El Parlamento valenciano reclama al Gobierno un estudio sobre el efecto capitalidad de Madrid

El Parlamento valenciano reclama al Gobierno de España que impulse un proceso de racionalización en la distribución de las estructuras del Estado. PSPV, Compromís y Unides Podem aprueban este jueves una Proposición no de Ley que insta al Gobierno central a “impulsar un proceso de descentralización de instituciones u organismos del Estado que se trasladen equilibradamente a cada autonomía según las características de cada territorio” y avanzar en las transferencias de competencias a las comunidades autónomas.

La mayoría progresista de las Corts Valencianes quiere que el Gobierno inicie un estudio del efecto capitalidad de Madrid sobre el resto de España. El informe, indica la proposición no de ley, debe incluir “la comparativa detallada que produce el dumping fiscal entre comunidades autónomas y las consecuencias del privilegio y consecuente desigualdad del efecto capitalidad para las empresas en España”. Los grupos parlamentarios quieren contar con datos sobre el impacto de los funcionarios públicos que trabajan en los organismos estatales en el Producto Interior Bruto de cada comunidad, además de la distribución de las masas salariales, para determinar si existe un beneficio añadido para aquellos territorios que concentran a los altos funcionarios del Estado. Por último, piden que se estudien procesos descentralizadores como el de la República Alemana, con una comparativa entre la distribución de las instituciones estatales en España y países con un modelo de estado similar.

Los partidos del Pacto del Botánico afirman que la crisis sanitaria ha puesto en valor la colaboración ciudadana y entre territorios. En un momento de reconstrucción social y económica, los partidos firmantes indican que “es la oportunidad para apostar por una mayor cohesión territorial y conseguir que España sea un territorio mucho más fuerte”. En ese proceso, consideran que debe fomentarse “que todas las autonomías participen de las grandes políticas del país y se sientan parte de la administración central, siendo el ejemplo y el inicio de esta nueva era el traslado de las sedes de organismos estatales a diferentes autonomías”.

El texto expone que desde la construcción del Estado Autonómico se ha asistido a un proceso de concentración de instituciones, organismos y, por ende, riqueza, en Madrid, una región que dados estos beneficios estructurales puede permitirse una política fiscal que bonifica los impuestos a las rentas altas, con la consiguiente merma de recaudación. En otras palabras: que el Gobierno central, el Estado, ya favorece su crecimiento por defecto. La ubicación de centros de decisión atrae empresas y actividades de alto valor añadido, generando redes de influencia y empleo cualificado, que ejercerían como efecto tractor del desarrollo en los diversos territorios, recoge la resolución.

Ya en julio el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, reclamó en un foro en Madrid que compense su efecto de capitalidad y el dumping fiscal con un impuesto a las rentas más elevadas. El dirigente socialista consideró que el centralismo del Estado es “ineficiente” e insolidario, apuntó que la Comunidad de Madrid tiene más funcionarios públicos que afiliados a la Seguridad Social en otras provincias y criticó que el modelo radial de infraestructuras resulta poco “racional”, invitando a los asistentes a reflexionar sobre un modelo de Estado más justo.