La suegra del presidente de la Diputación de Alicante se adjudica la publicidad institucional en su ayuntamiento

César Sánchez, en la toma de posesión como presidente de la Diputación de Alicante.

La relación de la suegra del alcalde de Calp y presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, se ha estrechado con el consistorio que preside en los últimos tiempos. El pasado 17 de mayo, la junta de gobierno local adjudicó a la empresa Grupo Alfa 5, SL, de la que Francisca Ivars Ribes es administradora solidaria, el contrato de “publicidad institucional en radio” por 36.000 euros anuales durante dos años, según ha revelado la plataforma Defendamos Calpe. La empresa fue la única que se presentó a una licitación que el Ayuntamiento hizo en marzo y para la que concedió un plazo de 15 días a las firmas que quisieran concurrir. Finalmente, solo lo hizo Grupo Alfa 5, SL, que se ha adjudicado el contrato por la cantidad máxima prevista.

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El alcalde de Calp, César Sánchez, del PP, se ausentó de la junta de gobierno que decidió adjudicar el contrato. No había hecho lo mismo 13 días antes en la Diputación Provincial de Alicante, de la que es presidente, cuando votó financiar con más de dos millones de euros un proyecto para la construcción de sendas rotondas en la carretera N-332 a la altura del municipio en el que se ven afectados terrenos propiedad de otra empresa de su suegra, Paviota, SL.

En la adjudicación de la publicidad institucional en radio realizada por la junta de gobierno de Calp no era decisivo el voto de Sánchez. Sin embargo, en la Diputación, la propuesta salió adelante gracias a su voto de calidad como presidente. La oposición criticó a Sánchez por haber incumplido la ley, que obliga a las autoriades a abstenerse en los procedimientos en el caso de que tengan “parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados”.

Ante la petición de dimisión formulada por la oposición y el anuncio de llevar el caso a la fiscalía, el alcalde de Calp y presidente de la Diputación alegó que no tenía obligación de abstenerse porque los terrenos de su suegra afectados por el proyecto en la N-332 ya habían sido cedidos al municipio mediante un convenio que prevé una permuta con otros terrenos edificables en el mismo sector.

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