El liquidador de la fundación de Empleo de València, nombrado por Vox, cobra 100.000 euros en 7 meses por cerrar el ente

Más de 100.000 euros en solo siete meses. Es la factura provisional del cierre de la fundación de empleo de València, cuya extinción ordenó Vox el pasado verano. El grupo de ultraderecha el Ayuntamiento, con las competencias de Empleo, acordó con el Patronato municipal el cierre de València Activa, meses después de saberse que la UCO investiga contratos en la etapa de Juan Manuel Badenas, exportavoz de Vox y exconcejal de Empleo, al frente. El cierre definitivo ha llegado este jueves, con la última reunión del Patronato tras medio año de liquidación.

El Patronato, presidido por el edil de Empleo, José Gosálbez, habilitó a al abogado Luis Ignacio Sierra Mallol como liquidador del ente, con capacidad para gestionar “todos los trámites necesarios” durante el proceso, que no se acotó. Sierra Mallol viene prestando servicios jurídicos al ente desde 2019, cuando fue contratado por la fundación que entonces dirigía la socialista Pilar Bernabé, y siguió trabajando con Badenas cuando Vox asumió las competencias en Empleo.

El abogado compareció junto al concejal de ultraderecha en una rueda de prensa para defender los procesos de contratación por los que el partido expedientó a Badenas y que casi terminan con su expulsión, dos meses antes de que la UCO pidiera al Ayuntamiento información sobre la fundación y de la investigación en Fiscalía. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil indaga en contratos públicos a empresas afines al partido de ultraderecha. Meses después, Vox decidió cerrarla. La Intervención General Municipal de València también ha detectado irregularidades en la fundación, que cuestiona una serie de contratos menores y las retribuciones al margen del personal.

El que fuera abogado de la fundación de empleo de València, liquidada formalmente este jueves, ha remitido facturas durante los últimos nueve meses por un importe que supera los 100.000 euros. Según explican fuentes del Ayuntamiento, percibe las mismas retribuciones que el gerente. “Para su salario se ha utilizado en aplicación de lo dispuesto en la ley de sociedad de capital los costes que tenía para la Fundación la gerencia”, señalan. El experto también ha dado cuenta al Patronato de otros gastos como cierre de cuentas, gastos de notaría o transferencias del liquidador, que el Ayuntamiento ha de comprobar.

En el documento de su nombramiento, se acuerda “facultar tan ampliamente en derecho como resulte necesario a Don Luis Ignacio Serra Mallol para el cumplimiento de los trámites legalmente exigidos durante el proceso de extinción y liquidación”, cuyo margen temporal no se acota. El abogado ha ido enviando las facturas, algo más de medio centenar en estos siete meses -entre octubre y abril-, al Patronato de la fundación, donde están representados patronal y sindicatos. Según las fuentes consultadas, las últimas minutas corresponden a mediados de abril, cuando se presentó la liquidación definitiva del ente, aunque se han remitido gastos posteriores referentes a otras gestiones. El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana oficializó la extinción el 8 de abril, pero no ha sido hasta este jueves, con la última reunión del Patronato, cuando se ha dado cuenta formalmente de su cese.