Otro fiasco del Plan Camps: Los impagos amenazan la reforma del Ayuntamiento
Los impagos del Plan Confianza, con C de Camps, amenazan con paralizar la reforma del Ayuntamiento de Valencia después de que la empresa encargada de las obras, Sacyr, haya advertido de que no seguirá trabajando sin cobrar durante mucho más tiempo.
Es el penúltimo contratiempo causado por el Plan Confianza, una réplica del Plan E impulsado por el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps en 2009, antes de ser ganar por mayoría absoluta las elecciones autonómicas de 2011 y de ser defenestrado por su relación con la cúpula de la trama Gürtel.
El Plan Confianza era sencillo: invertir 1.020 millones de euros en dos años –hasta 2010- en obras seleccionadas por los ayuntamientos. Se pretendía reactivar la actividad en un momento de recesión y brutal destrucción de empleo y mejorar las infraestructuras.
El proyecto era “tan importante como la inminente llegada del AVE para la recuperación económica de España”, llegó a decir Camps entre los aplausos de su partido, que antes había criticado con dureza el Plan E del gobierno de España, al que consideraba poco más que enterrar dinero público en obras menores –rotondas, aceras- con fines electoralistas.
Casi cinco años después de su anuncio, el Plan Confianza es un fiasco. Sigue sin acabarse –el actual Consell prolonga hasta fin de legislatura las inversiones que se deberían haber acabado en 2010- y, por supuesto, sin pagarse en su totalidad. Con la administración autonómica quebrada, gran parte de las obras se han abonado con cargo a los fondos extraordinarios aportados por el gobierno central vía los planes de pago a proveedores.
Sencillamente, Camps impulsó un proyecto para el que no tenía dinero. Buena prueba de ello es que muchas de las obras que fomentó están o han estado paradas, casos, sin ánimo de ser exhaustivos, de un museo en Torrevieja, un centro municipal en Benidorm o la urbanización de zonas del barrio de Russafa, en Valencia.
A la alcaldesa de la capital, sin embargo, los impagos –y un eventual parón en la reforma del consistorio- no la pillarían desprevenida. Conocedora, ya en 2009, de la asfixia económica de la Generalitat, Rita Barberá supeditó todas las obras del plan a que los pagos fueran hechos directamente por la Generalitat. No tenía mucha confianza, y acertó.
