El cardenal Cañizares critica la Ley Celaá de educación porque “es ideológica, genera incultos y nos llevará al abismo”

El arzobispo de València, Antonio Cañizares, no ha querido dejar pasar la oportunidad de cargar contra la nueva ley de educación, Lomloe, −también conocida por el nombre de la ministra de Educación: Ley Celaá− para realizar otro ataque al Gobierno “social-comunista”, como califica al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.

En su artículo semanal en la revista del Arzobispado 'Paraula“, y bajo la pregunta genérica ”¿Quién educa, los padres o el Estado?“, Cañizares ha empezado con críticas genéricas a la nueva ley defendiendo la enseñanza privada y concertada −de la que participa la Iglesia−, contraponiendo la enseñanza pública que califica como ”del Estado, única, o mejor, estatal y estatalista“, frente a la privada a la que endulza definiéndola como ”una enseñanza de iniciativa social, plural y libre, democrática y para construir democracia en un sistema social y asentado en las bases de la democracia“. El cardenal considera que este es ”el nudo de la cuestión de la nueva Ley Orgánica“, por lo que asegura que la Ley Celaá ”es un retroceso gigantesco, que, caminando hacia atrás sin sentir y sin ver, nos llevará al abismo“.

A partir de aquí, Cañizares asegura que la ley “no respeta la libertad religiosa, ni otras libertades, como es la libertad de enseñanza, que comporta, entre otras cosas, la capacidad de elegir por parte de los responsables principales de la educación de sus hijos, que son los padres”, en referencia entre otros al hecho de que la asignatura de Religión es optativa y no contará para la nota media final.

“No respeta el derecho de la libertad que tienen grupos e instituciones sociales a crear sus propios centros, como hasta ahora se ha hecho y existe en todos los países libres”, en alusión a la limitación de las iniciativas de escuelas concertadas. La nueva ley prohibirá la cesión de suelo público para la construcción de centros concertados y prohíbe concertar centros que segreguen a su alumnado por sexo. Además también se regularán las cuotas para que no parezcan obligatorias ya que esta enseñanza se mantiene dentro de la educación sostenida con fondos públicos.

Añade el arzobispo que la ley “discrimina a los más pobres y vulnerables, como son los discapacitados” porque se opta por la integración del alumnado con discapacidad en los centros educativos ordinarios. Este punto se basa en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, firmada por España en 2008, que establece que todos los niños tienen derecho a una educación inclusiva en un centro ordinario -punto ratificado por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional“.

Otro punto calve es el papel del castellano, ya que Antonio Cañizares afirma que esta ley “disgrega, divide o rompe a la Nación Española por las reducciones de la lengua española como lengua vehicular de la enseñanza” por el hecho de que no estipula el castellano como lengua vehicular, aunque sí de obligado conocimiento en todas las comunidades autónomas.

Finalmente, señala que la ley “impone una ideología y unos valores” en lo que se refiere a la nueva asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos -que ya se considera heredera de la Educación para la Ciudadanía del Gobierno de Zapatero“.

El cardenal Cañizares concluye que la Ley Celaá “generará incultos y poco alfabetizados, no aporta ninguna innovación positiva a la escuela”, y que esto llevará “a una cultura única, para todos lo mismo, sin libertad y sin pluralidad enriquecedora, única y la misma, en la que Dios no cuenta ni el hombre tampoco, sólo el poder de quienes la implantan y dominan con una pseudocultura que es, sobre todo, ideología pura y llana. Pseudocultura apoyada en el relativismo, en la negación de la verdad, en la negación u olvido de Dios, en la privación de la libertad y en la absolutización de un cientifismo trasnochado”.