Los archivos de la represión franquista, a 360 kilómetros de València: la Generalitat digitalizará los sumarios depositados en Madrid

Los sumarios militares contra toda una generación de valencianos malograda por la terrible represión franquista al acabar la Guerra Civil se encuentran a 360 kilómetros de distancia de la capital del Turia. Los historiadores y los descendientes de las víctimas del terror de la dictadura en Alicante y València se ven obligados hoy en día a trasladarse al Archivo General Militar de Madrid para consultar los sumarios de la justicia militar que condenaron a miles de republicanos en la tenebrosa posguerra española. Los fondos, en algunos casos de consulta restringida por el mal estado en que quedaron a consecuencia de la riuà de 1957, fueron trasladados hace más de una década a Madrid e incluyen los sumarios de juzgados militares de Alicante y de la Auditoría de Guerra de València (los sumarios correspondientes a Castelló, gracias a la labor del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, fueron digitalizados hace años y están disponibles para aquellos investigadores o familiares que los soliciten).  

La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática que dirige Rosa Pérez Garijo prepara la digitalización de esos fondos, imprescindibles para el avance de las investigaciones académicas, con la vista puesta en la creación de un censo digital de las víctimas valencianas de la represión franquista que incluya la documentación asociada que se encuentra dispersa en diversos archivos estatales, como el militar de Madrid o el de Ávila. Así, la consellera Rosa Pérez solicitó el pasado 12 de febrero una reunión con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no se ha podido llevar a cabo de momento por la crisis sanitaria de la pandemia de la COVID-19. Paralelamente, los responsables valencianos de memoria democrática se reunirán la próxima semana con sus homólogos del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática para tratar la problemática del acceso a estos archivos.

Un informe del Aula d'Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València, ya denunciaba hace cuatro años que los valiosos fondos “todavía se encuentran sin restaurar y en muchos casos debe admitirse que seguramente serán irreparables”, tal como informó este diario. Los investigadores agrupados en la entidad universitaria pedían al gobierno autonómico de Ximo Puig que solicitara oficialmente al Ministerio de Defensa, titular de la documentación, la “correcta conservación, catalogación, digitalización y devolución de estos fondos a Valencia”. 

El ministerio, según un breve informe sobre los archivos de los “juzgados militares formados en el País Valenciano” al que ha tenido acceso este diario, “toma iniciativas para facilitar este acceso” y recuerda que “recientemente también se ha agilizado el sistema de reprografía digital sirviendo las reproducciones de forma exclusivamente digital” previo pago de las tarifas. 

Los investigadores del Aula d'Història i Memòria Democràtica señalan en el informe que el fondo fue trasladado a Madrid en 2009 “después de varias décadas en las que sufrió catástrofes naturales y malas condiciones de conservación en instalaciones de diverso tipo”. “A ello se unieron traslados e incluso manipulaciones indebidas que contribuyeron a su actual estado y desorganización del fondo”, añade. Su localización en la capital dificulta el acceso a los sumarios de historiadores y familiares que deben trasladarse al archivo de Defensa cuyo horario de la sala de investigadores donde se realizan las consultas es limitado (de 9 a 13h30).

La Generalitat Valenciana trabaja con la vista puesta en la colaboración, mediante convenios, con las universidades públicas valencianas y con asociaciones memorialísticas, para llevar a cabo la digitalización de los fondos o incluso la recuperación y el retorno a su lugar de origen. El objetivo, según las fuentes consultadas, es crear el censo digital a lo largo de la legislatura en coordinación con otros departamentos autonómicos como la dirección general de Cultura y Patrimonio de la que depende la gestión de los archivos públicos valencianos.