El exconseller Rafael Blasco afronta a cara perro su tercer juicio por corrupción

La defensa del exconseller Rafael Blasco ha decidido enfrentarse en solitario a la acusación en su tercer juicio por corrupción, desmarcándose de los pactos de conformidad alcanzados por la Fiscalía Anticorrupción con el resto de acusados. Blasco, condenado en dos ocasiones (la última con un polémico pacto con la Fiscalía Anticorrupción) en el marco del 'caso Cooperación', se ha sentado de nuevo este lunes en el banquillo de los acusados ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia que juzga la pieza quinta de la causa, correspondiente a los contratos informáticos que la Conselleria de Inmigración y Solidaridad adjudicó a dos multinacionales que luego subcontrataron los trabajos a las firmas pantalla del presunto testaferro del exconseller, el empresario Augusto César Tauroni.

Fujitsu España Services SAU e Indra Sistemas SA, las dos firmas acusadas como partícipes a título lucrativo, han abonado las responsabilidades civiles solicitadas, que ascienden a 272.000 euros.

Javier Murcia, el exjefe de Informática de la conselleria, por su parte, ha pactado un año de cárcel y dos de inhabilitación para empleo o cargo público y desempeño de cargos de jefatura en cualquier entidad pública, además del pago proporcional de las costas procesales, como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con fraude administrativo.

La anterior sesión de la vista oral se tuvo que suspender a consecuencia del desmayo y posterior infarto del funcionario, que tuvo que ser atendido por los servicios médicos y trasladado en ambulancia a un hospital (el hombre ha agradecido a la presidenta del tribunal y al personal sanitario que lo atendió su rápida actuación: “Fue vital porque igual yo hoy no estaba aquí”, ha dicho emocionado). El letrado de la acusación popular, ejercida por la Coordinadora Valenciana de ONGD, se ha adherido al pacto por una “cuestión fundamentalmente humanitaria”.

Por otro lado, la entonces secretaria general administrativa de la conselleria, Agustina Sanjuán, y el empresario Augusto César Tauroni también han alcanzado un “preacuerdo” de conformidad parcial con el Ministerio Fiscal en términos similares al de Javier Murcia, según fuentes jurídicas.

Así, el exconseller del PP se queda a cara perro frente a la solicitud de pena por parte de Anticorrupción de dos años y ocho meses de prisión, multa de 400.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público durante una década como presunto autor de un delito continuado de tráfico de influencias en concurso ideal con prevaricación administrativa y fraude a la Administración.

El abogado del expolítico del PP, el penalista Javier Boix, ha pedido la nulidad del auto del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia que incoó esta pieza separada al considerar que se trata de una investigación prospectiva. El representante del Ministerio Fiscal, Jesús Carrasco, ha rechazado que en la entrada y registro de las empresas se buscara pescar documentación y se ha referido a la “ingente documentación” que sigue “durmiendo el sueño de los justos, habida cuenta del tiempo transcurrido”. Carrasco ha aludido a la “enjundiosa y larga instrucción” del procedimiento.

El letrado de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que ejerce la acusación particular, sostiene que en ningún momento hubo vulneración constitucional, un argumento que ha retomado el abogado de la Coordinadora Valenciana de ONGD. “Estamos hablando de una única trama y de la vinculación de Blasco con Tauroni para conseguir contrataciones públicas”, afirma el letrado, quien advierte de que la jueza instructora “no tiene una bola de cristal” que le permita saber qué documentación puede o no tener que ver con los hechos investigados.

Una de las piezas clave de la trama sigue en Bolivia

La suspensión de la vista anterior supuso trastocar el calendario del juicio, del que Javier Murcia ha sido excluido de asistir por motivos de salud. Así, el próximo 9 de julio se practicará la prueba testifical, el 18 desfilarán una decena de testigos y el 20 declararán los tres acusados, según han acordado las partes y el tribunal.

Uno de los testigos, el empresario Adolfo Soler Sempere, sigue fugado en Bolivia. Soler ha enviado un escrito en el que da cuenta de su presunto estado de salud delicado, que alude a un “problema ocular”. El empresario, una de las piezas clave de la trama, huyó de España el 27 de junio de 2011, en plena tormenta mediática por la adjudicación irregular del hospital de Haití, y desde esa fecha no se le ha vuelto a ver el pelo. Su interrogatorio como imputado en fase de instrucción se tuvo que realizar a través de videoconferencia.