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Juzgan al jefe de Recursos Humanos de Benidorm por pasar respuestas de una oposición a un agente de la Policía Local

Un agente de la Policía Local de Benidorm.

Lucas Marco

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El jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Benidorm, exconcejal del PP, así como un agente de la Policía Local de la localidad alicantina, se enfrentan a una petición de pena de dos años de prisión por parte de la Fiscalía por los presuntos delitos de revelación de secretos por funcionario público y de utilización de información privilegiada, respectivamente. El jefe de Recursos Humanos, Lorenzo Medina, fue concejal del PP entre 2011 y 2015. Tras quedarse fuera en las municipales del 2015, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, lo nombró jefe de Recursos Humanos del consistorio.

La causa nació tras una denuncia de otro opositor ante la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), el organismo que dirige Joan Llinares, que denunció los hechos ante el Ministerio Fiscal del área de Benidorm.

Los hechos se remontan al 4 de octubre del 2018 cuando, según la acusación de la Fiscalía, el funcionario pasó la plantilla del examen con las respuestas correctas al agente de la Policía Local, que ocupaba una plaza provisional, según ha informado Ahora Marina Baixa.

Una vez que la AVA remitió el asunto a la Fiscalía, la investigación del organismo se interrumpió. En su memoria anual del 2018, Antifraude lamentaba que el Ayuntamiento de Benidorm, en manos del PP, remitió la documentación que se le había solicitado “de forma parcial y sesgada”. Además, el consistorio acusó al opositor que destapó la presunta irregularidad de denuncia falsa.

El proceso de selección tuvo que ser anulado a consecuencia de la supuesta filtración y el consistorio volvió a convocar a los 270 candidatos para repetir el examen de tipo test.

Antifraude también criticó que el Ayuntamiento de Benidorm no ha respetado las resoluciones de protección dictadas por la AVA. El estatuto de protección de los funcionarios que denuncian casos de corrupción o irregularidades permite a la agencia blindar a sus whistleblowers (alertadores). El incumplimiento de la protección vulnera, según Antifraude, la ley de creación de la agencia.

El Ayuntamiento de Benidorm no ha contestado las preguntas de este diario.

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