¿Qué significa un modelo de ciudad para València?

En todo lo referido al ámbito de la política municipal se alude con cierta frecuencia a la expresión “modelo de ciudad”. Vistas las iniciativas del actual gobierno municipal, plantear un proyecto de ciudad más habitable, saludable y democrático en València nos obliga a una enmienda a la totalidad de las actuaciones del gobierno que encabeza María José Catalá. Y, en este contexto de preguntas importante a las que cabe responder con cierta urgencia, ¿qué queremos decir cuando hablamos de un modelo de ciudad para València?

Cuando expresamos la necesidad de adoptar un modelo de ciudad para València, nos referimos, en primer lugar, a repensarla. Es preciso contemplar todas las variables que deben tenerse en cuenta desde una perspectiva de planificación general incluyendo la relación con su cada vez más extensa área metropolitana. Una planificación estratégica en materias como la movilidad, los servicios sociales, la seguridad, el medioambiente o el urbanismo, entre otras, que tiene que ser cuidadosa a la hora de medir escrupulosamente los impactos negativos de cada decisión y que, en todo caso, debe guiarse bajo el criterio inamovible del interés general. PP y Vox orientan su actuación a través de un criterio reduccionista y excluyente como parte de un proyecto destinado a discriminar, con desprecio y de forma punitiva, a determinados colectivos, dificultando a toda la ciudadanía el acceso a los recursos públicos desposeyéndonos así de nuestros derechos. Frente a ello, es preciso proclamar el interés general como principal mandamiento y criterio orientador de la acción pública.

Un modelo de ciudad genuino y basado en los intereses de la ciudadanía implica superar la idea de València como un producto de mercado. València debe ser rescatada de la mercantilización a la que está siendo sometida por la coalición municipal PP-Vox y convertirla en un espacio donde la ciudadanía encuentra los recursos, las infraestructuras y los medios suficientes y necesarios para desarrollar su día a día con tranquilidad y esperanza en el futuro.

Es fundamental extirpar del Ayuntamiento la óptica de la gestión privada de los servicios o la consideración de la ciudad como una marca destinada a su proyección internacional y a la consiguiente rentabilización económica, a continuación, por una reducida élite de grupos clientelares arraigados a València en coalición con los fondos inversores internacionales. Ni unos ni otros interesados por los problemas que, de forma cotidiana, afectan a la ciudadanía como resultado del deterioro en los servicios públicos, la calidad ambiental o un estado de opinión institucional discriminatorio, conservador y tradicionalista promovido desde el gobierno municipal.

El presupuesto público debe estar destinado íntegramente a la generación de valor social, bienestar ciudadano, cohesión social y territorial, así como calidad de vida a distintos niveles (incluyendo la salud y la educación). Y ello no es una proclama en el vacío: implica diseñar planes estratégicos sectoriales que evalúen anticipadamente los impactos múltiples que pueden generarse entre distintas políticas públicas; blindar los recursos jurídicos, presupuestarios y de personal necesarios para su sostenibilidad a largo plazo; incorporar a la ciudadanía y al tejido asociativo vecinal en todas las fases de adopción, gestión y evaluación de las políticas públicas; y, establecer indicadores de monitorización para la mejora continua de los servicios públicos, desde la atención a la ciudadanía hasta el diseño organizativo que, de mejor modo, garantice la máxima calidad y excelencia.

En un momento de emergencia habitacional, democrática y medioambiental, no podemos permitirnos ningún recurso ni ninguna decisión amparada por decisiones dirigidas a convertir el dinero público en beneficios privados de una élite clientelar alrededor del gobierno local. El hipócrita mantra de la derecha, el dinero en el bolsillo de la gente se ha promovido para esconder la auténtica realidad: el dinero (de la gente) en el bolsillo de los amigos a través del presupuesto público. Es fundamental acometer una reforma estructural de todas las ordenanzas fiscales de València desde una perspectiva de clase que garantice la justicia social, la equidad, la cohesión (social y territorial), y la máxima capacidad recaudatoria para la financiación de los servicios públicos con especial atención a las grandes fortunas, empresariales y patrimoniales que están exprimiendo la ciudad, mercantilizando su buen nombre y colapsando el acceso a la vivienda.

Para poder definir un modelo de ciudad distinto se requiere una movilización estructural de los recursos destinados a fortalecer la gestión pública municipal frente al debilitamiento institucional al que se enfrenta el Ayuntamiento desde el inicio de la actual legislatura (2023/2027). El poder público ha de hacerse presente ante la ciudadanía como garante de derechos y generador de condiciones amables para alcanzar una vida digna y saludable. Es preciso superar una situación, como la actual, que convierte el uso del transporte público, la relación con la Administración, la solicitud de cualquier ayuda o la propia búsqueda de alojamiento en una experiencia hostil y desagradable que no es consecuencia de una maldición inevitable, sino de decisiones políticas concretas guiadas por la lógica del beneficio privado, el amiguismo y el ensañamiento contra la clase obrera, generadora de toda riqueza.

La gestión pública y la solución de los graves problemas que el bipartito PP-Vox están acumulando sobre las espaldas de la ciudadanía de València, requiere una estructura administrativa potente, con personal suficiente, estabilizado, con plantillas ampliadas y mejores condiciones laborales.Tiene que desplegar todas y cada una de las capacidades de gestión pública y presupuestarias que le brinda el catálogo competencial asignado por el código de régimen local. Abstenerse de intervenir para no molestar a los actores que sirven de apoyo económico, clientelar e ideológico al gobierno PP-Vox no es una opción y forma parte de la enmienda a la totalidad que reclama configurar el modelo de ciudad que, día a día, necesita de forma urgente la ciudadanía.

Es esencial democratizar el discurso público de la ciudad y los procesos de adopción de decisiones. Frente a la discrecionalidad y la opacidad del gobierno municipal en favor de ciertos actores de carácter económico, conservadores y tradicionalistas, es fundamental definir una estructura de participación ciudadana que permita democratizar la toma de decisiones desde una perspectiva descentralizadora y apegada a la ciudadanía, los barrios y sus tejidos asociativos. Para ello, será indispensable adaptar la arquitectura organizativa del Ayuntamiento para que las ordenanzas que regulan su organización y funcionamiento estén atravesadas por la transparencia, la rendición de cuentas, el buen gobierno, la participación ciudadana y la integridad institucional.

En definitiva, un modelo de ciudad implica:

De lo contrario, bajo el buen nombre de una gestión pública supuestamente eficiente, lo único que seguiremos teniendo será un declive demográfico, cultural, democrático e institucional de la ciudad que, más pronto que tarde, si no se cambiamos el rumbo, terminará con barrer de la historia una visión que todavía estamos a tiempo de materializar.