Les Corts piden al Gobierno que permita contratar funcionarios
Las Cortes piden que el Gobierno permita la contratación de más funcionarios. Por un lado, instan al Consell a que cubra las plazas vacantes de los puestos de atención a la ciudadanía; por otro, que a su vez reclame al Gobierno central eliminar la tasa de reposición de empleados públicos.
Esta tasa es el porcentaje de plazas que cubre el Estado cuando se produce una baja, una jubilación u otro tipo de vacantes. Para algunos servicios como sanidad, educación o las fuerzas de seguridad, la reposición es del 100% -es decir, se cubren todas las vacantes- mientras que para el resto, el pasado año se aumentó al 50% -es decir, se cubren la mitad de las vacantes-.
La tasa de reposición es, según el planteamiento de Compromís, un planteamiento que reduce la calidad de los servicios y genera precariedad, por lo que se necesita un cambio que permita cubrir vacantes, reducir interinidad y garantizar la prestación de servicios. “Si queremos una administración que realmente trabaje por las personas necesitamos dotarla de suficientes empleados” ha explicado el portavoz de Compromís, Francisco García Latorre.
El aumento de la temporalidad y la privatización de servicios son consecuencia de estas políticas, indica la propuesta. Además, critica que no se ha cumplido el porcentaje de vacantes reservadas para personas con discapacidad.
Por medio de la propuesta, se exige al Consell a que cubra dichas plazas durante el primer trimestre de 2017. También se propone establecer un sistema que permita, teniendo en cuenta las disponibilidades de la Tesorería de la Generalitat, la cobertura de las vacantes que se vayan generando a partir del 31 de marzo de 2017 en puestos que no sean de atención directa a la ciudadanía, de manera que una plaza no pueda estar más de seis meses vacantes.
Asimismo, la proposición insta al Consell a que suprima la autorización necesaria de la Dirección General de Presupuestos contenida en la normativa para la cobertura de los puestos de atención directa a la ciudadanía al considerar que puede ser fiscalizada por la intervención delegada de cada Conselleria antes de efectuarse el nombramiento.
