El juez reclama información bancaria de las cuentas del exdelegado del Gobierno
El juez del juzgado de Instrucción número dos de Sagunto (Valencia) ha solicitado a 21 entidades bancarias que faciliten a la Policía información sobre las cuentas del exconseller de Gobernación y exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano; el contratista a quien le adjudicó trabajos José Miguel Pérez Taroncher y el exteniente de alcalde de Quartell, Emilio Máñez, y sus respectivas familias dentro de la investigación de la 'Operación Concertación'.
En esta causa sobre la denominada 'trama del fuego' se investiga un presunto amaño de contratos públicos relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales. Hay imputadas al menos 30 personas, en relación con los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad en documentos públicos y alteración de precio de concurso.
El juez adoptó esta decisión en un auto de finales de noviembre tras la petición de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía, que le solicitó poder acceder a estos datos con el objetivo de comprobar la declaración del testigo Francisco Alandí, que fue gerente de una de las empresas investigadas, Avialsa, ofrecida tanto en la denuncia original ante Fiscalía como en posteriores ampliaciones por la comisión de posibles delitos de cohecho en la Comunitat Valenciana y en Catalunya por personas no investigadas en la causa en ese momento.
La Policía consideraba “imprescindible” el “abordaje de la obtención de pruebas e indicios suficientes, la obtención inicial de información” que obrara en la Agencia Tributaria “de la que se puede desprender las fuentes de ingresos declaradas por los investigados, merced a su confrontación con la realidad financiera” facilitada por las entidades bancarias para detectar la existencia de “ingresos atípicos, propios de los ilícitos investigados”.
El juez accedió a la petición “al existir indicios racionales de criminalidad de la participación de los mismos” en los hechos investigados, y con el fin de esclarecer “la posible existencia de un blanqueo de capitales, vistos los movimientos bancarios, contrataciones bancarias y/o movimientos bancarios con los declarados ante la AEAT”, sin perjuicio de que se tratara de personas que ya hubieran declarado en la causa como de otras sobre las que procede ser investigadas.
Así, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha acordado requerir, a través de la Policía, a 13 entidades bancaias para que faciliten información de Pérez Taroncher, su mujer y dos dos hijos; Castellano y su esposa; Emilio Máñez, su pareja y sus hijos y otras seis personas más, entre ellas, el alto cargo de Bombers de la Generalitat, Ramón Dinarés; Javier Hidalgo, hijo del que fuera director general de Interior e investigado en el caso, Pedro Hidalgo, —a quien consta como supuesta dádiva un Touareg—; el alcalde de Quartell, Francisco Huguet o el exjefe de Aviación Civil Salvador Alepuz.
El instructor ha reclamado también información de 13 empresas o personas jurídicas relacionadas con los hechos, entre ellas, Construcciones Taroncher y Asociados, respecto de las cuentas en las que aparezcan como titulares o autorizados así como otras personas o sociedades titulares o autorizados, que compartan cuentas con aquellas desde el año 2005.
Datos socilitados
Los datos solicitados son la apertura de la cuenta; los extractos de los movimientos bancarios de las cuentas, total de abonos y cargos desde su apertura; fotocopia de las matrices por duplicados de los cheques librados por la entidad, de cualquier cantidad, a petición de las personas que se quiere investigar y fotocopia del anverso y reverso de los chueques que hayan librado por cuantía superior a 3.000 euros abonados a estas personas, así como cualquier otra ifnromación sobre depósitos, valores, cajas de seguridad, títulos, acciones y productos financieros.
Asimismo, acuerda expedir un oficio dirigido a la AEAT para que facilite información de varias de estas personas físicas y de las sociedades, entre ellas, declaración anual de IRPF, ingresos y gastos, hipotecas, administradores y socios oo porcentajes de participaciones sociales o moviimeintos de efectivos y transmisiones patrimoniales.
