para cuatro años no puede comprometer Aguas de Alcázar para seis legislaturas, es vergonzoso e inmoral, aunque sea legal”. Quien habla es Jaime Romero, integrante de IU, y una de las 30 personas que desde ayer vive en la escalinata interior de la Casa Consistorial de Alcázar de San Juan.

La razón de su encierro viene de hace 8 meses, cuando el equipo de Gobierno de este municipio decidió vender el 52% de las acciones de la empresa pública de aguas del municipio, para saldar una deuda de 8 millones de euros, que este organismo tiene con el Consistorio.

“Llevamos bastantes meses, 8 meses largos de trámites solicitando que queremos el referéndum y nos han ido dando largas”, explica Romero, el martes se decidió el encierro tras conocer que al próximo Pleno iría la privatización y venta de acciones de forma conjunta, en “un Pleno único y extraordinario”, alegando, según explica Romero, “falta de tiempo”. Un cambio, tras indicarles que iba a ser ordinario, que levantó los ánimos e hizo que la Plataforma optara por el encierro, “indefinido” en las instalaciones hasta solicitar el referéndum.

“La actitud nuestra ha sido pacífica”, relata Romero, quien recuerda que esta mañana les han acotado el espacio, les han identificado tres veces en las más de 30 horas que llevan encerradas y esta mañana veían como nadie más se podía sumar a su encierro, tras decidir el equipo de Gobierno impedir el paso a la zona del encierro, una escalinata interior del edificio. Han puesto “verjas en la puerta para que nadie entrara” y entonces el grupo de encerrados se ha dividido en dos, los que están en la primera planta y los que esta mañana acudían a sumarse a la protesta.

En su situación están “aislados completamente”, escuchan el ruido de quienes les acompañan de fuera por una ventana en uno de los baños, ubicada en un lateral del edificio. Además este mediodía los encerrados han recibido el apoyo de la asociación de amas de casa, encargadas de llevarles alimentos.

“Nosotros no queremos otra cosa que un referéndum” sobre esa propuesta de privatización a 30 años. “El equipo de Gobierno que tiene la legitimidad de las urnas deberían dejar que las urnas legitimen” esta actuación, explica Romero. Además recuerda que se trata de una empresa pública, que no pertenece al Gobierno municipal sino al pueblo y que deberían dejarles opinar.

Respecto a las cargas en la plaza, Romero explica que es “una acción pacífica, no hemos levantado la mano, no hemos levantado la voz” y que si los antidisturbios “deciden entrar que entren”, con la idea clara de que prefieren el golpe a “una multa” que hoy se anunciaba desde el equipo de Gobierno por desacato a la autoridad.

Este mediodía además la plataforma ha realizado una asamblea en la que han acordado la celebración de una rueda de prensa esta tarde para solicitar dos cosas: “llamar a la calma a toda la ciudadanía porque no queremos que se vuelvan a producir estos altercados” y que hoy seguirán de encierro, según ha explicado Raúl Zarco, uno de los portavoces de la plataforma.

“Esto puede cambiar en cualquier momento, de lo que acabamos de debatir en la asamblea, la opción uno es la de seguir con el encierro, por lo menos a lo largo del día” pero sin saber hasta dónde llegarán “las fuerzas”. “Seguimos con nuestro mensaje principal queremos la consulta popular y no hemos puesto fin al encierro”, argumenta.

Valoraciones política y sin desalojo

Mientras, desde el equipo de Gobierno, el alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, ha alegado que este encierro y su apoyo por el PSOE supone una “incoherencia” ya que las concesiones de agua con empresas mixtas se dan en muchos consistorios de España. Ortega ha instado a la oposición a que hagan una proposición para que todas las empresas de agua sean públicas mientras ha afirmado que con estas movilizaciones busca en la calle lo que perdieron en las urnas, recordando que los 8 millones de euros de deuda vienen de la época de Gobierno socialista en el Consistorio.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Julián Mateos, ha confirmado que el desalojo por la fuerza de los encerrados está descartado. Lo que sí se ha hecho es imponer una sanción administrativa por desobediencia a la autoridad a quienes, pasadas las ocho de la noche, permanezcan en el Ayuntamiento, desobedeciendo la orden de desalojo a la hora del cierre de las dependencias municipales.

Desde el PSOE de Ciudad Real su secretaria de Organización, Blanca Fernández, ha calificado “soplo de aire fresco” esta protesta en defensa de un servicio público, recordando que el Grupo Municipal Socialista en Alcázar apoya las reclamaciones.

Finalmente, la secretaria general del PSOE alcazareño, Rosa Melchor, ha argumentado que “si está viendo que está habiendo un movimiento social tan grande e importante en su ciudad” el alcalde “debería pararse y escuchar”.



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