La precariedad en la Justicia: una línea de teléfono para diez fiscales en Alicante y sin poder llamar al extranjero
La situación de la justicia española es más que precaria y no solo en cuanto a su dotación de medios personales y su politización, que ha motivado este lunes una huelga de jueces y fiscales. Algunos juzgados adolecen de los medios materiales más básicos que dificultan las investigaciones y la tramitación de expedientes. Es el caso de la Fiscalía de Alicante, donde hasta diez fiscales comparten una sola línea telefónica, según denuncia el Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana en la memoria de 2017 que presenta este martes en el Parlamento valenciano.
“Siguen faltando líneas telefónicas; en la sede de Benalúa [sede Fiscalía Alicante] diez Fiscales comparten una sola. Lo mismo ocurre con ocho funcionarios. Otras no pueden conectar con teléfonos de fuera de Fiscalía”, explica el Fiscal Superior en su memoria. Aunque no es la única queja respecto al acceso a un servicio básico como el telefónico. “A la Fiscal Delegada de Cooperación Internacional se le dotó de un teléfono móvil para poder cursar y atender llamadas con las autoridades extranjeras, dado que se carecía de línea telefónica fija externa (para llamar al extranjero), debiendo pasar por la centralita y sólo a horas laborables de la persona destinada en ella”, denuncia el Ministerio Público.
En la Fiscalía también critican la falta de medios en casos tan sensibles como la corrupción política. “En las investigaciones que surgen desde la Sección de Delitos Económicos y la Fiscalía Anticorrupción y que afectan a delitos cometidos en el ámbito de la Generalitat valenciana, resulta necesario contar con las periciales económico financieras que realiza el órgano fiscalizador que es la Intervención General de la Generalitat, ya que no existe una unidad adscrita para la elaboración de estos informes”, apunta. Pero la administración no le ha puesto solución, según la Memoria: “Están surgiendo problemas a la hora de contar con estas periciales por que no se ha desarrollado con la dotación de personal a la Intervención General del personal necesario para afrontar con garantías la elaboración de las mismas”.
Volviendo a los juzgados de Alicante, la Memoria de 2017 que este martes se presentará ante los diputados revela deficiencias en edificios que no superarían una mínima inspección de trabajo. “La sede de la Fiscalía de los Juzgados de la capital (llamada de Benalúa) sigue en estado deplorable e inseguro; está pendiente de reforma y la precisa con urgencia, pues en ella se acumulan los expedientes, no funcionan apenas el aire acondicionado y la calefacción (lo que se acusa principalmente en el despacho que comparten el Fiscal y el funcionario adscrito de guardia), y se ha denunciado varias veces el peligro que supone el acceso por una escalera estrecha por los funcionarios cargados de expedientes (no hay ascensor)”.
La Memoria prosigue que, el edificio, “sigue sin cumplir los requisitos establecidos, ni para el trabajo diario, ni de seguridad, no dispone de salida de incendios, ni acceso para personas con movilidad reducida y en cuanto a las carencias del mobiliario, a pesar de las reiteradas peticiones, muchos expedientes y papeles deben quedar en el suelo”. A una empresa privada, esta situación le costaría miles de euros en multas de la administración.
El informe, de más de 160 páginas, también hace públicos los procedimientos iniciados por el Ministerio Público en la Comunitat Valenciana en 2017. Llama la atención el incremento de los delitos de tortura y otros delitos contra la integridad moral cometidos por autoridad o funcionario público. “En la Comunidad Valenciana, en el año 2017, se incoaron 61 diligencias por delitos de torturas y contra la integridad moral; mientras que en el año 2016 fueron 49, con un incremento del 24,5 5 %”. Y concreta: “Se corresponden con 26 por trato degradante, 9 por torturas, 2 contra la integridad moral por autoridad o funcionario, 20 por acoso laboral y 4 por acoso inmobiliario”.
