Una jueza de Elda archiva provisionalmente la causa de los antifascistas de Petrer denunciados por corear consignas contra la Policía y la monarquía

La libertad de expresión ha ganado la batalla al delito de odio; o al menos en este caso. Los dos jóvenes de Petrer del movimiento antifascista Asamblea Popular denunciados por la Policía Nacional tras participar en una concentración a favor de la libertad de Pablo Hasel el pasado verano no serán juzgados por un delito de odio, como reclamaban los agentes.

El pasado viernes 12 de febrero, la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Elda sobreseyó provisionalmente la causa al interpretar que las consignas que corearon en el acto de protesta “son simplemente opiniones y no integran ningún delito”, explica el abogado de la defensa. Salvo sorpresa, se espera que este jueves se cierre definitivamente el caso sin que recurra ni el ministerio fiscal ni la acusación.

Atrás quedaría la lucha de este colectivo a favor de la libertad de expresión. Bajo este pretexto, y en un momento en el que pesaba para el rapero Hasel la sentencia de cárcel del Tribunal Supremo por injurias a la Monarquía y enaltecimiento del terrorismo, la cual ha ratificado la Audiencia Nacional recientemente, se reunieron en una plaza céntrica de Petrer el pasado 4 de julio donde, rodeados de una veintena de integrantes y simpatizantes de la asociación, lanzaron gritos contra la Casa Real: “los Borbones son unos ladrones”, contra el estamento policial: “la Policía tortura y asesina”, y también contra la organización política de España: “estado terrorista, estado fascista”.

Unas afirmaciones que mantuvieron en todo momento “porque son ciertas”, dijo uno de los dos investigados a este medio cuando se supo que habían sido citados a declarar en calidad de investigados.

Ese mismo argumento llevó a una veintena de personas a manifestarse a favor de sus compañeros a las puertas del juzgado del pasado 3 de febrero. Apoyados por medio centenar de asociaciones y sindicatos antifascistas de todos los territorios de España, los dos antifascistas se acogieron a su derecho a no declarar.