La otra huelga de la industria es en Sagunt

Alarma ante una eventual deslocalización

Una huelga y una multitudinaria protesta ciudadana en Sagunt contra más de un centenar de despidos en Pilkington-NSG

Las huelgas y protestas por despidos y cierres de empresas del metal jalonan el calendario desde hace meses en Galicia y Andalucía. En Cádiz, los incidentes entre piquetes de huelguistas y policías alcanzaron protagonismo en los informativos. El conflicto entre los sindicatos y la patronal sobre el convenio colectivo iba más allá de una subida puntual de salarios. Finalmente, hubo acuerdo entre la patronal y los sindicatos. El malestar que ahora ha estallado en Andalucía viene de lejos. Tanto como el de los trabajadores de Alcoa en Lugo alrededor de la venta de su factoría y el futuro de más de medio millar de empleos. La ministra de Industria, Reyes Maroto, dio de plazo a la multinacional norteamericana hasta final de año para resolver la situación de la planta en Galicia.

También en la Comunidad Valenciana ha habido estos días un conflicto laboral abierto en el sector industrial. Tuvo su momento más llamativo en la manifestación que recorrió las calles de Sagunt y en la que participaron varios miles de personas para protestar contra el despido de 116 trabajadores de la factoría de Pilkington-NSG. “La decisión que ha tomado la multinacional es desplazar la producción a otros países”, advirtieron los sindicatos CCOO, UGT y CGT, convocantes de la huelga en esa empresa de componentes de automoción, de la que dependen unos 400 empleos en la comarca del Camp de Morvedre.

El alcalde saguntino, el socialista Darío Moreno, participó en la manifestación junto a su padre, que fue sindicalista en la empresa y ya está jubilado. Moreno expresó su compromiso con la lucha de los trabajadores de Pilkington en una comarca de gran historia obrera castigada por la desindustrialización. “Vamos a luchar hasta el final”, dijo. El final parecía ser la marcha atrás de la empresa en el expediente de regulación de empleo (ERE) y el mantenimiento de la línea de producción que pretendía cerrar. Un acuerdo con los sindicatos que, sin embargo, los trabajadores reunidos en asamblea rechazaron, recelosos de las intenciones de la dirección. No será el último conflicto laboral en la industria valenciana.

Medida de prudencia y presión sobre los no vacunados

Pasaporte COVID para entrar en discotecas, restaurantes y residencias de mayores

El repunte de contagios, aunque se traduzca en mucho menor grado en la hospitalización de enfermos de coronavirus gracias a la masiva inmunización, ha llevado a varias comunidades a plantear la exigencia del denominado pasaporte COVID para acceder a locales de ocio y restauración. Las resoluciones judiciales, una vez más, como ha ocurrido en otras fases de la pandemia en España, han sido llamativamente distintas en unos tribunales y en otros a la hora de dar luz verde o no a la medida.

La Generalitat Valenciana, en su mesa interdepartamental, ha optado por solicitar permiso al TSJ para la aplicación del certificado de estar vacunado o haber pasado la enfermedad en el acceso a restaurantes y bares con aforos de más de 50 personas, discotecas y locales de ocio nocturno y también para entrar a las residencias de mayores. Se trata de presionar a los no vacunados, que son una minoría pero también un problema ante la circulación del coronavirus, para que se inoculen. “No existe el derecho a contagiar a los demás, ni el derecho a saturar los hospitales”, indicó el presidente Ximo Puig, que llamó a la prudencia de la población en general en las próximas fiestas de Navidad.

Una enmienda que causa polémica

El Pacto del Botánico se arma un lío sobre cómo prevenir la violencia en el parto

El anuncio de que los partidos del Pacto del Botánico, en el Gobierno valenciano, habían presentado una enmienda a la ley de acompañamiento de los Presupuestos para introducir la denominada violencia obstétrica entre las prácticas a combatir desde la ley contra la violencia machista desencadenó una polémica a propósito de su definición y la pertinencia de su tratamiento legal. Dos médicas ginecólogas responsables de las comisiones de prevención de la violencia machista en sus hospitales dimitieron de esos cargos en protesta por incluir las malas prácticas entre los supuestos de violencia machista. A su vez, en el seno de la coalición de gobierno, se hizo evidente que no se había debatido el asunto suficientemente, al surgir discrepancias entre el PSPV y Compromís, que había promovido la enmienda, asumida también por Unides Podem.

El hecho es que no se había hablado con los colectivos médicos afectados, ni se había revisado cómo se ha tratado en otras legislaciones el problema de garantizar que se respete la voluntad de las mujeres siempre que no choque con los criterios médicos y que sean adecuadamente informadas de las prácticas y tratamientos ginecológicos de los que sean objeto. La forma en la que se plasmó la referencia a la violencia obstétrica en Catalunya ha servido de referencia para tratar de encauzar el hecho de que, como explicaba Laura Martínez en su crónica, los partidos del Pacto del Botánico abogan por blindar el consentimiento informado de las pacientes y garantizar sus preferencias durante el parto.

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Radares y drones contra patinetes

Los patinetes han pasado a formar parte del paisaje de la movilidad en la ciudad. Su irrupción se expresa también en forma de accidentes, más de 470 en lo que va de año en la ciudad de València. La Policía Local ha impulsado una campaña para controlar la velocidad a la que circulan y los niveles de alcohol de sus usuarios. Para hacer efectivos los controles se usan radares y drones.

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