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La investigación a Ribera Salud allana el camino para rescatar tres hospitales privatizados valencianos

Hospital de La Ribera de Alzira (Valencia), primer caso de sanidad público-privada de España

Carlos Navarro Castelló

València —

La recuperación para la sanidad pública de los hopitales de gestión privada es una de las principales apuestas del Consell que preside Ximo Puig, tal y como quedó plasmado en el Pacto del Botànico.

En este sentido, la  investigación judicial abierta por el presunto cobro de comisiones ilegales por la compra de prótesis pagadas con dinero público a Ribera Salud, empresa que gestiona los centros de Alzira, Torrevieja y Elche, puede allanar el camino para lograrlo antes de que acaben las concesiones.

Aunque las pesquisas se han iniciado en los últimos meses, la investigación puede alargarse en el tiempo al menos 18 más, después de que el juzgado haya declarado la causa compleja.

Si bien es probable que el Consell rescate para el sistema público el hospital de Alzira, cuya concesión caduca en 2018, antes de que finalice el proceso judicial, no es menos cierto que en función de cómo concluya el proceso podría adelantarse la recuperación de los centros hospitalarios de Torrevieja, cuyo contrato de gestión vence en 2021, y de Elche, que finaliza en 2025.

Los portavoces de los partidos que gobiernan la Generalitat (PSPV-PSOE y Compromís) consideran que a raíz de esta investigación se puede abrir un expediente sancionador a la empresa e incluso rescindir la concesión.

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ya ha manifestado que va a llegar hasta el final para esclarecer el caso, pero que hay que ir paso a paso.

De momento, Sanidad ha hecho un requerimiento a Ribera Salud para que le remita toda la información sobre su relación con la empresa B2B (su central de compras), como los contratos, la financiación o el plan financiero.

Fuentes de Sanidad han informado de que este mismo viernes han remitido al juzgado el informe solicitado en mayo, lo que determinará los posibles delitos cometidos, así como sus responsables.

Así, la Fiscalía ya ha pedido la imputación de Alberto de Rosa y Pablo Gallart, los administradores de B2B.

Los informes que maneja la investigación apuntan a que en 2015 podrían haberse cobrado comisiones de hasta del 23% en marcapasos, que habrían reportado más de 96.000 euros de un solo proveedor, y hasta del 30% en prótesis de rodilla y cadera, que habrían supuesto comisiones de 44.000, 50.000 e incluso 70.000 euros, según los proveedores.

Por su parte, Ribera Salud emitió en su momento un comunicado en el que niega la información publicada y explica que B2B Salud, creada en 2009, no solo es la central de compras del grupo Ribera Salud, sino también de servicios compartidos, logística y consultoría.

Señala que el beneficio declarado en 2015 por B2B después de impuestos fue de 1.289.027 euros, un beneficio que responde “a las mejores condiciones en la negociación”.

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